Hay personajes en la historia criminal que parecen haber nacido para gobernar, otros para obedecer y algunos para explicar por qué los que gobiernan nunca tienen la culpa de nada. Jorge Rodríguez pertenece, por su trayectoria pública, a esa tercera categoría criminal que tanto material ofrece a la sátira: la del hombre que siempre encuentra un argumento para defender al poder, incluso cuando el poder cambia de argumento.
Su biografía institucional tiene algo de recorrido circular: cambian las oficinas, los interlocutores, las circunstancias y los discursos, pero el protagonista permanece.
Debo confesar que siempre me ha parecido peligrosa esa capacidad de ciertos políticos para atravesar las tormentas de la historia sin abandonar el camarote de mando. No porque sobrevivir políticamente constituya un delito afortunadamente para muchos, el Código Penal todavía no contempla semejante figura, sino porque la permanencia en el poder constituye un fenómeno digno de investigación.
Rodríguez estudió una disciplina dedicada a comprender el comportamiento criminógeno. Y terminó dedicando buena parte de su vida pública a defender un proyecto político cuyo comportamiento institucional merece ser examinado con especial detenimiento.
No pretendo sentarlo en un diván clínico, porque no corresponde realizar diagnósticos psiquiátricos de figuras públicas a partir de sus declaraciones. Mi diván es otro: el de la historia, donde se contrastan los discursos con los documentos, las promesas con los resultados y el poder con sus responsabilidades.
Y en ese consultorio metafórico no hay recetas médicas. Hay archivos, contradicciones y muchas preguntas sin responder.
La criminología tradicional acostumbró al ciudadano a imaginar al delincuente como un sujeto que habita los márgenes de la sociedad. Un individuo perseguido por la policía, fotografiado para el expediente y exhibido como evidencia de que la justicia funciona.
Sin embargo, Edwin Sutherland revolucionó esa percepción cuando introdujo el estudio de la criminalidad de cuello blanco. Nos recordó que determinadas conductas delictivas también pueden producirse en ambientes de prestigio, respetabilidad y autoridad.
Aquella reflexión no permite llamar delincuente a cualquier funcionario. Pero sí obliga a abandonar la ingenuidad de creer que una investidura institucional constituye un certificado de inocencia.
La criminología del poder no investiga únicamente quién ejecuta una conducta ilícita. También pregunta quién la ordena, quién la facilita, quién obtiene beneficios, quién conoce los hechos y qué mecanismos institucionales permiten su repetición.
En el caso venezolano, estas preguntas tienen particular importancia por las violaciones de derechos humanos documentadas por organismos internacionales a lo largo de los últimos años.
Y aquí aparece Jorge Rodríguez, cuya trayectoria dentro del chavismo (esa enfermedad del alma), merece estudiarse por el papel que ha desempeñado en la representación, defensa y negociación de sus posiciones políticas.
Se trata de algo distinto: establecer qué decisiones adoptó, qué posiciones sostuvo y qué responsabilidades políticas pueden examinarse a partir de evidencia concreta. Porque cuando se habla de responsabilidades institucionales hay una diferencia fundamental entre estar presente en la historia y ser jurídicamente responsable de un crimen.
Ahora bien, la propaganda, entendida como técnica para conquistar o conservar adhesiones, puede utilizarse en múltiples sistemas políticos. Su peligro aparece cuando pretende sustituir la evidencia, borrar las contradicciones o convertir la versión oficial en la única verdad admisible. En semejante escenario, la realidad corre el riesgo de transformarse en una empleada subordinada del discurso gubernamental.
Si hay escasez, se necesita una explicación. Si existe descontento, se necesita un enemigo. Si las instituciones reciben cuestionamientos, se necesita desacreditar a los críticos. Y si aparece una contradicción demasiado evidente, siempre puede convocarse una conferencia de prensa.
No sostengo que todas estas prácticas puedan atribuirse exclusivamente a Rodríguez. Sería confundir el análisis de un sistema político con la responsabilidad individual de uno de sus representantes.
Pero su larga experiencia como ministro de Comunicación y como portavoz de las posiciones gubernamentales permite estudiar una cuestión central: la distancia entre la narrativa oficial y los hechos sometidos a verificación independiente.
Recuerdo entonces a George Orwell, cuya obra 1984 exploró una sociedad en la que el poder procuraba dominar no solamente la conducta de los individuos, sino también su memoria y su lenguaje.
La analogía literaria no constituye prueba criminológica, desde luego, pero resulta extraordinariamente útil para formular una pregunta: ¿qué ocurre cuando la comunicación del Estado deja de explicar las decisiones públicas y comienza a exigir que la ciudadanía crea en ellas sin poder verificarlas?
La respuesta es inquietante. La información deja de ser un derecho ciudadano y corre el riesgo de convertirse en un privilegio administrado por los gobernantes.
Y no existe democracia sólida allí donde el ciudadano debe pedir permiso para comprobar la verdad.
En septiembre de 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Jorge Rodríguez, entonces ministro de Comunicación, como integrante del círculo de poder del carnicero de Miraflores Nicolás Maduro. La medida formó parte de la política de sanciones de Washington contra funcionarios venezolanos.
No debemos confundir una sanción financiera con una condena penal. La precisión jurídica es indispensable, especialmente cuando se escribe desde la criminología.
Pero tampoco podemos ignorar la contradicción histórica: el funcionario que figuró entre los sancionados por Estados Unidos forma parte hoy de un proceso de negociación en el que Washington vuelve a desempeñar un papel fundamental.
Es una de esas ironías que la política escribe sin necesitar la colaboración de un humorista.
En Venezuela, las palabras enemigo, imperialismo, soberanía, negociación y reconciliación han adquirido una extraordinaria elasticidad. Parecen hechas de goma: pueden estirarse, encogerse y acomodarse a las circunstancias.
Y el ciudadano, mientras tanto, tiene la obligación de comprender por qué lo que ayer parecía inconcebible hoy resulta indispensable.
La política tiene derecho a evolucionar. Lo que no tiene es derecho a exigir que la sociedad padezca amnesia.
Pedir perdón puede constituir un paso relevante en una transición. Pero cuando una estructura criminal empieza a hablar de reconciliación, surge una exigencia inevitable: identificar por qué se produjeron las injusticias, quiénes participaron en ellas y qué garantías impedirán su repetición.
¿Perdón por qué hechos concretos? ¿Qué responsabilidades se reconocen? ¿Quién reparará a las víctimas? ¿Qué ocurrirá con los funcionarios que hayan cometido delitos?
La amnistía puede resolver determinadas situaciones jurídicas. No reemplaza por sí misma la verdad histórica ni la investigación de graves violaciones de derechos humanos. Y aquí encuentro una de las contradicciones más profundas de la política venezolana: durante años, numerosas familias denunciaron detenciones arbitrarias y reclamaron justicia. Ahora, el lenguaje de la convivencia ocupa un espacio creciente en el discurso oficial.
Bienvenida sea cualquier medida que restituya derechos.
Pero me resisto a confundir la apertura de una puerta con la explicación de quién la mantuvo cerrada.
Carlo Cipolla formuló sus célebres leyes fundamentales de la estupidez humana para reflexionar, con ironía, sobre comportamientos que ocasionan perjuicios a otros sin producir necesariamente beneficios equivalentes para sus autores.
Su ensayo no constituye una teoría clínica ni un instrumento para diagnosticar individuos. Es una provocación intelectual que ayuda a pensar en las consecuencias de determinados comportamientos sociales.
Si trasladamos esa provocación al terreno venezolano, encontramos una pregunta inquietante: ¿cuántas decisiones políticas se han justificado mediante grandes promesas para terminar produciendo resultados contrarios a los intereses de la población?
Una autoridad puede equivocarse. Puede hacerlo por información insuficiente, por incentivos institucionales, por intereses particulares o por convicciones ideológicas.
Lo verdaderamente peligroso aparece cuando el sistema carece de mecanismos efectivos para corregir esos errores.
Entonces la obediencia sustituye al razonamiento, el miedo debilita la crítica y la propaganda ocupa el lugar de la rendición de cuentas.
Bertrand de Jouvenel, en Sobre el poder, advirtió acerca de la tendencia expansiva de la autoridad política. Su reflexión sirve para comprender por qué no basta con confiar en la buena voluntad de quienes gobiernan.
El poder necesita límites, no admiradores.
Y si algo nos ha enseñado la historia venezolana es que ningún dirigente, por hábil que sea en el debate público, debería contar con instituciones diseñadas para darle siempre la razón.
La participación de figuras vinculadas a la antigua estructura de gobierno en esta etapa plantea cuestiones complejas.
Es posible que las transiciones necesiten negociar con quienes conservaron cuotas importantes de poder. También es razonable exigir que esas negociaciones no terminen convirtiéndose en mecanismos de impunidad.
Ambas preocupaciones deben examinarse con seriedad.
Lo que me resulta extraordinariamente interesante es el cambio de vocabulario. Después de décadas de confrontación política, las palabras transición, convivencia, reforma y reconciliación han comenzado a circular con una intensidad renovada.
La historia parece haber cambiado de libreto sin reemplazar a todos sus actores.
Y Jorge Rodríguez sigue ocupando un lugar destacado en el escenario.
No sé qué lugar le reservarán los historiadores cuando tengan acceso a todos los documentos, decisiones y testimonios de esta época.
Lo que sí sé es que ninguna reconstrucción democrática será completa si se limita a sustituir la retórica de la confrontación por la retórica de la reconciliación.
Hay que transformar las instituciones, garantizar los derechos y esclarecer las responsabilidades.
Jorge Rodríguez estudió psiquiatría, una disciplina que exige escuchar, observar, analizar y comprender conductas humanas. Su trayectoria política, en cambio, lo ha situado durante años en escenarios donde las palabras han servido para defender posiciones de poder sometidas a profundas controversias.
No pretendo atribuirle una enfermedad, un trastorno ni una responsabilidad criminal que no esté demostrada. Eso sería abandonar la criminología para entregarse al prejuicio.
Prefiero formular una pregunta más difícil: ¿qué responsabilidad histórica corresponde a quienes, desde posiciones institucionales relevantes, contribuyeron a sostener las narrativas y decisiones de un sistema político cuyas actuaciones siguen siendo objeto de investigaciones y denuncias internacionales?
La respuesta no puede construirse solamente con insultos. Debe surgir de documentos, testimonios, decisiones verificables y procedimientos judiciales independientes.
Pero tampoco puede construirse mediante el olvido.
El perdón sin verdad corre el riesgo de convertirse en una ceremonia. La reconciliación sin justicia puede terminar siendo apenas un acuerdo entre poderosos. Y la reforma sin controles independientes puede cambiar el vocabulario de una institución sin modificar su funcionamiento.
En Venezuela se ha hablado demasiado de revoluciones y demasiado poco de responsabilidad individual.
Se ha prometido transformar al hombre, redimir al pueblo y construir una sociedad nueva. Sin embargo, la libertad más elemental sigue reclamando algo mucho más modesto: que ningún ciudadano tenga que someter su conciencia a la voluntad del gobernante.
Quizá el verdadero expediente que algún día deberá abrirse no sea solamente el de Jorge Rodríguez, sino el de una cultura política que permitió concentrar tanto poder en tan pocas manos.
Porque el poder tiene una costumbre peligrosa: confundir su propia permanencia con la legitimidad.
Y la historia, aunque tarde, suele hacer una pregunta que ninguna conferencia de prensa puede responder por sí sola:
¿Qué hicieron ustedes con el poder que tuvieron y qué consecuencias soportaron los ciudadanos por sus decisiones?
No será un psiquiatra quien deba responder por todos los venezolanos, ni un discurso quien pueda absolver las responsabilidades que deban investigarse.
Será la evidencia, contrastada por instituciones independientes, la que permita establecer la verdad.
Y acaso entonces el país comprenda una enseñanza que Friedrich Hayek defendió desde otra tradición intelectual: la libertad necesita límites al poder porque ningún hombre posee el conocimiento ni la autoridad moral suficientes para decidir el destino de toda una sociedad.
Al final, la historia no necesita un diván. Necesita memoria, pruebas y justicia.
Gervis Medina
Abogado, criminólogo y escritor venezolano
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