Justo cuando la oposición y el gobierno parecen en la vía compleja de, por lo menos, comenzar a conversar para tratar de darle un cariz más democrático al enconado conflicto político venezolano, un tribunal -el Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas- embarga la sede de El Nacional, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.
El máximo tribunal se avocó a solicitud de la representación legal del diputado y primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, a revisar la sentencia condenatoria contra el medio de comunicación por difamación y daño moral contra el dirigente político, al reproducir una información del diario ABC que el parlamentario consideró lesiva a su buen nombre.
El TSJ decidió, entonces, corregir la sentencia original e impuso a la empresa editora de El Nacional un pago de alrededor de 13 millones de dólares, expresados en petros, que Cabello demandó públicamente en efectivo para comprar vacunas contra la covid-19, o que, en caso de no recibir el monto en cash, tomaría la sede para montar una universidad de las comunicaciones.
La medida ha generado un amplio rechazo que se expresa en redes sociales, tanto a escala nacional como internacional, y algunos analistas lo consideran un grave paso en falso para un eventual proceso de diálogo. La comparación con el cierre de RCTV en 2007 es inevitable, pero El Nacional, cuya edición impresa dejó de circular en diciembre de 2018, puede permanecer activo como medio digital.
Así reaccionó el presidente-editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero:
Los cuestionamientos al embargo, que el propio Diosdado Cabello comentó en su cuenta de Twitter, vienen de los más variados sectores, como organizaciones defensoras de los Derechos Humanos:
Medios internacionales:
Gobiernos desde el exterior:
Dirigentes opositores:
Organismos gremiales:
También se unieron a la condena otros gremios profesionales, intelectuales y diversas personalidades, mientras que del lado oficialista se defendió las acción judicial. Un ejemplo es la diputada oficialista y periodista, Tania Díaz:
El argumento ad hominem del chavismo, en general, es que esta es una medida judicial que se ajusta a la legalidad y, por tanto, no debe ser «manipulada» políticamente. La diputada Díaz, en otro tuit, llamó al medio, fundado en 1943, un «cascarón vacío» que ya «estaba quebrado».
En todo caso, no es posible evaluar esta medida de manera aislada del actual contexto político, máxime cuando el propio Diosdado Cabello dejó caer lo siguiente:
Caiga Quien Caiga:
Si la política como ciencia se basa en la lógica y no solo en los dogmas o creencias, este seria un elemento a considerar como parte del llamado PACTO, propuesto a Maduro, elemento a ser discutido a priori.
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