Crisis en Venezuela 2026
El 3 de julio de 2026, a Venezuela se le acabó el reloj. No hubo cadena nacional, no hubo comunicado del Palacio de Miraflores, no hubo declaración del Departamento de Estado. No hubo una sola sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional. Ese día, venció el plazo máximo que la Constitución venezolana concede a un presidente encargado y el país entero siguió funcionando como si nada hubiera pasado. Quiero que entiendas bien lo que te estoy diciendo, porque no es un tecnicismo de abogados. Desde principios de julio, Venezuela es un estado gobernado por alguien que ya no tiene título constitucional para gobernarlo. Y lo más extraordinario no es eso. Lo más extraordinario es el silencio. El silencio del oficialismo, que no convocó elecciones. El silencio de la oposición, que no tiene fuerza para exigirlas. Y el silencio de Washington, que es hoy el auténtico árbitro de lo que ocurre en Caracas y que, teniendo el poder de exigir un calendario electoral, decidió no exigirlo. Yo soy europeo. Miro esto desde afuera, con la cicatriz de haber cubierto Venezuela durante años. Y te digo con toda claridad: lo que está pasando ahí no tiene precedente moderno en América Latina. No es una dictadura clásica. No es una transición. Es otra cosa. Y hoy, vamos a ponerle nombre.
Vamos con ello.
Retrocedamos al principio, porque los detalles importan. El 3 de enero de 2026, fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en Caracas y los sacaron del país. Ese mismo día, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia que ordenaba a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumir la presidencia en condición de encargada. Ahora, fíjate en el detalle jurídico porque aquí está la trampa. La constitución venezolana contempla dos figuras: la falta temporal y la falta absoluta. El artículo 234 dice que la falta temporal la suple el vicepresidente por 90 días, prorrogables por otros 90. Máximo: 180 días. Y el artículo 233 dice que, si se declara la falta absoluta, hay que convocar elecciones presidenciales en los 30 días siguientes. ¿Y qué hizo el oficialismo? Ni una cosa ni la otra. Según un análisis publicado por el economista Gerardo Lucas en La Patilla, la Sala Constitucional inventó una tercera categoría que no existe en el texto constitucional. La llamó ‘ausencia forzosa’, producto de lo que calificó como una ‘agresión extranjera y un secuestro’. Una figura sin base legal que, en la práctica, abría la puerta a una interinidad de duración indefinida. Pero incluso con esa invención, el reloj de los 180 días siguió corriendo y se agotó. Dependiendo de si cuentas desde el 3 de enero, cuando fue dictada la sentencia, o desde el 5, cuando Rodríguez juramenta, el plazo expiró entre el 3 y el 5 de julio. La ONG venezolana Acceso a la Justicia lo formuló sin rodeos: a partir de esa fecha, Venezuela entra, según su análisis, en un terreno de inconstitucionalidad abierta e inédita. Y el abogado y defensor de derechos humanos Joel García, citado por Infobae, lo resumió así: ‘El vencimiento de los 180 días no es un asunto de plazos, es una ruptura’.
El gobierno encargado no ha respondido a nada con un argumento jurídico. Ha respondido con silencio administrativo. Y, según reportaron medios venezolanos a comienzos de julio, sus equipos legales estudian decretar una prórroga excepcional invocando el Estado de Alarma por desastre natural.
Y aquí, llegamos al segundo elemento de esta historia. Porque ese desastre natural existe. Y es brutal. El 24 de junio de 2026, a Venezuela le ocurrió algo que los sismólogos llaman ‘doblete’. Dos terremotos mayores casi simultáneos. Primero, uno de magnitud 7.2 con epicentro a 23 kilómetros de San Felipe, en el estado Yaracuy. 39 segundos después, un segundo sismo de magnitud 7.5 a 28 kilómetros al sureste de Yumare, y a solo 10 kilómetros de profundidad. Esa poca profundidad amplificó su capacidad destructiva en superficie. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que emitió alerta roja para ambos eventos. Las zonas más golpeadas: La Guaira, Caracas, y el Distrito Capital, con daños extendidos a Miranda, Carabobo, Yaracuy y Aragua. La Guaira concentró lo peor: decenas de edificios colapsados en Macuto, Caraballeda y Naiguatá, localidades levantadas sobre mampostería sin refuerzo estructural. Las cifras oficiales con corte del 19 de julio: 5.208 muertos, 16.740 heridos, 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron por completo. Miles de personas sin hogar durmiendo en refugios improvisados, escuelas, estadios, parques, y muchos más en 107 campamentos transitorios. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, cifró en más de 128.000 las familias impactadas directamente. Los equipos de rescate sacaron con vida a más de 6.400 personas de entre los escombros. Al menos 300 cuerpos siguen sin identificar, según los datos entregados a la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Internacional para las Migraciones estimó que hasta 6.8 millones de personas podrían necesitar asistencia humanitaria. Unicef calculó unos 680.000 niños entre los afectados. Es el peor desastre natural registrado en Venezuela en más de un siglo.
Pero aquí viene la parte incómoda, la que casi nadie te cuenta. Antes de seguir, un momento. Este canal no tiene patrocinadores, no tiene fondos institucionales y no le rinde cuentas a nadie más que a ti. Verificar cada cifra de este guion lleva días. Si valoras eso, hay un enlace en la descripción de apoyo. Un café, nada más. Y seguimos.
El 14 de julio, la organización Transparencia Venezuela publicó un informe técnico con un título que es, en sí mismo, una sentencia: ‘La insuficiente respuesta estatal: El desastre ocurrió antes del terremoto’. Para medir la reacción del Estado, aplicaron una herramienta llamada ‘Índice de Brecha de Despliegue’. Y el resultado, según ese informe, es demoledor. En las primeras 24 horas tras los sismos, Venezuela desplegó apenas el 12.6% de su capacidad máxima de efectivos de rescate. A las 48 horas, el 34.6%. ¿Con qué se compara eso? Chile, ante sismos de magnitud similar, despliega más del 71% de sus equipos en ese mismo período. La conclusión del informe es que la tragedia no la causó la geología. La causó el deterioro acumulado de las instituciones públicas venezolanas durante dos décadas. Hospitales sin capacidad, cuerpos de bomberos sin equipos, Protección Civil desmantelada. El terremoto no destruyó al Estado. El terremoto reveló que el Estado ya estaba destruido. Y ese hallazgo no salió de la nada. The New York Times reportó a finales de junio que la escasez de equipamiento de rescate obstaculizó la respuesta. Y un informe recogido por CNN lo describió con una frase que se ha quedado clavada en el imaginario venezolano: ‘La gente se convirtió en sus propios socorristas. Vecinos cavando con las manos. Familiares abriendo túneles a mano en La Guaira para llegar hasta los suyos’. Semanas después.
El gobierno encargado rechaza esta lectura. Delcy Rodríguez ha defendido públicamente la actuación de su ejecutivo, ha reivindicado las toneladas de alimentos distribuidas y los millones de litros de agua entregados, y ha atribuido las limitaciones al bloqueo y a las sanciones que aún pesan sobre el país. Esa es su posición y es justo que la conozcas. Pero los venezolanos, muchos de ellos, no la comparten. Según datos del proyecto ACLED, en el primer semestre de 2026 se registraron más de 1.400 protestas en Venezuela. Más del doble que en todo el año 2025 completo. En seis meses, el doble de protestas que en doce meses. Y eso ocurrió antes del terremoto. En un país donde salir a la calle sigue costando la libertad.
Aquí conviene detenerse en una lección histórica, porque la ha planteado la propia academia. Un análisis publicado este mes en The Conversation recuerda a dos presidentes: El terremoto de Managua de 1972, que erosionó de forma irreversible al somocismo. Y el de Ciudad de México de 1985, que abrió grietas duraderas en la hegemonía del PRI. La tesis es esta: los desastres no solo destruyen infraestructura, auditan Estados. Y la auditoría venezolana, según ese mismo análisis, arroja un déficit doble: de capacidad para gobernar y de título legítimo para hacerlo.
Ahora bien, un país sin mandato constitucional vigente, con 5.000 muertos, con 6 millones de personas necesitando asistencia, y con una reconstrucción por delante que va a costar decenas de miles de millones de dólares, necesita una cosa por encima de todas: Dinero. Y aquí es donde esta historia deja de parecerse a cualquier otra crisis latinoamericana que hayas visto. Porque el dinero de Venezuela existe. Está fluyendo. Está creciendo. Los barcos petroleros vuelven a salir del lago de Maracaibo y de la faja del Orinoco. Las multinacionales han vuelto. Pero ese dinero no está en Caracas. Está en una cuenta que administra el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. De la que ni Washington ni Caracas han rendido cuentas públicas. En el segundo capítulo, te voy a explicar exactamente cómo funciona ese mecanismo, quién controla la llave, cuánto se calcula que costará reconstruir Venezuela, y por qué la verdadera guerra que se está librando ahora mismo en el chavismo no es ideológica. Es una guerra de sucesión con apellidos concretos. Y hay un nombre que aparece donde menos lo esperas.
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