Hay luchas que no deberían existir en un país que aspire a respetar a quienes han dedicado buena parte de su vida a servir, y la de los educadores jubilados es, sin duda, una de ellas. Durante décadas, miles de hombres y mujeres estuvieron frente a un pizarrón, atravesaron ríos, quebradas y montañas para llegar hasta donde un niño necesitaba aprender. Lo hicieron, muchas veces, lejos de las comodidades urbanas, convencidos de que allí donde hubiera un venezolano necesitado de educación, debía estar un maestro. Fueron orientadores, referentes y, en numerosas ocasiones, el único profesional presente en las comunidades más alejadas. Enseñaron a leer, a investigar y a pensar; demostrando que educar no consiste en memorizar, sino en comprender la realidad, hacerse preguntas y, sobre todo, no permitir que el pasado se convierta en una condena, sino en una fuente de aprendizaje.
Hoy, esos mismos educadores deben salir a la calle para reclamar derechos y reivindicaciones legítimamente adquiridos. Este problema forma parte de una realidad nacional más amplia, pero con una particularidad ineludible: el educador jubilado ya entregó sus años de servicio; no reclama la posibilidad de comenzar una carrera, sino el reconocimiento digno de aquello que construyó. Los datos aportados por diferentes canales de información confirman tales apreciaciones: mientras la canasta alimentaria familiar para cinco personas se ubicó en 755,36 dólares en agosto de 2026, según el Cendas-FVM, las pensiones base no superan los dos dólares mensuales. Esta brecha abismal se agrava cuando incluso en algunos de los bonos aprobados, este sector es excluido, y en otros les quitan el beneficio, como el llamado bono de alimentación. En Táchira lo vivimos y padecemos, mientras los gobernantes miran hacia otro lado para correr la arruga. Excluidos entonces del cestaticket y del bono de profesionalización, los jubilados sobreviven con un «Bono de Guerra» de 133 dólares y poco más de 35 dólares al cierre de mes. Lo que exigen no es una gentileza, sino la restitución de sus derechos consagrados en la Constitución de la República, leyes, convenciones y contrataciones colectivas.
Desde 1999, Venezuela ha vivido una profunda transformación política y social. Sin embargo, después de más de dos décadas de hegemonía de la llamada Revolución Bolivariana, el balance institucional deja una enorme deuda pendiente con el magisterio. El Estado que durante años proclamó la defensa del trabajador no puede hoy desconocer a quienes ya cumplieron su ciclo. Una gestión pública responsable debe comprender que el jubilado no es una carga administrativa, ni un objeto de discursos políticos, ni alguien a quien se escucha únicamente cuando protesta. No se trata de pedir privilegios ni compasión, se trata de garantizar derechos. El respeto a una vida de trabajo no puede depender de la voluntad de un funcionario, ni de la fuerza que le quede en las piernas a un anciano para permanecer horas en una concentración.
Por eso, este reclamo trasciende a los jubilados de hoy y alcanza a los educadores activos, quienes necesitan saber que su entrega no será olvidada mañana; de lo contrario, se debilita la confianza en el valor de la propia carrera docente. Puede mermar la vitalidad física, pero una vocación ejercida durante décadas no desaparece con el retiro: la experiencia y la memoria permanecen, constituyendo un capital humano que el país todavía necesita. Venezuela no puede acostumbrarse a ver a sus maestros exigiendo en el asfalto aquello que debería ser atendido por instituciones eficientes. Gobernar también es hacer justicia con quienes ya cumplieron su parte. Venezuela es tierra, agua, viento y esperanza; pero, sobre todo, es su gente. Y esos hombres y mujeres todavía tienen mucho que decirle al país, porque se jubila el cargo, se jubila la nómina y se jubila la obligación. La dignidad, jamás.
Arturo Molina
@jarturomolina1
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