La justicia internacional nació con una promesa fundamental: que ningún Estado ni ningún gobernante estaría por encima de la responsabilidad frente a los crímenes más graves contra la humanidad. Sin embargo, la realidad demuestra que la aplicación del Derecho Internacional continúa enfrentando un desafío permanente: la tensión entre los principios jurídicos y los intereses políticos de los Estados.
Los acontecimientos recientes relacionados con Venezuela vuelven a colocar este debate en el centro de la discusión internacional.
Por un lado, el Gobierno venezolano anunció formalmente su decisión de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), argumentando que dicho organismo ha actuado con sesgo político y geográfico contra países del llamado Sur Global.
Por otro lado, la administración del presidente Donald Trump solicitó que se reconozca la inmunidad judicial de Delcy Rodríguez en Estados Unidos, al considerar que, como jefa de Estado interina reconocida por Washington, debe contar con protección frente a una demanda civil presentada en territorio estadounidense.
Ambos hechos plantean una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿la justicia internacional funciona siempre bajo criterios jurídicos o también está condicionada por la realidad política y los intereses estratégicos de los Estados?
La Corte Penal Internacional fue creada precisamente para evitar que los crímenes más graves quedaran impunes cuando los sistemas nacionales no tienen voluntad o capacidad para investigarlos. Su existencia representa uno de los mayores esfuerzos de la comunidad internacional para establecer límites al poder.
Sin embargo, sus críticos sostienen que la aplicación de la justicia internacional no siempre ha sido equilibrada. Algunos gobiernos cuestionan que la mayoría de los casos hayan estado concentrados en determinados países y regiones, mientras otras situaciones de graves violaciones a los derechos humanos han recibido menor atención.
En el caso venezolano, la decisión de abandonar la CPI ocurre después de años de investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, la salida del tribunal representa un retroceso en la búsqueda de justicia para las víctimas. Para el Gobierno venezolano, en cambio, constituye una defensa de la soberanía nacional frente a una institución que considera politizada.
Pero la discusión adquiere una dimensión aún más compleja cuando se observa la decisión de Estados Unidos de solicitar inmunidad para Delcy Rodríguez.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, los Estados suelen reconocer determinadas protecciones a quienes ejercen funciones como jefes de Estado, precisamente porque las relaciones internacionales requieren mecanismos que eviten que las disputas políticas entre países terminen paralizando la diplomacia.
Sin embargo, desde una perspectiva de derechos humanos, surge otra interrogante: ¿cómo garantizar que la búsqueda de estabilidad política no termine debilitando la exigencia de responsabilidad frente a posibles abusos del poder?
Esta es la gran paradoja del Derecho Internacional contemporáneo: los mismos principios que buscan proteger la estabilidad de los Estados pueden entrar en tensión con la necesidad de garantizar justicia para las víctimas.
El caso venezolano demuestra que la justicia internacional no existe en un vacío político. Las decisiones de los tribunales, los reconocimientos diplomáticos y las alianzas estratégicas forman parte de una misma realidad donde el derecho y la política interactúan constantemente.
Pero precisamente por esa razón resulta indispensable defender una idea fundamental: la justicia debe mantener su independencia frente al poder político. Si los tribunales internacionales son utilizados únicamente contra los adversarios de determinados gobiernos, pierden legitimidad. Pero si los Estados utilizan la soberanía como argumento para impedir cualquier investigación sobre violaciones graves de derechos humanos, también se debilita la protección internacional de las personas.
Venezuela enfrenta hoy un desafío que va mucho más allá de una disputa diplomática. El verdadero reto será construir instituciones capaces de garantizar justicia, reconciliación y confianza ciudadana. La democracia no se mide solamente por la existencia de elecciones, sino también por la capacidad de una sociedad para reconocer a las víctimas, proteger los derechos fundamentales y asegurar que ningún poder sea absoluto.
Al final, la pregunta más importante no debería ser quién gana una batalla política determinada, sino cómo lograr que el Derecho Internacional vuelva a ser percibido como un instrumento de justicia y no como una herramienta al servicio de los intereses de quienes tienen mayor poder.
Porque cuando la justicia depende demasiado de la política, la primera víctima termina siendo la propia justicia.
Engels Espina Molero
Abogado. Máster en Dirección en la Gestión Pública. Exconcejal y exsíndico procurador del municipio Almirante Padilla.
Analista político y consultor en comunicación política y estrategia electoral.
Abog. Engels Espina Molero | LinkedIn
Correo electrónico: abogengelsespina@gmail.com
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