El chavismo acumula una lista enorme de violaciones a los derechos laborales, irrespeto a su compromiso como patrono y dinero recaudado por otras vías que no termina repercutiendo en la mejora de los salarios de la población, a pesar de que los voceros del chavismo afirmen que Maduro se ve atado por las sanciones
El diputado a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020, José Gregorio Vielma Mora, afirmó que la administración de Nicolás Maduro no puede incrementar los salarios en este contexto y que el mandatario «sufre» por esta situación.
«El presidente Nicolás Maduro sufre, le duele, el no poder elevar los sueldos a lo que merecen los venezolanos que trabajan», afirmó en una entrevista para Venevisión.
En medio de protestas constantes del sector trabajador en contra del «gobierno obrero» de Maduro por mantener el salario mínimo en Bs 130, equivalentes a $3,96 según el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV), el chavismo se escuda en las sanciones para evitar la aprobación de un aumento salarial.
«Nosotros sabemos eso. Hay una necesidad, lo sentimos. Nos da mucha molestia las medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país. La gente cree que solo nos afecta al sector gubernamental, pero afecta a los 30 millones de habitantes de este país», insistió Vielma Mora.
El último ajuste a la remuneración de los trabajadores se efectuó el pasado 1º de mayo, día del trabajador, tras más de un año sin anuncio salarial alguno. En aquella oportunidad, en vez de incrementar el sueldo mínimo, Maduro decidió dejar sin cambio alguno los Bs 130 y, en su lugar, aumentó el cesta ticket de Bs 40 a Bs 1.000 ($40 para aquel entonces) y redujo el Bono de Guerra económica de un equivalente a $45 a una suma de $30.
Aunque en aquel momento la decisión sí se traducía en un ligero aumento de la remuneración de los trabajadores activos del sector público —más no de los salarios—, que pasaron de cobrar $52 mensuales a $75, la medida quebrantaba múltiples derechos laborales y no beneficiaba a pensionados y jubilados, quienes no reciben cesta ticket.
Además de que estos conceptos no inciden en las prestaciones y otros beneficios laborales.
El razonamiento del chavismo en torno a las sanciones se contrasta con el crecimiento económico que ha celebrado el mismo chavismo y, sobre todo, el impulso que han tenido los negocios de Petróleos de Venezuela en los últimos dos años. En este contexto, más de $3.000 millones se extraviaron en el caso de corrupción “Pdvsa Cripto”, una cifra que, repartida entre los 5 millones de jubilados del país, equivaldría a un pago de $600 por persona.
A raíz de esta trama de corrupción, surgida en el seno del chavismo, Maduro ordenó pidió sancionar la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, que le permite al Estado apropiarse de activos privados cuando estos fuesen obtenidos por vías ilegales.
Con esta ley, ordenó la incautación de edificios, apartamentos, mansiones, terrenos, aeronaves, embarcaciones y hasta vehículos de lujo.
En un acto público, afirmó que todos estos bienes y el dinero que se obtuviese de la operación, serían dirigidos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), mientras millones de trabajadores exigían el pago de dinero adeudado por el chavismo, el aumento de los salarios y el cumplimiento de las convenciones colectivas.
El chavismo no es sordo a las protestas y, cuando el año pasado las acciones de calle en repudio del instructivo Onapre que tergiversaba los pagos a los trabajadores presionaron a las autoridades, Maduro prometió el pago de un bono vacacional que se le adeudaba a los funcionarios del sector educativo.
Este pago acabó fraccionándose y su valor se disolvió con la inflación.
De igual manera, en mayo de 2022, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que el oficialismo otorgaría un bono de Bs 10.000, equivalente por aquel entonces a $2.222, a los ciudadanos que entraran en el sistema de pensiones entre 2018 y 2022. Las organizaciones sindicales y de pensionados afirman que este dinero nunca se entregó en su totalidad.
Incluso el ajuste de las remuneraciones del pasado 1º de mayo escondió una imprecisión que perjudicó a los trabajadores, pues el cesta ticket debía pagar, en bolívares, una cantidad equivalente a $40, pero la Gaceta Oficial que concretó esa decisión solo mencionó el monto de Bs 1.000, que en los cuatro meses que han transcurrido desde la medida, no se ha ajustado.
Por lo tanto, los Bs 1.000 que equivalían a $40 por aquel entonces, ahora representan $30,81. Esto significa que el pago del cesta ticket, en dólares, ha perdido 23% de su valor.
Como estos, las autoridades han cometido otros atropellos con el sector laboral del país, desatando críticas y protestas incesantes, mientras Maduro afirma “sufrir” por las decisiones que toma.
Fuente TALCUALDIGITAL
Comment here