Una investigación sobre responsabilidades, evidencias y zonas oscuras del poder.
Hay una pregunta que la criminología no puede eludir cuando estudia el caso venezolano:
¿Qué ocurre cuando el Estado que debería combatir el crimen termina administrando instituciones en las que el crimen adquiere poder, territorio, armas, dinero y capacidad de organización?
La pregunta adquiere especial gravedad cuando se examina la trayectoria de Iris Varela, abogada y dirigente del chavismo que en julio de 2011 fue designada primera ministra del recién creado Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. No se trata de afirmar, sin sentencia judicial, que Varela sea miembro de una organización criminal. Eso sería metodológicamente incorrecto.
La cuestión criminológica es otra y mucho más profunda:
¿Qué grado de responsabilidad política, administrativa y eventualmente jurídica puede existir cuando, bajo la autoridad de una funcionaria, estructuras criminales alcanzan niveles extraordinarios de control dentro de las cárceles del Estado?
Ahí comienza la verdadera investigación.
Iris Varela no fue una observadora externa del sistema carcelario venezolano. Fue su máxima autoridad política durante varios años, primero entre 2011 y 2017 y posteriormente durante otro período bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Esto es fundamental desde la criminología institucional. La responsabilidad de una autoridad pública no se determina únicamente por si personalmente cometió un delito. También debe analizarse:
qué competencias tenía;
qué información recibió;
qué medidas adoptó;
qué omisiones pudieron producirse;
qué estructuras criminales operaban bajo su jurisdicción;
qué recursos tenía el Estado para impedirlo;
y qué ocurrió después de que las autoridades conocieran los hechos.
Esta distinción permite evitar dos errores igualmente peligrosos.
El primero es la propaganda:
«Varela es criminal porque lo dice la oposición.»
El segundo es la absolución automática:
«Varela no fue condenada, por tanto, nada de lo ocurrido bajo su administración puede atribuírsele.»
La criminología seria no funciona así.
Entre la acusación política y la sentencia penal existe un enorme campo de investigación. Y ese campo se llama responsabilidad institucional.
Una cárcel cumple una función elemental: el Estado priva legalmente de libertad a una persona y, al mismo tiempo, asume la obligación de custodiarla. El preso pierde su libertad. No pierde la condición de ser humano. No pierde el derecho a la vida. No pierde el derecho a la integridad física. Y, sobre todo, no debería adquirir el derecho a convertir la cárcel en un territorio criminal.
Sin embargo, las investigaciones sobre Venezuela describieron durante años una realidad radicalmente distinta.
Las prisiones venezolanas llegaron a albergar estructuras conocidas como pranes, capaces de ejercer control territorial, administrar economías clandestinas, disponer de armas y mantener influencia sobre actividades criminales que trascendían los muros penitenciarios. Aquí aparece una de las anomalías criminológicas más extraordinarias de Venezuela:
El Estado tenía las cárceles, pero en determinadas prisiones los criminales tenían el poder.
No era simplemente delincuencia dentro de una cárcel. Era una forma de gobernanza criminal.
Desde la perspectiva criminológica, el pran no puede analizarse simplemente como «un preso poderoso». El fenómeno es mucho más complejo. El pran puede convertirse en:
autoridad → proveedor → protector → extorsionador → juez informal → jefe militar → empresario criminal.
Cuando eso sucede, la prisión deja de funcionar como institución penitenciaria convencional. Aparece una estructura de poder paralela. El preso obedece al pran. Los familiares pueden quedar sometidos a sus mecanismos de extorsión. Los funcionarios penitenciarios pueden convertirse en subordinados, colaboradores, negociadores o simples espectadores. Y las actividades criminales pueden proyectarse hacia el exterior.
Ese fenómeno ha sido documentado por investigaciones sobre las cárceles venezolanas y particularmente sobre estructuras como el llamado Tren de Aragua. Por eso el problema de Iris Varela no debe reducirse a una fotografía. Debe estudiarse como un sistema de relaciones de poder.
Uno de los episodios más controvertidos alrededor de Varela fue su relación pública con Teófilo Rodríguez Cazorla, alias «El Conejo», pran de la cárcel de San Antonio, en Margarita. Existen registros periodísticos y audiovisuales de la relación pública entre ambos. La fotografía de Varela junto a Rodríguez se convirtió en uno de los símbolos más utilizados para cuestionar la política penitenciaria de la funcionaria. Investigaciones posteriores describieron a Rodríguez como jefe de una estructura criminal dentro del penal.
Pero aquí debemos ser rigurosos.
Una fotografía no demuestra complicidad criminal. Un ministro puede fotografiarse con un delincuente por razones institucionales. Por tanto, desde el punto de vista probatorio, la fotografía por sí sola no permite concluir que Varela participara en las actividades criminales de Rodríguez.
Pero tampoco debe descartarse la fotografía como irrelevante.
¿Por qué?
Porque plantea una pregunta institucional:
¿Por qué un individuo privado de libertad podía alcanzar semejante nivel de poder dentro de una prisión administrada por el Estado?
La criminología no estudia solamente al delincuente. Estudia también el ecosistema que permite que el delincuente prospere.
Aquí se encuentra el punto más importante. Supongamos que Varela jamás hubiera tenido una relación personal con «El Conejo». Supongamos incluso que todas las fotografías fueran producto exclusivamente de actividades oficiales. El problema criminológico permanecería.
¿Cómo llegó un preso a ejercer semejante autoridad?
¿Por qué podía exhibirse armado?
¿Por qué dentro de determinados centros penitenciarios existían estructuras económicas propias?
¿Por qué circulaban armas de guerra?
¿Por qué la autoridad estatal tenía dificultades para recuperar el control?
Una investigación de InSight Crime describió la situación penitenciaria venezolana como un escenario donde las prisiones habían quedado bajo formas de control criminal y examinó específicamente la gestión de Varela.
Otra investigación sobre el caso de «El Conejo» documentó la circulación de armamento pesado dentro de la prisión de San Antonio incluso después de su muerte, cuando los internos realizaron disparos al aire en homenaje al pran. Eso no demuestra automáticamente que Varela ordenara esas actividades. Pero sí demuestra que el Estado penitenciario venezolano tenía un problema extraordinariamente grave de control institucional. Y ella estaba al frente de ese sistema.
Durante años, Varela negó o cuestionó la existencia de armas dentro de las cárceles venezolanas. Sin embargo, investigaciones periodísticas documentaron la presencia de fusiles, granadas y armamento pesado en centros penitenciarios. Runrunes examinó precisamente las contradicciones entre las declaraciones oficiales y las evidencias sobre armas en los penales.
Aquí aparece una cuestión criminológica fundamental:
¿Cómo entra un fusil a una prisión?
Una cárcel es una institución cerrada. Tiene puertas. Tiene controles. Tiene funcionarios. Tiene vigilancia. Tiene registros. Tiene cadena de mando. Por ello, cuando aparecen armas de guerra dentro de un establecimiento penitenciario, la investigación debe seguir la cadena de suministro.
Uno de los episodios más graves relacionados con Varela provino del entonces exjefe del SEBIN, Manuel Ricardo Cristopher Figuera. En 2019, Figuera declaró que había participado en una reunión en la que Varela habría solicitado 30.000 fusiles para armar presos y constituir una fuerza propia. El Washington Post recogió el testimonio y señaló expresamente que se trataba de una acusación formulada por el exfuncionario. Pero precisamente por su gravedad, merece investigación.
Aquí aparece una categoría útil para comprender el caso. La criminología contemporánea estudia fenómenos en los que organizaciones criminales consiguen penetrar, cooptar o aprovechar instituciones públicas.
Esto puede describirse mediante conceptos como:
captura institucional, corrupción sistémica, cooptación estatal y gobernanza criminal.
No necesariamente significa que todos los funcionarios sean criminales.
Significa algo diferente:
una institución creada para combatir el delito puede terminar funcionando bajo incentivos compatibles con el delito.
Ese es el verdadero peligro. Y Venezuela proporciona un caso particularmente dramático. Cuando una prisión queda bajo control de una organización criminal, el delincuente deja de ser solamente un individuo que viola la ley. Se convierte en un actor de poder.
La teoría criminológica clásica parte de una distinción:
Estado y delincuencia son actores diferentes. El Estado monopoliza legítimamente la coerción. El delincuente utiliza coerción ilegítima.
Pero cuando una estructura criminal obtiene armas, territorio, dinero, autoridad y capacidad de negociación dentro de una institución estatal, la frontera empieza a erosionarse. Eso es precisamente lo que vuelve tan importante estudiar el fenómeno penitenciario venezolano.
No basta preguntar:
«¿Cuántos delincuentes había?»
Hay que preguntar:
«¿Quién gobernaba?»
Y esa pregunta es mucho más incómoda.
La responsabilidad política no equivale a responsabilidad penal. Esta diferencia debe quedar absolutamente clara. Si un ministro administra una institución donde ocurren delitos, no necesariamente es responsable penal de cada delito. Pero tiene una responsabilidad política por la administración de la institución.
Y si existen pruebas de que conocía determinadas irregularidades y deliberadamente permitió que continuaran, entonces surge una cuestión jurídica completamente diferente que corresponde investigar a las autoridades competentes.
En enero de 2012, la Organización Mundial Contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos denunciaron que el Ministerio dirigido por Varela había prohibido el acceso de organizaciones no gubernamentales a las prisiones y había acusado al Observatorio Venezolano de Prisiones de participar en una campaña difamatoria.
Este elemento merece especial atención. En criminología, la transparencia no es un lujo. Es un mecanismo de control. Una prisión cerrada a observadores independientes se convierte en una institución mucho más difícil de fiscalizar.
La opacidad no demuestra por sí misma la existencia de un delito. Pero crea las condiciones para que el delito sea más difícil de detectar.
Esta investigación debe hacer algo que muchas publicaciones políticas no hacen: poner límites a sus propias acusaciones.
Circulan en redes sociales afirmaciones sobre supuestas relaciones personales, órdenes de captura, participación directa en organizaciones criminales y otros hechos que no aparecen suficientemente acreditados en las fuentes confiables revisadas. No deben incorporarse como hechos.
Por ejemplo, la existencia de rumores sobre una relación sentimental entre Varela y «El Conejo» no constituye evidencia criminológica suficiente. Tampoco una fotografía. Tampoco una publicación de Facebook. Tampoco un video de TikTok. Ni una acusación anónima.
Otro elemento que debe ser correctamente interpretado es la sanción estadounidense. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a María Iris Varela Rangel entre los funcionarios venezolanos sancionados en 2017. El documento oficial la identifica como miembro de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente y exministra del Servicio Penitenciario. Esto es un hecho. Pero una sanción administrativa estadounidense no equivale a una sentencia penal. No demuestra por sí misma que una persona haya cometido un delito.
Lo que sí demuestra es que un gobierno extranjero adoptó una medida jurídica/política contra ella dentro de su régimen de sanciones. La diferencia vuelve a ser fundamental. Investigar no significa condenar. Investigar significa reunir elementos que permitan determinar si corresponde condenar.
Desde una perspectiva criminológica, quizá la acusación más importante contra la administración penitenciaria no sea una conducta individual. Es el resultado estructural.
Cuando el Estado tomó Tocorón en 2023 mediante la Operación Gran Cacique Guaicaipuro, las autoridades encontraron una infraestructura extraordinaria vinculada al poder criminal dentro del penal: armas, drogas y una estructura organizada alrededor del Tren de Aragua. Investigaciones posteriores describieron el enorme nivel de autonomía que había alcanzado aquella organización.
La operación ocurrió años después de la primera gestión de Varela. Por tanto, no puede ignorarse la continuidad histórica: el sistema penitenciario venezolano permitió durante años el crecimiento de estructuras criminales extraordinariamente poderosas. Y Varela fue una de las figuras centrales del aparato penitenciario durante una parte decisiva de esa historia.
Aquí está la pregunta que una investigación criminológica debería dejar sobre la mesa:
¿Fue Iris Varela una cómplice del crimen organizado o una funcionaria que fracasó frente a él?
Existen hechos documentados que justifican una investigación profunda:
Fue máxima responsable política del sistema penitenciario durante años.
Durante ese período existieron cárceles bajo fuerte control de pranes y organizaciones criminales.
Se documentó la presencia de armas de guerra dentro de los centros penitenciarios.
Existe evidencia pública de su encuentro y relación institucional con Teófilo Rodríguez, «El Conejo».
Un exjefe del SEBIN la acusó de solicitar 30.000 fusiles para armar presos, aunque esa afirmación debe permanecer catalogada como alegación testimonial no probada judicialmente.
Organizaciones internacionales denunciaron restricciones al acceso independiente a las cárceles durante su gestión.
Estados Unidos la sancionó en 2017.
Estos elementos no constituyen una sentencia. Pero constituyen, en conjunto, un expediente periodístico y criminológico que merece ser investigado.
Quizá la conclusión más perturbadora sea esta:
Una sociedad comienza a perder la lucha contra el crimen no cuando aparecen los primeros delincuentes. La empieza a perder cuando la sociedad se acostumbra a convivir con ellos.
Cuando el pran se convierte en celebridad. Cuando un preso controla una cárcel. Cuando aparecen fusiles dentro de un penal. Cuando funcionarios negocian con criminales. Cuando la extorsión se vuelve cotidiana.
Cuando una organización criminal obtiene más autoridad que el director de la cárcel. Cuando el Estado deja de imponer las reglas. Entonces la delincuencia deja de ser una desviación. Se convierte en institución paralela. Y eso es muchísimo más peligroso.
Iris Varela debe ser investigada no por ser chavista, ese es otro caso. Debe ser investigada como cualquier funcionario público por los hechos que ocurrieron bajo su responsabilidad administrativa y por cualquier evidencia concreta que pudiera vincularla personalmente con conductas ilícitas. Eso es Estado de derecho. Y precisamente por eso también deben investigarse las acusaciones contra ella con estándares probatorios rigurosos. Porque si mañana una investigación demuestra que algunas acusaciones eran falsas, habrá que decirlo. Y si demuestra que existieron responsabilidades criminales, también habrá que decirlo.
El caso Varela ofrece una oportunidad excepcional para estudiar un fenómeno que va mucho más allá de una persona. Es el estudio de una pregunta fundamental:
¿Qué ocurre cuando el Estado pierde el monopolio efectivo de la autoridad dentro de sus propias cárceles?
La respuesta venezolana parece mostrar una combinación peligrosa:
debilidad institucional + corrupción + opacidad + violencia + economías clandestinas + organizaciones criminales + ausencia de controles independientes.
El resultado es una forma de gobernanza criminal. Y cuando el crimen gobierna una prisión, la prisión deja de ser simplemente una institución fallida. Se convierte en una escuela, una empresa, un cuartel y una plataforma de expansión criminal.
La historia de Iris Varela y las cárceles venezolanas no debería convertirse en una colección de memes, insultos o consignas. Es demasiado grave para eso. Hay miles de víctimas.
La pregunta final debería ser:
«¿Es Iris Varela una criminal?»
Esa pregunta corresponde, en su dimensión penal, a una investigación judicial con pruebas y garantías.
La pregunta que corresponde hoy al investigador es más incómoda:
¿Cómo pudo desarrollarse semejante poder criminal dentro de las cárceles venezolanas mientras el Estado afirmaba ejercer el control?
Porque la criminología no existe para fabricar culpables.
Existe para descubrir cómo se produce el delito, cómo se reproduce, quién lo facilita, qué instituciones fracasan y cómo impedir que vuelva a ocurrir. Y si Venezuela quiere reconstruir un verdadero Estado de derecho, tendrá que hacer precisamente eso. No sustituir una propaganda por otra. No cambiar unos intocables por otros.
Gervis Medina
Abogado, criminólogo y escritor venezolano.
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