El debate venezolano ha dejado de ser, para muchos ciudadanos, una confrontación de ideas sobre el país que aspiramos construir. Cada vez se asemeja más a una disputa por la administración de un patrimonio en ruinas, donde la preservación de cuotas de poder parece imponerse sobre la obligación de reconstruir la República. Lo que buena parte de la ciudadanía percibe no es únicamente el enfrentamiento entre proyectos políticos, sino la consolidación de una dinámica en la que sectores del oficialismo y de la oposición han terminado normalizando el tutelaje externo, la propaganda y el cálculo político como mecanismos de supervivencia.
La soberanía no se pierde únicamente cuando se comprometen recursos estratégicos o se suscriben acuerdos que condicionan el interés nacional. También se erosiona cuando quienes ejercen responsabilidades públicas dejan de colocar en el centro de sus decisiones las necesidades reales de la población. Para el oficialismo, las alianzas políticas y económicas establecidas durante años han servido para garantizar su permanencia en el poder. Para sectores de la oposición, la expectativa de que factores internacionales resolvieran lo que no se logró construir dentro del país terminó desplazando el esfuerzo por reorganizar el tejido ciudadano y fortalecer liderazgos con verdadero arraigo social. En ambos casos parece imponerse una misma lógica: si la afectación de la soberanía proviene del aliado conveniente, entonces deja de ser motivo de denuncia para convertirse en un costo políticamente aceptable.
Esa desconexión encontró una de sus expresiones más dolorosas tras los devastadores terremotos del 24 de junio de 2026. Mientras miles de familias enfrentaban la pérdida de sus viviendas, de sus pequeños negocios o del patrimonio construido durante toda una vida, buena parte de la dirigencia política concentró sus esfuerzos en disputar el relato público de la tragedia. Los comunicados abundaron. Las declaraciones se multiplicaron. Las promesas ocuparon titulares y redes sociales. Sin embargo, cuando disminuyó la atención mediática, muchas comunidades continuaron esperando respuestas concretas.
La incertidumbre no surgió únicamente por la lentitud de la atención a los damnificados. También apareció una pregunta que refleja el profundo deterioro de la confianza institucional: ¿llegó realmente toda la ayuda humanitaria a quienes más la necesitaban? En un país marcado por años de opacidad administrativa y escasa rendición de cuentas, esa duda resulta comprensible. Cuando la ciudadanía deja de confiar incluso en el destino de la solidaridad, el daño trasciende lo material y comienza a fracturar los vínculos que sostienen a una sociedad.
Utilizar el sufrimiento humano como instrumento de posicionamiento político constituye una de las formas más graves de degradación de la actividad pública. Ninguna tragedia debería convertirse en una plataforma para la propaganda ni en una oportunidad para capitalizar ventajas partidistas mientras las víctimas continúan esperando respuestas.
La misma lógica parece extenderse al debate sobre el futuro político nacional. Diversos anuncios internacionales han señalado que cualquier proceso electoral requerirá todavía varios meses y que aspectos sustanciales de las negociaciones solo se conocerían hacia finales de 2026. Independientemente de la valoración que cada ciudadano haga sobre esos anuncios, resulta inevitable preguntarse hasta qué punto las prioridades de los venezolanos coinciden con los tiempos y los intereses de quienes participan en esas negociaciones.
La cooperación internacional puede desempeñar un papel importante cuando facilita el diálogo, impulsa la recuperación económica o acompaña procesos institucionales. Sin embargo, ninguna ayuda externa puede sustituir el derecho de los venezolanos a decidir soberanamente el rumbo de su país. Cuando las urgencias nacionales —la recuperación del salario, la reconstrucción de las zonas afectadas, la generación de empleo, el restablecimiento de los servicios públicos o la recuperación institucional— quedan relegadas frente a intereses geopolíticos o cálculos electorales ajenos, la percepción de pérdida de soberanía se profundiza.
Esta realidad también desnuda la crisis de representación que atraviesan numerosas organizaciones políticas. Durante años, buena parte de la dirigencia, tanto oficialista como opositora, fue alejándose de sus bases sociales. En lugar de formar nuevos liderazgos, fortalecer las organizaciones ciudadanas o promover el debate de ideas, muchas estructuras terminaron dependiendo de figuras providenciales, alianzas coyunturales o respaldos externos. El resultado ha sido una ciudadanía cada vez más distante de quienes dicen representarla.
Mientras el país enfrenta inflación, deterioro salarial, servicios públicos deficientes y una reconstrucción todavía incompleta tras los terremotos, el debate político continúa concentrándose, con demasiada frecuencia, en la confrontación simbólica. Esa desconexión alimenta la percepción de que las prioridades de la dirigencia no siempre coinciden con las prioridades de la gente.
Recordaba José Ingenieros que la mediocridad suele instalarse allí donde desaparece el compromiso ético. Quizás esa reflexión ayude a comprender parte del momento venezolano. Cuando el pragmatismo sustituye los principios y el poder se convierte en un fin en sí mismo, la tragedia colectiva corre el riesgo de transformarse en un simple recurso discursivo y la administración de la crisis termina siendo más rentable que su solución.
Sin embargo, el verdadero desafío no consiste únicamente en sustituir una élite por otra. La reconstrucción democrática exige mucho más que un cambio de nombres. Requiere ciudadanos organizados, instituciones sometidas al escrutinio público, transparencia en el manejo de los recursos, partidos capaces de reencontrarse con la sociedad y una cultura política donde la soberanía deje de ser una consigna para convertirse en una práctica cotidiana.
La Venezuela que emerja de esta larga crisis dependerá, en buena medida, de la capacidad de sus ciudadanos para dejar de delegar su destino en salvadores providenciales, tutores extranjeros o dirigencias desconectadas de la realidad nacional. Ninguna negociación será suficiente si la sociedad no recupera el protagonismo que durante demasiado tiempo ha cedido a quienes hicieron de la crisis un espacio de administración del poder.
Después de tantos años de confrontación, millones de venezolanos ya no aspiran a victorias sobre otros venezolanos. Aspiran, sencillamente, a recuperar una vida digna. Queremos vivir bajo nuestro propio techo sin dañar el de nadie; construir un país donde el trabajo honesto vuelva a ser el camino para progresar, donde la inversión privada genere oportunidades de crecimiento, donde existan reglas claras para todos, donde el Estado garantice seguridad jurídica y donde el respeto sustituya definitivamente al miedo, al odio y al resentimiento como fundamento de nuestra convivencia. Venezuela necesita abrirse al mundo, fortalecer su aparato productivo, atraer inversiones nacionales e internacionales y consolidar alianzas económicas que impulsen el desarrollo, pero siempre desde relaciones de cooperación que respeten nuestra soberanía, nuestra capacidad de decisión y la dignidad de nuestra gente.
Porque la verdadera soberanía no comienza cuando cambian los gobernantes. Comienza cuando los ciudadanos recuperan la convicción de que el país no está en venta, que el dolor de su gente no puede convertirse en mercancía política y que la reconstrucción de Venezuela solo será posible si nace de una ciudadanía consciente, vigilante, responsable y comprometida con el bien común. Esa es la Venezuela que merece reconciliarse consigo misma para volver a mirar el futuro con esperanza.
Arturo Molina.
@jarturomolina1
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