En las últimas horas se emitieron órdenes de captura contra los máximos cabecillas del Grupo Armado Organizado Residual (GAOr) Bloque Oriental señalados de reclutamiento ilícito de los menores de edad que posteriormente murieron en un bombardeo contra este grupo armado ilegal cometido en San Vicente del Caguán (Caquetá), el 29 de agosto de 2019, según informó la Fiscalía.
De acuerdo con el ente acusador, los elementos de prueba fueron recopilados por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y tres denuncias recibidas, una en Puerto Rico (Caquetá) y otras dos en San José del Guaviare, que indican que menores de edad entre los 12 y 16 años habrían sido reclutados y vinculados a la estructura criminal. Posteriormente, los cuerpos fueron encontrados en el campamento de alias Gildardo o Cucho, objetivo de la operación militar en Caquetá.
De otro lado, la Fiscalía General de la Nación fue notificada de la decisión tomada por el Consejo Superior de la Judicatura que, al resolver un conflicto de competencia con la Justicia Penal Militar, dispuso que la justicia ordinaria es la competente para conocer el proceso penal por la muerte de los menores de edad, ocurrida en agosto de 2019.
La acción militar estuvo enfocada en Gildardo Cucho, uno de los supuestos jefes de las disidencias de las Farc comandandas por Gentil Duarte, que dominan buena parte de las selvas del oriente colombiano. Por medio de una fuente humana, la inteligencia del Ejército localizó las coordenadas de un campamento móvil en área rural de San Vicente del Caguán. A las 11:03 de la noche del 29 de agosto, la Fuerza Aérea bombardeó el sitio.
Media hora después, soldados del Batallón Lancheros llegaron al lugar en helicópteros. Allí encontraron los gigantescos cráteres de las explosiones en un área afectada de 200 metros de diámetro. Y desperdigados por allí localizaron restos humanos desmembrados, prendas de vestir, botas, uniformes camuflados, fotografías, cuadernos. También hallaron armas y municiones. Agentes forenses llegaron horas después a hacer el levantamiento. La operación militar fue beta, es decir, de un tipo que requiere autorización presidencial antes de ejecutarse.
Según señaló en su momento Medicina Legal, al instituto llegaron 17 cuerpos. Quince fueron identificados pocas horas después y entre estos aparecieron ocho menores de edad. Varios de estos menores fueron reclutados a la fuerza en la región, e incluso explotados sexualmente por los disidentes. Ángela María Pérez, de 12 años, fue una de ellas. Por esto, hoy la Fiscalía logró que se emitieran órdenes de captura contra los cabecillas que serían los responsables de haber reclutado a esos menores de edad.
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