La historia de los pueblos no se escribe únicamente a través de sus momentos de gloria, sino fundamentalmente por la manera en que enfrentan y superan sus horas más oscuras. En el caso venezolano, las últimas dos décadas han estado marcadas por una acumulación de adversidades que han puesto a prueba la fibra moral, la paciencia y la resistencia de cada ciudadano. No se trata de simples golpes de mala fortuna, sino de una cadena de acontecimientos catastróficos.
Revisar el período comprendido entre los años 2014 y 2019 es encontrarse con el inicio de un desplome estructural sin precedentes en la era moderna de nuestra región. La aplicación dogmática de controles de cambio asfixiantes y políticas de precios destructivas terminaron por pulverizar el aparato productivo nacional, generando niveles de escasez de alimentos superiores al ochenta por ciento. Las interminables colas kilométricas para adquirir rubros básicos se convirtieron en el paisaje cotidiano de las familias.
A esto se sumó un ciclo de hiperinflación salvaje que diluyó por completo el poder adquisitivo del salario, despojando a los trabajadores de su derecho a una vida digna. Lejos de encontrar un alivio, el país recibió otro impacto devastador en marzo de 2019 con el colapso del sistema eléctrico nacional. Ese mega-apagón mantuvo a oscuras al territorio por más de cinco días consecutivos, paralizando el comercio, las telecomunicaciones y el suministro de agua potable.
Esta grave parálisis energética provocó escenas dantescas en las salas de urgencias de los hospitales públicos, demostrando cómo la desatención estatal transforma fallas técnicas en tragedias humanitarias. La sumatoria de estas calamidades económicas y de infraestructura generó el escenario propicio para un éxodo forzoso que continúa descapitalizando a la nación. Las estadísticas calculan que cerca de nueve millones de venezolanos han tenido que cruzar las fronteras en busca de oportunidades.
Este movimiento migratorio masivo representa aproximadamente el treinta por ciento de la población total del país, una cifra alarmante que se traduce en familias fracturadas y abuelos en soledad. En medio de esta vulnerabilidad extrema, el país encaró la llegada de la pandemia del coronavirus entre los años 2020 y 2022. La emergencia sanitaria encontró un sistema de salud pública en ruinas, carente de insumos básicos y con fallas constantes de servicios.
La realidad en las comunidades evidenció una alta mortalidad, cobrando además la vida de cientos de valientes profesionales de la salud que entregaron su existencia en el cumplimiento del deber. La naturaleza también dejó sentir su fuerza sobre una infraestructura ya debilitada por el abandono institucional y la falta de prevención. En octubre de 2022, las intensas precipitaciones causaron deslaves en Aragua, arrasando sectores enteros de Las Tejerías y golpeando El Castaño.
Estas tragedias climáticas desnudaron la inexistencia de sistemas de alerta temprana y la precaria capacidad de respuesta inmediata de los organismos de protección civil. Cuando la ciudadanía buscaba caminos para una tímida estabilización, el violento doble sismo de junio de 2026 volvió a sacudir la región centro-norte. Teniendo como zona cero la costa de Vargas y Caracas, este movimiento telúrico provocó el colapso inmediato de numerosas estructuras residenciales y comerciales.
Más allá del daño físico visible, el terremoto expuso una inacción inicial por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, los cuales tardaron horas cruciales en iniciar rescates. El manejo de esta última emergencia estuvo marcado por una preocupante desconexión institucional, evidenciada en el decreto de luto emitido una semana después. Durante esa vital ventana de tiempo inicial, la burocracia estatal priorizó los controles centralizados por encima de la ayuda humanitaria.
Asimismo, las familias de los deudos han tenido que enfrentar las rigideces de la voracidad fiscal y los costosos trámites sucesorales tras el fallecimiento de sus seres queridos. Esta acumulación de acontecimientos trágicos a lo largo de los últimos años guarda relación con nuestra forma de pensar, los principios esenciales y los valores fundamentales de la organización. Consideramos que la recurrencia de estas calamidades no es un destino inevitable, sino una mala gestión.
Un Estado con vocación verdaderamente humana debe estructurar sus políticas sobre el valor de la previsión institucional, dignificando y equipando adecuadamente a sus cuerpos de rescate. La reconstrucción integral que Venezuela reclama con urgencia de cara al porvenir no puede limitarse a la reparación material de edificios caídos. El verdadero desafío histórico pasa obligatoriamente por una profunda regeneración moral y civil de todas las instituciones de la administración pública de la nación.
Es imperativo desmantelar las prácticas del chantaje burocrático y erradicar los focos de corrupción que pretenden lucrarse con las necesidades más apremiantes de los ciudadanos. El respeto absoluto a la dignidad humana, la transparencia en el manejo de los fondos de auxilio y la contraloría social activa son los únicos pilares capaces de sostener el renacimiento de la patria. Necesitamos edificar una nación próspera, decente y con capacidad real de respuesta ante la adversidad.
Apostar por el cambio institucional es el único camino seguro para devolver la tranquilidad y la seguridad a cada familia venezolana. Tenemos el deber de aprender de estas horas oscuras para no repetir los errores de la improvisación que tanto dolor nos han costado. La fuerza de nuestro pueblo y la voluntad de trabajo unido nos darán los fundamentos necesarios para levantar un país moderno, sólido, transparente y preparado para enfrentar cualquier desafío del futuro.
*Coordinador Nacional del Movimiento Político GENTE
noelalvarez10@gmail.com
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