Los recientes anuncios formulados por la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, y por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre la conformación de una mesa de diálogo integrada por diez representantes de cada delegación para construir una «ruta hacia la transición», constituyen, sin duda, uno de los acontecimientos políticos más relevantes de los últimos años.
Después de un largo período marcado por la confrontación, toda iniciativa orientada a encontrar una salida pacífica, democrática y constitucional merece ser observada con atención. Venezuela necesita acuerdos. Necesita estabilidad. Pero, sobre todo, necesita recuperar la confianza de sus ciudadanos.
Ahora bien, la experiencia acumulada durante más de dos décadas obliga a formular una reflexión que considero indispensable: la transición democrática no comienza cuando dos sectores políticos se sientan a conversar. La verdadera transición comienza cuando el Estado recupera su institucionalidad y ofrece garantías suficientes para que los venezolanos vuelvan a confiar en sus instituciones.
Por ello, cualquier ruta seria hacia la transición debe comenzar por la reinstitucionalización del Estado venezolano. Ello supone la designación de un Tribunal Supremo de Justicia verdaderamente independiente, capaz de garantizar la supremacía de la Constitución y actuar con absoluta autonomía frente al poder político. Del mismo modo, resulta indispensable la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral que genere confianza tanto en los actores políticos como en los ciudadanos.
A ello debe sumarse una profunda depuración y actualización del Registro Electoral, la garantía efectiva del derecho al voto para millones de venezolanos que hoy residen en el exterior, la devolución de los partidos políticos a sus legítimas autoridades, el restablecimiento pleno de las garantías políticas y electorales y la liberación de todos los presos políticos. Sin estas condiciones, cualquier acuerdo corre el riesgo de convertirse en una declaración de buenas intenciones sin capacidad real para producir el cambio que espera la inmensa mayoría de los venezolanos.
Sin embargo, existe otro aspecto que merece una profunda reflexión.
La Plataforma Unitaria Democrática no está integrada únicamente por la Asamblea Nacional electa en 2015 ni por las diez personas que eventualmente sean designadas para participar en esa mesa de negociación. La Plataforma representa una amplia alianza de organizaciones políticas, dirigentes nacionales y regionales, gremios, universidades, trabajadores, empresarios y diversos sectores de la sociedad civil que durante años han sostenido la lucha por el restablecimiento de la democracia en Venezuela.
Precisamente por ello, la legitimidad política de cualquier acuerdo dependerá, en buena medida, de que quienes participen en esa negociación representen realmente a ese amplio espectro democrático. Una transición no puede construirse únicamente entre quienes ocupan un asiento en una mesa; necesita el respaldo político y social de quienes representan a millones de venezolanos.
Surge entonces una preocupación legítima: si este proceso de negociación no incorpora a la Plataforma Unitaria Democrática en toda su amplitud, existe el riesgo de abrir nuevas fisuras dentro del bloque democrático, precisamente en un momento en el que la unidad constituye uno de sus principales activos políticos. Paradójicamente, un proceso concebido para facilitar una transición podría terminar debilitando la cohesión de la oposición si las decisiones son asumidas únicamente por un grupo reducido de actores, sin la participación de las organizaciones políticas y sociales que conforman esa alianza.
En ese contexto, también resulta difícil imaginar una negociación nacional sin la participación de María Corina Machado. Más allá de las posiciones que puedan existir sobre su liderazgo, es innegable que hoy representa la principal referencia política de la oposición venezolana y que cuenta con un respaldo ciudadano ampliamente reconocido. Cualquier acuerdo que aspire a convertirse en una verdadera hoja de ruta hacia la transición debería contar con la participación de quienes hoy poseen la mayor legitimidad política dentro del sector democrático.
La gran interrogante es si este diálogo constituye realmente el inicio de una transición democrática o si, por el contrario, solo busca generar expectativas en la población mientras se mantiene intacta la actual estructura de poder.
La respuesta dependerá de los hechos y no de los discursos.
Los venezolanos han sido testigos de numerosos procesos de diálogo cuyos resultados terminaron siendo insuficientes o simplemente inexistentes. Por ello, la confianza solo podrá recuperarse cuando las conversaciones comiencen a traducirse en decisiones concretas que fortalezcan las instituciones y garanticen condiciones democráticas verificables.
A este escenario se suma otro elemento que recientemente volvió al debate público. El presidente Donald Trump anunció la desclasificación de información relacionada con presuntos fraudes electorales ocurridos en distintos países, entre ellos Venezuela. Corresponderá conocer el contenido y alcance de esos documentos una vez sean divulgados. Sin embargo, las denuncias sobre irregularidades en procesos electorales venezolanos no son nuevas ni comenzaron ahora.
En lo personal, recuerdo que durante el referéndum revocatorio presidencial de 2004, cuando ejercía la coordinación general de la Coordinadora Democrática Juvenil del estado Zulia, denunciamos públicamente, con las actas que estaban a nuestro alcance, irregularidades que, a nuestro juicio, no reflejaban la voluntad expresada por numerosos electores. Aquella experiencia fortaleció nuestra convicción de que ninguna democracia puede consolidarse mientras persistan dudas sobre la integridad de sus procesos electorales.
Precisamente por ello, la reconstrucción del sistema electoral constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier transición democrática.
Los venezolanos no esperan una nueva fotografía alrededor de una mesa de negociación. Esperan recuperar el Estado de Derecho, la independencia de los poderes públicos, la confianza en el voto y la posibilidad real de decidir democráticamente el futuro del país.
La transición no será el resultado de un acuerdo firmado entre veinte personas. La transición será el resultado de reconstruir las instituciones, garantizar elecciones auténticamente libres y transparentes, devolverles la voz a los ciudadanos y preservar la unidad de quienes aspiran a una Venezuela democrática.
Solo cuando esas condiciones comiencen a materializarse podremos afirmar, con verdadera esperanza, que Venezuela ha iniciado el camino hacia la transición democrática.
Engels Espina Molero
Abogado. Máster en Dirección en la Gestión Pública. Exconcejal y exsíndico procurador del municipio Almirante Padilla.
Analista político y consultor en comunicación política y estrategia electoral.
Abog. Engels Espina Molero | LinkedIn
Correo electrónico: abogengelsespina@gmail.com
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