La sede en Caracas del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional hace tiempo dejó de ser un centro de detención transitorio. Se transformó en un reclusorio clandestino que llegó a albergar a 72 prisioneros. Hoy, sin embargo, apenas aloja a una mujer y cuatro hombres, todos ellos exalcaldes del estado Zulia, acusados de narcotráfico y arrestados en 2025 por la operación policial ‘Relámpago del Catatumbo’. La exclusividad de esta cárcel se refuerza con la identidad de su carcelero VIP: Diosdado Cabello.
Amanda Molero vio a través de las cámaras de seguridad a los hombres que, con capuchas sobre sus rostros y armados hasta los dientes, tocaban a la puerta de la casa de su tía, en Maracaibo, capital del estado Zulia (extremo noroeste de Venezuela). Dentro de la vivienda, agitada, con las manos temblorosas, sacó el valor para llamar a su mamá por teléfono. Lo intentó una y otra vez. Pero no consiguió respuesta. Entonces, le escribió un mensaje de WhatsApp en el que detallaba lo que ocurría.
“Ábreles, hijita”, fue la escueta respuesta escrita que finalmente recibió de quien, según creía, era su madre en Caracas.
Obedeció.
Al entrar, los sujetos apuntaron con sus armas a ella y a su hermano menor, en ese momento de 17 años. Los intrusos farfullaban groserías e improperios. Uno de ellos gritó: “¡Todos están detenidos!”. En ese momento, Amanda comenzó a llorar. A esas alturas, los hombres ni se habían identificado ni, mucho menos, habían mostrado alguna orden de requisa o de captura.
Mientras algunos encapuchados revisaban la casa, cuarto por cuarto, otro de los hombres reprochó a Amanda: “¿Por qué lloras? No tienes que llorar: esto es lo malo de trabajar con el narcotráfico y de usar algo del pueblo para cosas así”.
Amanda no entendía por qué su mamá, Indira Celina Fernández Dugarte —alcaldesa del Municipio Indígena Bolivariano La Guajira, estado Zulia, electa por primera vez en 2017 y luego reelecta en 2021, siempre con el apoyo del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)—, le había contestado que dejara pasar a los sujetos que ahora la amenazaban.
Muy pronto llegaría a sus manos la información para descifrar el porqué. No había sido su mamá, sino un agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política), quien, desde Caracas, respondió al mensaje. Unas horas antes, en un hotel de Altamira, en el noreste de la capital venezolana, la alcaldesa y su pareja, Ronnix Yancen, habían sido detenidos cuando se alistaban para regresar a Zulia. Los funcionarios incautaron entonces el teléfono celular de Fernández, del que tomaron control para hacerse pasar por ella.
De esos apresamientos sabrían Amanda y sus hermanos al día siguiente, una vez liberada ella misma de una breve detención y de un interrogatorio en el que los funcionarios le preguntaron con insistencia por “el nombre del mamagüevo ese”, en alusión a su padrastro. Se enteraron primero por una publicación del Sebin en la red social TikTok. Y las confirmarían dos días después, al mediodía del 4 de abril de 2025, cuando Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz designado por Nicolás Maduro —cargo que hoy todavía detenta—, informó al público de la detención no solo de Indira Celina Fernández sino también de las de otros alcaldes del estado Zulia, como parte de lo que denominó Operación Relámpago de Catatumbo, una misión supuestamente orientada a desmantelar redes de tráfico de drogas entre Venezuela y Colombia.
Hoy, Indira Celina Fernández es la única mujer entre cinco presos, todos ellos, exalcaldes de distintos municipios de Zulia, que siguen confinados en el Comando Nacional Antidrogas (CNA) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la urbanización Las Acacias, un vecindario de clase media en el centro-sur de Caracas. Allí, hasta enero de este año, llegó a haber más de 70 presos. Hoy solo queda esta delegación zuliana, exigua pero distinguida, que conforman la propia Fernández junto con sus colegas del chavismo Jorge Nava (municipio Miranda), Alberto Sobalvarro (municipio Almirante Padilla) y Danilo Añez (municipio Jesús Enrique Losada), además de Fernando Loaiza, exalcalde del municipio Catatumbo y militante del opositor partido socialdemócrata Acción Democrática (AD).
Aunque de distintos géneros y credos políticos, los exalcaldes recluidos hoy en esa comandancia de Las Acacias comparten historias comunes. Casi todos —con excepción de Nava— gobernaban cantones situados al este del Lago de Maracaibo, sobre la frontera con Colombia. Todos están acusados de ser cómplices de tráfico de drogas y otros cargos. Todos estuvieron desaparecidos, pues fueron presentados después de 50 días de ser detenidos y no dentro del plazo de 48 horas que establecen las leyes venezolanas. A todos les ha sido denegado el derecho a ser asistidos por un abogado privado. A todos les negaron el beneficio de la amnistía recientemente decretada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Y todos quedaron reunidos desde hace poco más de un año en un recinto que entre los activistas de las oenegés y los familiares de presos políticos se conoce coloquialmente como la cárcel de Diosdado Cabello.
lapatilla
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