El analista y consultor político Aníbal Sánchez evaluó la propuesta de reforma parcial a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional, destacando tanto sus avances como sus riesgos institucionales.
Según Sánchez, el proyecto marca un giro significativo al modificar el artículo 8 para permitir que las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización del servicio eléctrico puedan ser desarrolladas no solo por el Estado, sino también por empresas mixtas y empresas privadas domiciliadas en el país. Asimismo, establece un régimen de concesiones de hasta 25 años prorrogables por 15, con mecanismos de reversión de activos al Estado.
«Esta reforma reconoce las limitaciones estructurales del modelo actual y abre la puerta a la incorporación de nuevos actores con el objetivo de garantizar un servicio continuo, eficiente y financieramente sostenible. La redefinición del esquema tarifario bajo criterios de costos reales y rentabilidad razonable, junto con la eliminación de exenciones fiscales generales y la introducción de incentivos focalizados, son elementos positivos para atraer inversión», señaló Sánchez.
Sin embargo, el analista advirtió sobre serias debilidades institucionales en el diseño de la reforma:
«Si bien se promueve la participación privada, se consolida una fuerte concentración de poder en el Ejecutivo Nacional. La autorización de empresas mixtas, la otorgación de concesiones, la intervención de operadores y los incentivos fiscales quedan prácticamente en manos del Presidente de la República y del Ministerio correspondiente, sin que se prevea un rol relevante para la Asamblea Nacional ni la creación de un ente regulador independiente. Esto genera riesgos evidentes de opacidad, discrecionalidad y menor seguridad jurídica para los inversionistas»
Sánchez también señaló que la propuesta establece exclusividad geográfica en la distribución, lo que podría crear monopolios territoriales bajo control estatal, y criticó la insuficiente protección a los sectores vulnerables ante el necesario ajuste tarifario.
“La reforma busca atraer inversión con plazos largos y rentabilidad razonable, pero los mecanismos de reversión de activos y las amplias facultades de intervención estatal pueden generar incertidumbre. Además, no se establecen instrumentos claros de protección social para mitigar el impacto de las tarifas reales en la población más vulnerable, lo que podría traducirse en tensiones sociales sin que el Parlamento cuente con herramientas efectivas de control”.
El consultor concluyó que, aunque la reforma representa un paso hacia la modernización del sector eléctrico, su éxito dependerá de que se introduzcan mayores contrapesos institucionales, transparencia y garantías reales para los inversionistas y los usuarios durante su discusión en segunda discusión.
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