Secretario Nacional para Asuntos Fronterizos de Soluciones para Venezuela
La realidad que viven los tachirenses en nuestra frontera con Norte de Santander está cargada de problemas que ya no admiten más reuniones sin resultados. Durante años hemos oído hablar de integración, cooperación y acuerdos binacionales. Todo eso es necesario, pero una frontera no vive de declaraciones; vive de decisiones que lleguen a la gente. Los más de 17,2 millones de movimientos pendulares registrados por Migración Colombia entre enero y mayo de 2026 muestran la intensidad de una relación económica y humana que ningún gobierno puede desconocer. De ese total, más de 14,8 millones correspondieron a Norte de Santander.
Esa interdependencia también tiene consecuencias. Cuando el venezolano pierde capacidad de compra, el comerciante del otro lado de la frontera lo siente; al disminuir el movimiento, también pueden resentirse el transporte, los servicios y el turismo. En Cúcuta, comerciantes y gremios han reportado una menor llegada de compradores venezolanos y caídas en las ventas, aunque señalan que intervienen varios factores. No todo responde a una sola causa, pero hay una realidad que no podemos ignorar: cuando disminuye el poder adquisitivo de quienes diariamente participan en esta dinámica fronteriza, sus efectos terminan sintiéndose a ambos lados. Surge entonces uno de nuestros problemas centrales: el bolívar.
El salario mínimo legal permanece en 130 bolívares mensuales, monto establecido en marzo de 2022. Es necesario precisar que hablamos del salario mínimo base y no de bonos u otros componentes que puedan complementar el ingreso de los trabajadores. Aun hecha esa distinción, su deterioro resulta evidente. Al tipo de cambio oficial del 23 de septiembre de 2026, esos 130 bolívares representan aproximadamente 15 centavos de dólar. Su conversión a pesos colombianos muestra igualmente la pérdida extraordinaria de capacidad adquisitiva del salario base. No hace falta exagerar para entender lo que esto significa. El problema deja de ser una discusión entre economistas y se convierte en una pregunta de los ciudadanos: ¿cuánto vale el trabajo de una persona cuando su salario pierde de esa manera su capacidad de compra?
En Táchira, esta realidad adquiere una dimensión particular porque el peso colombiano tiene hoy un papel importante en la actividad económica, especialmente en los municipios fronterizos. Pero el peso no creó la crisis del bolívar; fue una alternativa ante una realidad que la propia dinámica fronteriza terminó imponiendo. Cuando una moneda pierde valor y otra ofrece mayores facilidades para determinadas operaciones, la población busca opciones. Es lo que ocurre con el trabajador que recibe bolívares, pero debe comprar productos valorados en pesos o dólares, con el pequeño comerciante que recibe distintas monedas y necesita calcular diariamente sus costos, o con la familia que cruza la frontera para trabajar, comprar o acceder a determinados servicios. Confundir la consecuencia con la causa desvía la discusión de lo verdaderamente importante: recuperar el valor de nuestra moneda.
Pero mientras el bolívar siga debilitándose, la frontera necesita reglas claras para manejar esta realidad. Y aquí surge una pregunta que lleva demasiado tiempo esperando respuesta: ¿por qué las casas de cambio siguen sin convertirse en una alternativa plenamente operativa para el ciudadano? Durante años se han anunciado avances y se ha reconocido su necesidad, pero la población continúa enfrentando múltiples referencias cambiarias y un mercado informal que ocupa el espacio dejado por la falta de una respuesta institucional suficientemente eficaz. No se trata de atribuir intenciones que no podamos demostrar, sino de pedir una explicación: ¿qué falta, desde el punto de vista institucional, regulatorio y operativo, para que las casas de cambio funcionen realmente en una frontera que las necesita?
Desde la Secretaría Nacional para Asuntos Fronterizos de Soluciones para Venezuela consideramos que la respuesta debe comenzar con una primera medida: establecer una mesa permanente de consulta y seguimiento para el eje Táchira-Norte de Santander. No otra instancia para acumular reuniones y fotografías, sino un espacio con agenda, responsables, plazos y seguimiento público. Allí deben participar el Gobierno nacional y el Banco Central de Venezuela, junto con las autoridades regionales y municipales, comerciantes, productores, transportistas, trabajadores, sector turismo, universidades y comunidades. Quienes viven la frontera tienen que ser escuchados cuando se diseñan políticas que afectan su vida diaria.
La segunda medida debe ser garantizar información cambiaria pública, clara y verificable. El ciudadano tiene derecho a conocer cuánto vale su dinero. El trabajador necesita saber qué representa realmente su ingreso; el comerciante requiere referencias confiables para calcular sus costos; y el consumidor debe poder comparar. Una referencia transparente no resolverá por sí sola las distorsiones existentes, pero puede reducir la incertidumbre, facilitar las operaciones económicas y limitar el espacio para la especulación.
La tercera medida es avanzar hacia casas de cambio legales, funcionales y capaces de operar bajo condiciones regulatorias adecuadas a la realidad fronteriza. No se trata simplemente de autorizar establecimientos para intercambiar billetes. Se necesita construir una infraestructura cambiaria formal, con reglas conocidas, supervisión, registro de operaciones y condiciones que le permitan ofrecer al ciudadano una alternativa real frente al mercado informal. Ante quienes plantean prohibir el uso del peso colombiano por las distorsiones que puede generar, debemos responder con sensatez: no podemos resolver una realidad económica prohibiendo la herramienta que buena parte de la población utiliza porque la necesita. El camino debe ser ordenar esa realidad mientras Venezuela recupera el valor de su moneda. Y para recuperar el valor de una moneda también hay que producir.
Por eso, la cuarta medida es producir para Venezuela y producir para exportar. Los datos del intercambio comercial muestran la magnitud del desequilibrio: entre enero y abril de 2026, Colombia exportó a Venezuela alrededor de 329 millones de dólares, mientras las importaciones colombianas provenientes de Venezuela se ubicaron en aproximadamente 32 millones de dólares. Es decir, por cada dólar que Colombia compró a Venezuela, le vendió más de diez. No podemos resignarnos a que nuestra frontera sea principalmente un espacio para comprar lo que otros producen. Táchira tiene agricultura, industria, servicios, turismo, talento humano y una ubicación privilegiada. Lo que hace falta son condiciones para producir, invertir, generar empleo y exportar. Una frontera que solo compra se vuelve dependiente; una frontera que produce y vende fortalece su economía y su capacidad de negociación.
Aquí está, a mi juicio, el verdadero sentido de estas cuatro propuestas. No se trata solamente de casas de cambio ni de pesos, dólares y bolívares. Se trata de recuperar la capacidad económica de nuestra frontera y, con ella, la confianza de los ciudadanos. Porque la soberanía también se fortalece cuando un país produce, cuando el trabajo de su gente conserva valor y cuando sus ciudadanos no tienen que vivir sometidos permanentemente a la incertidumbre sobre cuánto vale el dinero que llevan en el bolsillo. La frontera tampoco puede reducirse al comercio. Allí también están la educación, la cultura, el turismo, el transporte, las familias y una historia compartida que nos obliga a entendernos.
Colombia y Venezuela han creado mecanismos para avanzar en la cooperación, pero los acuerdos necesitan continuidad, responsables y resultados. Una firma puede abrir una puerta; no puede sustituir la voluntad de ejecutar. Defender la soberanía venezolana no significa cerrar la frontera ni convertir al vecino en adversario. Significa que Venezuela tenga capacidad para gobernar su territorio, proteger a sus ciudadanos, defender el valor de su trabajo y relacionarse con Colombia desde el respeto y la igualdad. Podemos ser dos países soberanos y, al mismo tiempo, dos pueblos hermanados por la historia, capaces de cooperar allí donde nuestros intereses coinciden.
Por eso Táchira no pide privilegios. Pide ser escuchado. Pide que las propuestas dejen de diluirse entre reuniones y documentos. Pide una mesa permanente que produzca resultados, información cambiaria transparente, casas de cambio que funcionen y condiciones para producir y exportar. Pide, en definitiva, que los acuerdos lleguen finalmente a la vida cotidiana de sus ciudadanos. La frontera no necesita más promesas. Necesita decisiones que lleguen a la gente. Y Venezuela necesita que el bolívar vuelva a valer.
Arturo Molina
@jarturomolina1
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