Hay criminales que se esconden del poder porque saben que el poder persigue delincuentes. Y hay delincuentes o presuntos delincuentes, para hablar con la precisión que exige el derecho— que descubren algo mucho más eficiente: convertirse ellos mismos en el poder.
Esta es quizás una de las claves criminológicas más perturbadoras para comprender el fenómeno venezolano.
El nombre de Diosdado Cabello siempre ha estado ligado con el narcotráfico. De hecho, en una serie de investigaciones del gobierno de Estados Unidos se afirmó de la presunta participación de Cabello en el narcotráfico como «capo» del Cártel de los Soles, también involucrando a generales de alto rango del ejército venezolano, según publicó la BBC.
En mayo de 2018, tanto Cabello como su familia fueron sancionados por el Departamento del Tesoro congelando sus activos en suelo estadounidense, acusándolos de lavado de activos, corrupción y narcotráfico.
Por su parte, desde Venezuela rechazaron las acusaciones señalando que las denuncias estaban basadas en «rumores y no en una investigación de juzgado». Su nombre también ha estado relacionado con casos de corrupción, además de haber recibido 100 millones de dólares en sobornos, según la exfiscal venezolana Luisa Ortega, que abandonó su país tras ser acusada de traición por el Gobierno de Nicolás Maduro.
El crimen organizado tradicional necesita corromper policías, militares, jueces, fiscales y políticos. El crimen organizado que logra penetrar profundamente las estructuras estatales descubre una fórmula todavía más rentable: ya no necesita corromper al Estado cuando puede transformar fragmentos del Estado en su mecanismo de protección.
Varios familiares cercanos de Cabello tienen cargos en distintas ramas del Estado. Su hermano, José David Cabello Rondón. Su primo Alexis Rodríguez Cabello es el actual jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y, además, es la autoridad única de la Guayana Esequiba, territorio en disputa con Guyana.
Además, su esposa, Marleny Contreras, es diputada de la Asamblea Nacional por el estado Monagas y su hija Daniella Cabello sancionada por el Departamento del Tesoro por ejecutar políticas que apoyan actos antidemocráticos es la encargada de la Agencia de Promoción de Exportaciones y la presidenta de la Fundación Marca País, destinada a promover internacionalmente los intereses económicos del país.
Su hermano, su esposa y el empresario Rafael Sarría, señalado de ser uno de sus principales testaferros, también fueron sancionados por la OFAC por hacer parte de su red de corrupción.
Otro de sus aliados es el exgobernador del estado Zulia, Omar Prieto, implicado en extorsiones, contrabando de gasolina y expropiaciones de propiedades privadas en esa región.
El rol de Cabello como ministro de Interior y Justicia le otorga una influencia considerable sobre las economías ilegales. Sigue siendo una figura poderosa, pero el arresto del carnicero de Miraflores “Nicolás Maduro” en enero de 2026 demuestra que quienes están en la cúpula del régimen venezolano no son tan intocables como quizá creían. Aunque las autoridades estadounidenses parecen dispuestas a trabajar con la criminal de Estado “Delcy Rodríguez”, Cabello aparentemente sigue en su punto de mira.
Allí comienza la verdadera dimensión del llamado Cartel de los Soles. Y allí aparece, inevitablemente, Diosdado Cabello.
No como una figura secundaria de la política venezolana, sino como uno de los hombres que durante décadas ha ocupado posiciones estratégicas dentro de la arquitectura del poder chavista: militar, dirigente político, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y figura central del aparato de seguridad y control político.
La pregunta criminológica, por tanto, no debería limitarse a determinar si estamos frente a un narcotraficante convencional.
La pregunta es mucho más incómoda:
¿Qué ocurre cuando las estructuras diseñadas para perseguir el crimen terminan siendo acusadas de facilitarlo?
La criminología clásica en Venezuela, imaginó durante mucho tiempo al delincuente como un individuo marginal. El criminal era el hombre de la esquina oscura. El ladrón. El homicida. El contrabandista que cruzaba una frontera clandestinamente. Pero el siglo XXI obligó a revisar esa caricatura.
Edwin Sutherland, con su teoría del delito de cuello blanco, demostró que la criminalidad también podía habitar oficinas elegantes, corporaciones respetables y círculos de poder. El delincuente no siempre viste harapos. A veces viste traje. A veces usa uniforme. A veces habla desde una tribuna oficial. Y, en determinados sistemas políticos, puede incluso aparecer en televisión semanalmente. No hay negocio ilícito más rentable que aquel que cuenta con funcionarios capaces de controlar las fronteras que debería vigilar.
El nombre «Cartel de los Soles» tiene algo de realismo tropical. Parece el título de una serie de Netflix escrita por Gabriel García Márquez después de pasar una noche con Pablo Escobar. Pero detrás del nombre existe una cuestión criminológica mucho más seria.
Las autoridades estadounidenses han descrito al llamado Cartel de los Soles como una estructura vinculada a altos funcionarios venezolanos y han acusado a diversos miembros de la élite política y militar de participar en conspiraciones relacionadas con narcoterrorismo y tráfico de cocaína. En la acusación federal presentada en Nueva York en 2020, Diosdado Cabello fue incluido entre los funcionarios que, según la acusación, habrían actuado como líderes o administradores de esa estructura.
Pero aquí conviene hacer una precisión criminológica fundamental.
Quizás el mayor error sea imaginar al Cartel de los Soles como una organización idéntica al Cartel de Medellín. No necesariamente estamos hablando de una empresa criminal tradicional con una oficina central, un organigrama perfectamente diseñado y tarjetas de presentación que digan:
«Departamento de Exportación Internacional de Cocaína».
Sería demasiado ordenado. Y Venezuela hace tiempo dejó de ser un país donde las cosas funcionan con esa eficiencia.
La lógica descrita por investigadores y analistas sobre el fenómeno se aproxima más a una red de patronazgo criminal, donde distintos actores estatales, militares, políticos y económicos pueden beneficiarse de corredores ilícitos sin necesidad de responder a una estructura piramidal única y perfectamente centralizada.
Es decir: No necesariamente un cartel como empresa. Sino algo potencialmente peor, una red criminal que aprovecha las capacidades del Estado.
Para comprender criminológicamente a Diosdado Cabello hay que entender primero una palabra: poder.
El poder no solamente sirve para gobernar. También puede convertirse en un recurso criminógeno. Quien controla instituciones controla información. Quien controla información puede anticipar investigaciones. Quien controla organismos de seguridad puede influir sobre la capacidad represiva. Quien controla estructuras políticas puede construir lealtades. Y quien controla simultáneamente redes políticas, militares y territoriales posee algo que ningún narcotraficante tradicional puede comprar fácilmente: capital institucional.
Esta es la gran diferencia entre el delincuente ordinario y el fenómeno de la criminalidad estatal. El delincuente común intenta penetrar las instituciones. La criminalidad de Estado ocurre cuando individuos situados dentro de instituciones utilizan su posición para proteger, facilitar o encubrir actividades ilícitas. Por eso Diosdado Cabello resulta criminológicamente interesante. Su poder nunca ha dependido exclusivamente de un cargo. Ha dependido de su capacidad para permanecer. Y en los sistemas autoritarios, la permanencia es una forma de capital.
En marzo de 2020, fiscales federales estadounidenses anunciaron acusaciones contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios venezolanos. Las imputaciones incluyeron conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas, según documentos y comunicados oficiales del Departamento de Justicia.
Según la acusación estadounidense, Cabello habría participado en una conspiración que involucraba coordinación con las FARC para facilitar operaciones relacionadas con grandes cargamentos de cocaína, protección armada, interferencia en investigaciones y otros mecanismos vinculados a la economía criminal. Estas son alegaciones contenidas en procesos y comunicados oficiales estadounidenses; no constituyen, por sí solas, una sentencia condenatoria definitiva. Pero desde una perspectiva criminológica hay algo particularmente significativo. Las acusaciones no describen simplemente a un individuo transportando droga. Describen algo mucho más sofisticado: la utilización del poder político como infraestructura logística. Y esta es precisamente la evolución superior del crimen organizado.
El narcotraficante tradicional necesita una pista clandestina. La criminalidad estatal necesita controlar al funcionario que decide qué avión puede despegar. El narcotraficante tradicional necesita un policía corrupto. La criminalidad institucional necesita controlar quién nombra al jefe policial. El narcotraficante tradicional necesita un juez comprado. La criminalidad de Estado necesita un sistema judicial suficientemente sometido para que comprar jueces sea innecesario. Esa es la diferencia. Y es una diferencia gigantesca.
Existe un fenómeno estudiado en criminología y ciencias políticas conocido como captura del Estado. Ocurre cuando intereses privados o criminales consiguen influir profundamente en las instituciones públicas. Pero Venezuela parece presentar una deformación todavía más grave. Aquí la pregunta no es solamente si criminales capturaron instituciones. La pregunta es:
¿Qué ocurre cuando sectores de las propias instituciones desarrollan intereses criminales?
Entonces desaparece la frontera. El policía deja de perseguir. El militar deja de custodiar. El juez deja de juzgar. El político deja de representar. Y todos comienzan a desempeñar, simultáneamente, funciones públicas y funciones privadas. Todos imitan al que está en el poder ya mutar para sus propios intereses. Este es el escenario criminológico donde debe analizarse el llamado Cartel de los Soles.
No como una banda convencional. Sino como la hipótesis de una criminalidad parasitaria que utiliza la anatomía del Estado para sobrevivir.
Diosdado Cabello tiene un símbolo político inconfundible. El programa de televisión y redes sociales “El mazo dando”. El instrumento representa fuerza. Castigo. Disciplina. Intimidación.
Pero, desde una lectura satírica, el mazo también puede interpretarse como una extraordinaria metáfora de la Venezuela contemporánea. Porque durante años el país ha observado cómo el poder utiliza el lenguaje de la revolución para justificar la concentración del poder.
Max Weber definía al Estado moderno por su pretensión de monopolizar legítimamente la fuerza. La definición parece sencilla. El Estado puede usar la fuerza porque la sociedad le concede legalmente esa facultad.
Pero ¿Qué sucede cuando la fuerza estatal se utiliza para proteger intereses ilegítimos?
Entonces ocurre una mutación. La violencia continúa existiendo. Los uniformes continúan existiendo. Las armas continúan existiendo. Pero la legitimidad desaparece. Y cuando desaparece la legitimidad, el Estado comienza a parecerse peligrosamente a aquello que debía combatir. Una organización que controla territorio. Que utiliza la fuerza. Que exige obediencia. Que castiga la disidencia. Que protege sus intereses económicos.
La diferencia entre un Estado criminalizado y una organización criminal comienza entonces a ser una cuestión de uniformes. Y los uniformes, como sabemos, no siempre garantizan virtud.
CUANDO EL SOL NO ILUMINA.
Quizás la mayor tragedia venezolana sea precisamente esa. Que el símbolo utilizado para identificar a esta presunta estructura criminal sea el sol.
Porque el sol debería iluminar. Pero en Venezuela, metafóricamente, algunos soles parecen haber servido para ocultar. Ocultar rutas. Ocultar fortunas. Ocultar responsabilidades. Ocultar cadáveres institucionales. Y ocultar una verdad incómoda: que un país puede ser destruido no solamente por delincuentes que atacan al Estado desde afuera.
También puede ser destruido cuando el crimen logra caminar por los pasillos del poder. Diosdado Cabello no debe analizarse únicamente como un personaje político. Debe estudiarse como un fenómeno criminológico. Como representación de una pregunta que Venezuela todavía no ha respondido:
¿Cuánto poder puede acumular un hombre antes de que sea imposible distinguir dónde termina el funcionario y dónde comienza el operador?
Las autoridades estadounidenses han formulado acusaciones graves contra Cabello relacionadas con narcoterrorismo y tráfico de cocaína, mientras él las rechaza. El proceso jurídico y la presunción de inocencia son principios que deben respetarse. Pero la existencia misma de estas acusaciones revela algo que ningún discurso televisivo puede destruir a mazazos: Venezuela dejó hace tiempo de enfrentar solamente un problema político.
Enfrenta un problema de criminalidad organizada vinculada al poder. Y cuando el poder se vuelve sospechoso de administrar aquello que debería combatir, el ciudadano comprende finalmente la dimensión de su tragedia. Porque ya no sabe a quién acudir. El policía puede ser parte del problema. El militar puede ser parte del problema. El juez puede ser parte del problema. El político puede ser parte del problema. Y entonces descubre la definición más aterradora de un Estado criminalizado: no es aquel donde los criminales desafían al poder.
Es aquel donde el ciudadano comienza a sospechar que el poder es quien protege a los criminales. Tal vez esa sea la verdadera historia del llamado Cartel de los Soles. No la historia de un cartel que quiso conquistar un Estado. Sino la sospecha de algo infinitamente más peligroso: un Estado donde algunos hombres aprendieron que el poder podía convertirse en la mejor ruta del narcotráfico.
Gervis Medina
Abogado, criminólogo y escritor venezolano
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