La crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela se agudiza cada día, sumergiendo a la nación en una espiral que lastima profundamente a quienes la vivimos. Observamos con dolor cómo el territorio y nuestros recursos naturales se han convertido en piezas de un tablero geopolítico. La innegable apropiación de estas riquezas por parte de potencias extranjeras, facilitada abiertamente por quienes ejercen funciones de encargaduría en los poderes ejecutivo y legislativo, evidencia cómo el tutelaje impulsado desde Estados Unidos —bajo intereses políticos internos y cálculos electorales de término medio para la elección de su Congreso— utiliza la vulnerabilidad de nuestra nación. Crecer y buscar hegemonía a expensas de la expoliación de las riquezas de otro país jamás será un indicativo saludable para el futuro del mundo ni para la dignidad de un pueblo.
Esa voracidad extractivista no distingue colores partidistas; tanto el oficialismo como el interinato tutelado han demostrado compartir la misma visión mercantilista sobre la nación. Esto tiene una manifestación palpable y desgarradora en nuestra geografía. La reciente alerta emitida por la organización SOS Orinoco sobre la operación de una nueva mina ilegal de 5,8 hectáreas en el corazón del Parque Nacional Canaima no es solo una tragedia ecológica; es el síntoma de una enfermedad mucho más profunda que carcome los cimientos de la república. Esta herida abierta, que vierte sedimentos y mercurio hacia el embalse de Guri, amenazando directamente la columna vertebral de nuestro sistema eléctrico, es la materialización del despojo que ya habíamos advertido en reflexiones pasadas como «Ecocidio y soberanía» (2019) y «La tierra de todos el negocio de pocos» (2026).
Durante años hemos denunciado cómo el saqueo florece bajo la mirada complaciente de las autoridades. Ayer, nuestros espacios naturales y riquezas fueron hipotecados a la influencia de Cuba, Rusia, Irán y grupos irregulares. Hoy, la historia se repite bajo nuevos tutelajes, manteniendo intacta la estructura de sumisión. La inaudita entrega de más de 65.000 millones de reservas probadas de petróleo venezolano al gobierno de los Estados Unidos, comprometidas por un lapso de 100 años, es la prueba de que quienes han asumido liderazgos interinos actúan bajo un mandato que compromete la soberanía. Resulta condenable la actitud de aquellos actores políticos que aplauden esta pérdida, celebrando operaciones foráneas en nuestro suelo sin exigir rendición de cuentas.
Quienes en su momento advirtieron que los intereses extranjeros venían realmente por nuestros recursos naturales, fueron marginados y vilipendiados. Se les atacó con la intención de fulminarlos con el desprecio público. Este fue el caso de dirigentes como Claudio Fermín, quien expresó con absoluta certeza lo que hoy está aconteciendo a la vista de todos. Quienes alzaron su voz frente a este nuevo entreguismo sufrieron el mismo escarnio y la misma ceguera colectiva que en su época enfrentó el expresidente Carlos Andrés Pérez, al pronosticar con exactitud la debacle que traería consigo el arribo al poder del extinto Hugo Chávez. Lamentablemente, la inmediatez y el odio nublaron el raciocinio, empujando a buena parte del país hacia una ilusión que hoy se cobra en pérdida de territorio e independencia.
La perversión de este modelo es tan profunda que ha logrado fracturar incluso a nuestras comunidades aborígenes, empujando a algunos de sus miembros a participar en la destrucción de su propio hogar ancestral por pura supervivencia. Cuesta entender cómo se siguen tolerando las mismas irregularidades mientras algunos repiten por inercia la narrativa de que «el ganador se lleva el botín». Cambian las banderas, pero el despojo de la nación continúa, transformando a nuestra otrora república en un espacio donde el ciudadano venezolano es quien termina pagando las nefastas consecuencias del colapso de nuestros ecosistemas.
Ante esta realidad, no podemos guardar un silencio cómplice ni quedarnos en el lamento estéril. Para detener este ciclo destructivo y articular el progreso con respeto hacia nuestro hábitat, es imperativo establecer un Plan de Entendimiento Nacional que promueva una cooperación internacional sin sumisión. El aprovechamiento de nuestros recursos debe ser estrictamente ético y legal, garantizando que la preservación biocultural sea innegociable.
Pero este plan no puede ser una simple abstracción; requiere de una organización real y palpable de la sociedad civil. Es aquí donde urge consolidar y multiplicar los Espacios de Encuentro Ciudadano, plataformas de participación comunitaria donde la academia, los sectores productivos y los ciudadanos de a pie asuman el control de su destino y construyan soluciones al margen de la polarización. Recuperar Canaima, proteger el Guri y salvaguardar nuestro futuro pasa por entender que Venezuela es de los venezolanos. No podemos callarnos ante el abuso; a través de estos espacios cívicos seguiremos reclamando, con inquebrantable dignidad, nuestro derecho irrenunciable a ser un país verdaderamente libre y soberano.
Arturo Molina
@jarturomolina1
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