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“INVASIÓN SUTIL: El protectorado que no queremos nombrar”. Por: Dr. Gustavo Duque Largo.

He escuchado con atención la frase que se atribuye a Donald Trump desde Manila: en cuanto a que Venezuela sería su “nueva adquisición”. No sé si fue una bravuconada, un exabrupto o la confesión involuntaria de una política programada. Pero cuando alguien con poder militar y económico habla de un país entero como si fuera una propiedad, las palabras dejan de ser retórica y se convierten en un hecho político. Y los abogados, los defensores de derechos humanos y los ciudadanos que aún creemos en el derecho internacional tenemos la obligación de nombrarlo.

No me interesa alimentar consignas. Me interesa llamar a las cosas por su nombre sin caer en la trampa de los eslóganes. Por eso, cuando se me pregunta cómo llamar a lo que ocurre en Venezuela, respondo con una expresión que no está en los manuales pero que describe con crudeza lo que veo: una invasión militar sutil. No es una categoría jurídica formal. El derecho internacional habla de acto de agresión, de intervención, de ocupación, de violación de la soberanía. Pero la palabra “sutil” capta algo que los tratados no siempre alcanzan: la ausencia de un desembarco masivo que lo haría inconfundible, combinada con una presencia de poder que condiciona la vida política, económica y moral de un país sin un mandato popular explícito

La sutileza no es inocencia. Es método. Se despliegan fuerzas, se negocian acuerdos de estatus, se habla de transición, de estabilización, de recuperación económica. Se firman papeles con un régimen ilegitimo que, acorralado por la presión militar y judicial, cede espacios que antes no habría cedido. Y mientras tanto, el pueblo (ese sujeto que debería ser el protagonista de cualquier transición) observa desde la ventana. No se le consulta. No se le pregunta si quiere una presencia extranjera que dice protegerlo. No se le ofrece un plebiscito, una constituyente, una consulta popular vinculante. Se le ofrece, en el mejor de los casos, la promesa de una democracia administrada desde afuera.

No se trata de defender a quienes han violado derechos humanos. Quienes temen responder ante la justicia por sus crímenes no pueden convertirse en los socios legítimos de una transición democrática. Pero tampoco se puede construir democracia sobre el miedo de unos y la indiferencia hacia otros. Una transición que se pacta entre élites, con la sombra de las armas, el petróleo y minerales preciosos de fondo, no es una transición democrática: es un protectorado con lenguaje humanitario. Y un protectorado, por más que se vista de acuerdo técnico, sigue siendo una forma de negar la soberanía.

El derecho internacional no es un adorno. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza salvo en legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad. La no intervención y la libre determinación de los pueblos no son principios decorativos. Son la última frontera de los países pequeños frente a los grandes. Cuando se los relativiza con el argumento de que “la situación es excepcional”, se abre una puerta que luego nadie puede cerrar. Hoy es Venezuela. Mañana puede ser cualquier otro país con recursos estratégicos y un gobierno incómodo.

Por eso insisto en que la frase “invasión militar sutil” no es un capricho literario. Es una advertencia. Describe una intervención indirecta, una ocupación de facto, un neocolonialismo que no necesita izar banderas porque le basta con controlar el petróleo, las instituciones y el futuro político de un país. Describe una relación donde la soberanía es nominal y el control efectivo recae en una potencia extranjera. Describe, en fin, una transición tutelada donde el pueblo no es actor sino espectador.

Como abogado internacionalista y defensor de derechos humanos, no puedo aceptar que se hable de “adquisición” como si un país fuera un terreno. No puedo aceptar que se negocie la democracia de un pueblo sin ese pueblo. No puedo aceptar que se use el miedo de un régimen para justificar la ausencia de consulta. Y no puedo aceptar que se llame “transición” a un acuerdo que no tiene legitimidad popular.

La salida a la crisis venezolana no puede ser un traje a la medida de Washington ni una capitulación de quienes temen la justicia. Debe ser un proceso venezolano, con garantías, con verdad, con justicia, con reparación y, sobre todo, con la voz de los que nunca fueron llamados. Cualquier otra cosa podrá parecer estabilidad, pero será solo una campana de vidrio. Y tarde o temprano, las campanas de vidrio se rompen.

Dr. Gustavo Duque Largo

Abogado Internacionalista y Defensor de Derechos Humanos

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