El trabajo del Casla Institute, organización radicada en Praga, capital de la República Checa, situada en el centro de Europa, se ha dedicado a testimoniar violaciones de DD.HH. cometidos por regímenes políticos que abrazan modelos autoritarios y totalitarios regados por el mundo. Aunque de manera especial, su principal atención se centra en países con sistemas políticos socialistas toda vez que se atienen a estilos de gobierno para los cuales la tortura es vista como una práctica intimidatoria empleada con el propósito de doblegarle la conciencia, la dignidad y la moral a quienes se resisten a aceptar el despropósito de la violencia como criterio de gobierno. Así como las medidas que atentan contra las libertades y derechos de los individuos de pensamiento y desempeño de vida democrática.
De modo anual, el Casla Institute, creado para suceder al Centro de Estudios para la América Latina, cuya organización bandera es el Observatorio de Derechos Humanos, presenta informes consecutivos que tratan problemas relacionados con crímenes de lesa humanidad cometidos por gobiernos arbitrarios. Actos estos condenados con el mayor empuje jurídico posible dado que sus análisis exponen el tamaño de la tragedia que viven naciones sometidas por el influjo de gobiernos criminales. Y tristemente, Venezuela está señalada entre los países acusados por la Corte Penal Internacional de cometer delitos de causa mayor.
El último informe preparado sobre el caso Venezuela, asusta al más bravucón. A decir de su investigación, las torturas referidas han seguido un patrón operativo cuyo diseño es producto del imaginario de mentes profundamente trastornadas. Indistintamente si las cámaras, instrumentos o mecanismos de torturas fueron concebidas para causar dolor físico, angustia mental o sufrimiento psicológico, no es difícil inferir que el proyecto que siguió la construcción de los mismos resultó de quienes viven el medioevo como escenario de depravado placer. Además, de personas facultadas por mentalidades disociadas. Carentes de conciencia, razón y sentimientos. Más aún, sin valores morales.
De la tortura y sus acólitos
Quienes asumen el papel de torturador, individuo servil y castrado de alma. Generalmente, al servicio de otro torturador, no puede esconder la perversidad, maldad y depravación que alberga o enfunda bajo un teñido y planchado uniforme, adornado de banderas e insignias cuyo significado es estéril. Muchas veces, lleno de estrellas de lata y símbolos de cartón.
El subdesarrollo, alienado de ideologías retrógradas, se complementa con el acto de torturar, violar o matar. Es un tanto la razón que esgrime subrepticiamente cualquier régimen perpetrador de abusos, humillaciones y profanaciones de la condición humana, para ordenar la edificación de distintos habitáculos cuyo empleo se destina a las torturas más crueles e inhumanas que pueden darse.
En Venezuela se habla, entre otros artificios, de la “nevera”, la “celdita” y la “caja de muñecas” cuyos nombres son expresiones del terror que el régimen venezolano dispensa a quienes se oponen, resisten y refutan las arbitrariedades, injusticias y atropellos que comete en aras de silenciar, persuadir e infligir los castigos más salvajes en nombre de la “revolución y del patriotismo desaforado”.
De las prácticas de tortura
Tales prácticas de ultraje, representan encarecidas violaciones a los derechos humanos y libertades. No obstante tal diversificación en los modos de torturar, vienen acicalándose a manera que lograr métodos más brutales, que a través del inmediatismo, busquen la desesperación y el abatimiento del inculpado de forma más “eficaz”. Que la desmoralización logre su propósito como lo espera todo esbirro con atuendo de torturador.
El régimen venezolano ha venido hundiéndose más en el lodazal colmado de delitos de lesa humanidad. Según los informes de Casla Institute, los delitos cometidos siguen una esquema sistemático realizado bajo órdenes canalizadas desde elevados cargos políticos responsables de la alta gerencia político-administrativa del país. Y en cuyo cauce, lucen implicadas la jurisdicción militar y policial. Supuestamente encargadas de la seguridad y defensa nacional y regional.
Tan valiosos y pertinentes informes, elaborados a instancia de la necesidad de hacer público el proceder inhumano de los maltratadores de oficio, ellos funcionarios militares, policiales o parapoliciales al servicio de la iniquidad del régimen autodenominado “socialista, bolivariano y revolucionario”, describen excesos cometidos y ordenados por la superioridad política escondida detrás de pretextos políticos de retorcida y camuflada intención.
El Casla Institute, desde su creación en 2007, ha reportado el constante uso de antiguos y nuevos métodos de tortura dirigidos a doblegar la dignidad y la moral de quienes son víctimas de barbaridades ejecutadas sin considerar los límites entre la vida y la muerte. Sin medir las consecuencias inmediatas que tales maltratos encarnan.
Sin embargo, el régimen sigue haciéndose de oídos sordos ante los reclamos y exigencias de parte de organizaciones no-gubernamentales que claman el freno de todo acto de vandalismo. Episodios estos que violan derechos humanos y libertades a las que todo ser humano debe y puede disfrutar. Lo contrario, es actuar impúdicamente y con la inmunidad que desata el poder ilegítimo y proceder con licencia para “torturar y matar”.
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