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MANO DURA: Estados Unidos lanza una batería de medidas para controlar la migración ilegal en la frontera con México

Ampliará a otras nacionalidades el programa de reagrupación familiar bajo palabra y abrirá centros de acogida en Colombia y Guatemala

“Nuestra frontera no está abierta y no lo estará después del 11 de mayo”, dijo Mayorkas.

Estados Unidos endurecerá las sanciones contra la migración ilegal, a partir del próximo 11 de mayo cuando entrará en vigencia la norma sanitaria o Título N°8 que sustituye al Título 42, pero abrirá centros en Colombia y Guatemala para preseleccionar a los migrantes que podrán entrar en el país en cuanto se levante una norma que permite expulsar a muchos de los que cruzan la frontera con México.

El gobierno del presidente Joe Biden teme que se dispare el número de solicitantes de asilo cuando el 11 de mayo se levante una norma sanitaria conocida como Título 42, que permite bloquear o expulsar a la inmensa mayoría de los que llegan a la frontera sin visa o documentación requerida para entrar.

La nueva norma prevé una prohibición o veto de ingreso a Estados Unidos hasta por cinco años a todos los migrantes que sean detenidos en la frontera con México en el intento de entrar a territorio estadounidense.

La intención es que la migración ilegal tenga «consecuencias» que no solo impliquen la prohibición de ingreso, sino la aplicación de «posibles procesos penales por intentos repetidos de cruzar ilegalmente», dijo un funcionario estadounidense no identificado, citado por la Voz de América.

Es un tema muy delicado para el presidente demócrata, Joe Biden, sobre todo ahora que es candidato a la reelección en las presidenciales de 2024, en las que podría batirse en duelo electoral con su predecesor, el republicano Donald Trump.

Este último y los republicanos en general acusan a Biden de fracasar en la gestión de lo que califican de «crisis migratoria» en la frontera con México, por donde más de 160.000 personas intentaron entrar en marzo, según fuentes oficiales.

Batería de medidas

Para ponerle remedio el gobierno anunció este jueves una batería de medidas con las que espera frenar una avalancha.

Según el Departamento de Estado, Washington abrirá «centros regionales de procesamiento» en toda América Latina «para facilitar el acceso a vías legales» de entrada.

Comenzará por Guatemala y Colombia, países a los que el jefe de la diplomacia, Antony Blinken, agradeció «su papel como excelentes socios de Estados Unidos en estos esfuerzos», durante una rueda de prensa conjunta con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Estos centros correrán a cargo de organizaciones internacionales porque cuentan con «ubicaciones físicas» en las que sus expertos y funcionarios estadounidenses «harán una selección previa de las personas que vienen», explicó Blinken.

Se determinará si los migrantes «son elegibles» para acceder al estatus de refugiado, a una autorización de permanencia temporal, la reunificación familiar o a un permiso de trabajo en Estados Unidos.

Los interesados pueden pedir cita por teléfono para acceder al centro regional más cercano.

Biden cuenta con la colaboración de aliados como España y Canadá, dos países que según Washington aceptarán referencias de estos centros para que los migrantes puedan acceder a sus programas.

Los centros regionales también proporcionarán información sobre las opciones locales en América Latina y el Caribe, incluidas las oportunidades de regularización en los países anfitriones y servicios sociales disponibles.

Mayorkas calcula que los centros regionales permitirán tramitar rápidamente «un mayor número» de solicitudes, inicialmente unas 5.000 o 6.000 más por mes.

Reunificación familiar

Por otro lado, Washington «está simplificando» los procesos de permiso de reunificación familiar para cubanos y haitianos y se los extenderá a ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia, informó Mayorkas.

El gobierno también continuará con el programa que permite a los migrantes usar la aplicación CBP One para agendar una hora y un lugar para presentarse en un puerto de entrada. Se aplicará a aquellos que se encuentren en el centro o norte de México.

Y seguirá dejando entrar por mes cupos de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, según una política pactada con México que refuerza en cambio las expulsiones de aquellos que intenten cruzar la frontera sin la documentación necesaria.

Deportación acelerada

Pero, los representantes del Gobierno estadounidense advierten que el 12 de mayo «la frontera no estará abierta», como sugieren los traficantes de personas a través de campañas de desinformación en las redes sociales.

Una vez que se levante el Título 42 el gobierno aplicará el Título 8, como vienen haciendo desde hace décadas tanto demócratas como republicanos.

El Título 8 permite expulsar a todos aquellos que no tengan una autorización para entrar y a diferencia del Título 42 si intentan volver a ingresar se les sancionará con una prohibición de reingreso de al menos cinco años y posibles procesos penales.

Aquellos que no recurran a las «vías legales» se expondrán a la «deportación acelerada» en cuestión de días o pocas semanas, advirtió Mayorkas, que incluye a los cubanos y haitianos entre los posibles expulsados a México.

La expulsión acelerada de los adultos que viajan solos se tramitará desde las instalaciones de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos llevarán a cabo las llamadas entrevistas de miedo creíble, en las que evaluará si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país.

«Hemos ampliado nuestra capacidad de retención y establecido equipos y procedimientos para que las personas tengan la capacidad de acceder a un abogado», aseguró Mayorkas, quien añadió que aumentarán los vuelos de repatriación.

En el caso de las familias es diferente y, tras semanas de rumores, el gobierno se ha decantado por «priorizar la unidad familiar». 

Las familias serán deportadas, incluso de forma acelerada, si incumplen los requisitos para quedarse, pero se les aplicarán medidas alternativas a la detención, como el monitoreo por GPS.

Las expulsiones afectarán asimismo a aquellos migrantes que se hacen a la mar y «son interceptados tratando de llegar» a las fronteras marítimas, advirtió Mayorkas.

«Hemos visto morir a demasiadas personas, familias, mujeres, niños en el mar embravecido», afirmó.

Para los demócratas se trata de medidas provisionales hasta que el Congreso se ponga de acuerdo en una política migratoria que Biden pide desde su llegada a la Casa Blanca y que casi no tiene posibilidades de prosperar.

Un acuerdo que urge, según Mayorkas, porque el «sistema migratorio está desactualizado y muy roto».

Fuente ElNacional.com

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