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Opinión

La economía “sordomuda” Por Antonio José Monagas

La dinámica de la econoía pareciera no tener parangón dado todo lo contradictorio que caracteriza la realidad económica. Podría pensarse que las dudas superan las respuestas. ¿O fue que su discurso se agotó? O acaso, ¿el silencio que sirve de cauce a la economía, es más estruendoso que las respuestas que de ella se esperan? Y por tanto, no hay respuesta que resista el escándalo que provoca la pregunta.

Sobre todo, cuando toca temas críticos que temen parafrasear duras verdades. O como decía la reconocida escritora y filósofa, de origen judío, Susan Sontag, “las únicas respuestas interesantes, son las que destruyen las preguntas”. De lo cual podría inferirse que todo ha sido culpa del proceso educativo vigente al eludir enseñar cómo, dónde, para qué, por qué y cuándo formular preguntas. O es que lo complicado, aunque simplificándose, sigue siendo complicado. Viéndose en consecuencia, la pregunta carente de fuerza e importancia. Tanto que, finalmente la pregunta se convertiría en una frase sin forma y sin sentido alguno.

En fin, muchas podrían ser las razones que expliquen tan grueso problema. Sin embargo, el mismo puede potenciar un caos capaz de ensombrecer u oscurecer el horizonte que avizora la dinámica de la economía de no tener la respuesta necesaria. Por consiguiente, dicho ambiente podría deparar la fertilidad necesaria para que en el fondo del cuestionado  terreno se produzca la implosión de una crisis de información que mute en una pesadilla de largo alcance.

La dinámica de la economía de la cual depende la movilidad de Venezuela, está en modo de opacidad. Pero a un nivel de espantosa perturbación. El oprobio que define las actuaciones del régimen político venezolano, mantiene en permanente zozobra la información de la cual se nutren los anales que han de referir el comportamiento de la economía.

No sólo como derecho ciudadano establecido constitucionalmente en el artículo 117 constitucional-venezolano, cuando exalta el derecho de toda persona a una “(…) información adecuada y no engañosa (…)” que requiera en virtud de las necesidades que se planteen ante las instancias respectivas.

Esa misma consideración, es extensamente referida a lo largo de la Carta Magna toda vez que aparece ampliada la descripción de los deberes que, con base en lo que el trazado constitucional determina entre las Disposiciones de la  Función Pública, puntualiza como parte de las Competencias del Poder Público Nacional. Incluso. Incluso, al aludir a la Seguridad de la Nación. Específicamente, al esbozar que dicha “seguridad” se fundamenta en la “(…) satisfacción colectiva e individual de los venezolanos sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional” (Artículo 326, ibídem).

De hecho, no es difícil notar la correspondencia entre preceptos constitucionales al advertir, entre la Disposiciones Generales (Capítulo I, Artículo 28), cuando destaca que “toda persona tiene derecho de acceder a la información y a los datos (…) contenidos en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley” (…) “Igualmente podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupo de personas”. (Idem)

Presunciones con valor

Sin embargo, y a pesar de lo que explaya la Constitución en aras de mostrarse amplia y solidaria, las preguntas que signan la dinámica de la economía no consiguen las respuestas necesarias. Porque no las hay. O porque sus respuestas cayeron en el vacío. Lo que se habla  no conviene a los intereses umbrosos que el régimen usurpador esconde. Quizás, por temor a que sus trampas sean descubiertas, sus engaños, malversaciones y sus estafas. Todo ello, ocupando el inmenso plano de la corrupción. A todo nivel burocrático.

Podría presumirse del miedo del régimen para no dejar información al libre juicio que configura cualquier consulta de necesaria indagatoria que deben realizar instituciones y profesionales de la economía. O empresas interesadas en posible negociación con oficinas públicas que se manejen en asuntos de inversión pública, planificación, producción, etc.

Incluso, cabría pensar en que el régimen se ciñe al pernicioso criterio del novelista noruego, Jostein Gaarder. Escribió con la mordacidad que posiblemente le inspiró alguna situación de desconfianza, malicia o prejuicio. Igual a las que vive el régimen político venezolano. Refirió Gaarder, que “los que preguntan, son siempre los más peligrosos”. También manifestó, que “una sola pregunta puede contener más pólvora que mil respuestas”.

Por otro lado, el economista Miguel Ángel Santos escribió para el diario El Universal (23-01-2009, p.1-7): “que hay preguntas en economía que, aunque se pueden objetar desde un punto de vista técnico, resultan intuitivamente atractivas a los no-economistas” ¿Querría decir: “politiqueros”? Luego Santos explica que la respuesta ante preguntas que hacen blandear el discurso de quienes hablan en nombre del régimen, permite dar cuenta que la respuesta no se encuentra. Particularmente, “porque está en esa madeja de inescrutables bolsillos interconectados en que se han convertido nuestras finanzas públicas”.

O acaso la respuesta que la economía solicita, se halla en el oscuro manejo de “la maquinita de fabricar dinero”(Idem) Agrega que es “el repetido chiste cubano del mismo guanajo comprado y vendido a una y mil veces”.

Por eso podría concluirse que la dinámica de la economía se encuentra embrollada. No habrá duda que la economía quedó amordazada y entumecida ante tantas interrogantes que asaltan su dinámica. O sea, ante las tantas contradicciones que asfixian a Venezuela, la economía quedó carente de habla y de audición. Es ahora la economía “sordomuda”

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