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Observatorio FundaRedes: crece violencia en frontera con Colombia y Brasil y zonas colindantes con islas del Caribe

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), América Latina ocupa el primer lugar de las regiones más violentas del mundo, y en los últimos años Venezuela se ha posicionado de los primeros lugares del ranking regional y mundial.

En el 2017. la UNODC registró que Venezuela fue el segundo país con más muertes violentas con una tasa de homicidios de 53,7 por cada 100.000 habitantes –sólo superado por El Salvador con 62,1–, un indicador en crecimiento sostenido desde 1995 a pesar de que las autoridades no publican cifras oficiales desde el 2014.

En el 2018. el Observatorio Venezolano de Violencia reveló que Venezuela superó a El Salvador y se posicionado del primer lugar en América Latina con 84,4 por cada 100.000 habitantes en la tasa de homicidios, e identificaba como factores que originan la escalada de violencia: el crimen organizado, la inestabilidad política, el desempleo, la corrupción y los estereotipos de género.

Más reciente, esta misma fuente informó que en el 2019 en Venezuela hubo 16.506 muertes violentas, representando la tasa de homicidios un 60,3 por cada 100.000 habitantes, 23.1 puntos menos que en el 2018, pero aún la más alta de la región.

Un elemento que en este último conteo se suma al de años anteriores que aún persiste es la “epidemia” de la violencia policial por el uso excesivo de la fuerza o por ejecuciones extrajudiciales.

Los estados fronterizos concentran gran parte de esta ola de criminalidad, en el 2019 en Bolívar, Táchira, Falcón, Zulia, Apure y Amazonas ocurrieron 1.850 muertes por homicidio, 104 desapariciones y secuestros, y 484 enfrentamientos armados.

Ante esta realidad, el Observatorio FundaRedes –organización no gubernamental que trabaja en la construcción de tejido social para la promoción y defensa de los derechos humanos en la frontera venezolana– decidió hacer seguimiento, documentar y procesar la data sobre la creciente violencia en la zona limítrofe con Colombia y Brasil, así como en las zonas costeras colindantes con islas del Caribe.

En los datos que presentamos a continuación –obtenidos por un seguimiento diario de la notitia criminis, confirmación de data y denuncias recibidas por nuestra organización– se muestra la curva de violencia en los seis estados de estudio mencionados y desagregados por cada mes del año.

Allí se puede observar que el estado Bolívar es la entidad que más tiñe de sangre la zona fronteriza venezolana.

El análisis muestra una fluctuante tendencia al alza con el transcurso de los meses.

Fueron cometidos crímenes de toda naturaleza, desde homicidios con desmembramientos y decapitaciones, como los registrados en Táchira, Zulia, Bolívar y Falcón, así como incineración de cadáveres, infanticidios, feminicidios y masacres en áreas urbanas y comunidades indígenas.

¿ENFRENTAMIENTOS O EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES?

Un patrón observado por FundaRedes al analizar la data correspondiente a lo que los organismos de seguridad del Estado presentan como “enfrentamientos” es la particularidad de que los hechos sucedieron en circunstancias prácticamente similares, sólo cambió el escenario, pero en todos los casos las víctimas murieron en el lugar de los hechos.

Un punto de coincidencia es que los familiares de las víctimas solicitaron derecho a réplica para desmentir que se haya tratado de enfrentamientos. De acuerdo a las versiones de los familiares de las víctimas en esos casos se trataría de ejecuciones extrajudiciales.

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), así como algunas policías estadales, son los organismos que más aparecen mencionados en las denuncias sobre este tipo de hechos.

De acuerdo con el seguimiento realizado por FundaRedes, el incremento de los supuestos enfrentamientos en los territorios fronterizos obedece más a una política de exterminio delincuencial aplicada por los organismos de seguridad del Estado desde el 2017, así como procedimientos de grupos armados irregulares por el control de territorios, principalmente de Táchira; pugnas entre bandas delictivas y de fuerzas de seguridad del Estado contra la delincuencia común.

De esa manera, las cifras que evidencian un incremento totalizan 692 muertos en “enfrentamientos” o “ejecuciones extrajudiciales” en los seis estados analizados en el transcurso de 2019.

SILENCIO EN DESAPARICIONES Y SECUESTROS

Desde hace tres años, aproximadamente, los organismos de seguridad han recomendado a familiares de desaparecidos y secuestrados no revelar información a los medios de comunicación con el argumento de llegar a una rápida solución de los casos; no obstante, para las organizaciones no gubernamentales como FundaRedes lejos de lograr ese propósito resulta una forma de silenciar el delito y avalar la impunidad, más aún en los últimos años cuando la participación de funcionarios policiales en secuestros y extorsiones ha sido una práctica común, muchas veces en alianza con delincuentes.

Al analizar los datos se evidencia que la prensa tiene poco acceso a este tipo de informaciones, solo lo tuvo cuando las víctimas fueron halladas sin vida.

En Táchira y Zulia es donde más casos de secuestro y desapariciones se conocieron en el 2019.

Otro tipo de desapariciones se dieron en el estado Falcón, donde 38 personas fueron denunciadas como desaparecidas luego de abordar embarcaciones para emigrar del país.

En estos casos se habló de redes de trata de personas que secuestran a los migrantes.

TÁCHIRA, TERRITORIO CODICIADO

Táchira es uno de los estados fronterizos con mayor variedad criminal. Las cifras indican que en el 2018 la tasa de homicidios fue de 23 por cada 100.000 habitantes, pero en el 2019 esa cifra ascendió a 26,36 por cada 100.000 habitantes al registrarse 316 muertes por esa causa.

En total hubo 316 víctimas. De los 29 municipios que tiene esa entidad federal el mayor número de homicidios ocurrió Pedro María Ureña (20,57%), San Cristóbal (8,54%), Bolívar (8,23%), García de Hevia (8,23%) y Fernández Feo (6,33%). 90% de esos crímenes fueron cometidos por arma de fuego.

Los principales victimarios fueron grupos armados irregulares (cerca de 70% de los casos), y el móvil principal fue el sicariato (más de 25%). 20 víctimas eran mujeres. La mayoría de las víctimas de ambos sexos eran de entre 20 y 35 años de edad. Los meses más violentos del 2019 en Táchira fueron enero, febrero, octubre y diciembre.

El fenómeno violento en esta frontera tiene su origen en aspectos como la migración interna, utilizada por los grupos criminales y paramilitares que se aprovechan de la necesidad de cientos de venezolanos para reclutarlos a sus filas o extorsionarlos para permitirles el acceso al trabajo en la zona.

La presencia de diversos grupos armados irregulares colombianos (guerrilla y paramilitares) y venezolanos (colectivos) hace de este territorio una zona de enfrentamiento por el control de los pasos fronterizos usados para el contrabando, narcotráfico y secuestros.
Del total de víctimas, 68 fueron reportadas como muertas en “enfrentamientos”, principalmente los meses de febrero, mayo, junio, julio y noviembre.

Las partes involucradas en estos hechos fueron: cuerpos de seguridad del Estado contra bandas delincuenciales (más de 65% de los hechos); grupo irregular sin identificar contra cuerpos de seguridad del Estado (cerca de 13%); grupo paramilitar colombiano contra cuerpo de seguridad del Estado (más de 13%); y enfrentamientos entre grupos paramilitares contra grupos guerrilleros colombianos o colectivos venezolanos (cerca de 6%).

Además, hubo 13 casos de secuestros y/o desapariciones para una tasa de 1,96 por cada 100.000 habitantes de los que 43,48% califica como secuestro, pues hubo lugar de cautiverio y/o las víctimas fueron liberadas con o sin pago por la liberación; 56,52% es considerado como desapariciones por cuanto aún se desconoce el paradero de la víctima.

En los secuestros y/o desapariciones hubo participación de personas identificadas como miembros de algún cuerpo de seguridad del Estado en 30,79% de los casos.

De la totalidad de estos casos, 65,22% fueron víctimas del sexo masculino y 34,78% del sexo femenino; 78,26% fueron víctimas civiles y 21,74% perteneció a algún cuerpo de seguridad del Estado.

Las edades de las víctimas oscilan entre los 19 y los 63 años y los hechos ocurrieron principalmente durante los meses de febrero, marzo y junio.

BOLÍVAR, RIQUEZA Y MUERTE

El estado Bolívar es una tierra con grandes riquezas, pero bañada en sangre, donde se registró el índice más alto de violencia con una incidencia muy significativa de homicidios seguido de enfrentamientos o ejecuciones extrajudiciales y secuestros y/o desapariciones.

La ocurrencia de estos hechos despuntó en torno a las actividades de extracción ilegal de minerales.

Los medios de comunicación digitales reseñaron que durante el 2019 hubo 869 homicidios: 532 asesinatos y 337 muertos en “enfrentamientos” o “ejecuciones extrajudiciales”, con una tasa de 36,59 por cada 100.000 habitantes.

Entre las víctimas resaltan 32 niños y/o adolescentes. Entre los hombres la mayor incidencia se dio de 18 a 45 años de edad. Los meses más violentos fueron mayo, junio y enero, en ese orden.

El municipio más violento fue Caroní con 54,35% de los casos; se recurrió a armas de fuego (77,95%), arma blanca (6,19%), violencia física (estrangulamientos y golpes 6,19%).

Los principales victimarios fueron: la delincuencia común, grupos armados irregulares y las mafias que operan en la extracción minera (sindicatos).

Los móviles fueron: 41,78% hechos delictivos no esclarecidos. 19,34% sicariato, 14,31% robos, 10,44% ajuste de cuentas, 4,84% supuestos enfrentamientos, 2,71% violencia de género y 1,74% en protestas sociales.

En el lapso analizado ocurrieron 28 secuestros y/o desapariciones, entre las víctimas figuran dos efectivos del Ejército; tres mujeres (una hallada asesinada); un niño de 4 años (asesinado) y 16 hombres, dos de ellos localizados asesinados. Hubo dos casos de secuestro extorsivo, cuyas víctimas recobraron la libertad y los responsables fueron apresados.

Las edades de las víctimas oscilan entre los 4 y los 58 años, y el municipio Caroní fue donde más ocurrieron estos delitos, con 75,86% de los casos.

Hubo 337 personas muertas en supuestos enfrentamientos: 86,10% pugnas entre bandas; 7,62% por robos; 1,35% azotes de barrio; 1,35% por supuestos enfrentamientos entre grupos armados irregulares y civiles; 0,90% en momentos de producirse un secuestro.

Las partes involucradas en estos hechos fueron principalmente: cuerpos de seguridad del Estado contra delincuentes (más de 97%).

Los meses en que se suscitaron más enfrentamientos fueron febrero, marzo, mayo, julio y agosto, y con mayor incidencia en el municipio Caroní con 108 enfrentamientos armados.

La presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado Bolívar es pública y notoria.

En septiembre del 2019 el diputado a la Asamblea Nacional Francisco Sucre lo denunció luego de viajar a esa entidad, pues en un punto de control del Ejército, en la isla de Anacoco, los efectivos militares le advirtieron que unos 800 metros más adelante había una alcabala del ELN.

En completa impunidad actúa este grupo armado colombiano desde antes de 2017; constantemente sostiene enfrentamientos con “sindicatos” mineros (mafias organizadas que pugnan por el control del Arco Minero y las minas de coltán, entre otros) que han dejado un número no precisado de víctimas en masacres y asesinatos individuales.

Estos hechos son calificados por las autoridades gubernamentales como “confrontaciones entre grupos criminales rivales”, sin reconocer la implicación de la guerrilla.

ZULIA, UNA BOMBA DE TIEMPO

La frontera en Zulia tiene en común con Táchira la presencia de grupos armados irregulares colombianos, lo que hace esta zona particularmente violenta.

En esa entidad desde hace años es un secreto a voces la toma de varios municipios, sobre todo Catatumbo, por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y más recientemente por el grupo paramilitar Los Rastrojos. Adicionalmente, existen estructuras de crimen organizado.

La estadística indica que durante el 2019 se registraron 388 homicidios con una tasa de 4,67 por cada 100.000 habitantes.

La criminalidad y la violencia en esa región no descansa ni discrimina, solo ese año fueron asesinadas 41 mujeres, mientras que 15 niños de entre 1 y 11 años de edad también murieron en hechos violentos.

El porcentaje de homicidios se discrimina de la siguiente manera por municipios: Maracaibo (22,42%); Jesús Enrique Lozada (10,57%), San Francisco (6,96%); Cabimas (5,41%); La Cañada de Urdaneta (5,15%); Colón (3,87%) y Mara (2,06%).

Los meses con más homicidios fueron junio, julio, octubre y diciembre.

De las 388 muertes violentas más de 65% fue cometidas con armas de fuego, menos de 20% con arma blanca y menos de 10% con el uso de la violencia física (estrangulamientos y golpes).

Se evidenció que los principales victimarios fueron delincuentes comunes e individualidades que atacaron a mujeres y niños (43,83%) y en alto porcentaje (17,39%) el móvil fue el sicariato.

Además, en el 2019 hubo 190 víctimas de supuestos enfrentamientos armados; según los reportes el móvil principal fueron enfrentamientos entre delincuentes (88,09%), seguido de robo (4,76%), pugnas entre azotes de barrio (3,17%), pago de extorsiones (2,38%), enfrentamientos entre civiles (1,58%) y secuestro (0,79%).

En estos presuntos enfrentamientos las partes involucradas fueron: cuerpos de seguridad del Estado contra delincuentes (95,28%); grupo irregular sin identificar contra cuerpo de seguridad del Estado (1,89%); grupo irregular sin identificar contra población civil (1,89%); cuerpo de seguridad del Estado contra la población civil (0,94%).

En Zulia hubo 9 secuestros y/o desapariciones en el 2019, dos de esos casos fueron resueltos rápidamente: el de una joven estudiante sometida a abusos sexuales y otro con fines extorsivos en el que la víctima fue rescatada y por lo que fueron aprehendidos a 10 oficiales de la Policía Nacional Bolivariana y un civil como autores de hecho.

También destacó el secuestro de una pareja, un empresario y su novia periodista, que culminó con la liberación de ambos en fechas distintas, una vez que fue pagado rescate.

Sin embargo, una frecuencia significativa es que la información se muestra a la luz pública con datos inconclusos, pues reina el hermetismo por parte de familiares de las víctimas y, principalmente, de los cuerpos de seguridad del Estado.

22,22% de los casos se considera desapariciones por cuanto aún se desconoce el paradero de las víctimas; 66,67% califica como secuestro, y en 33,33% de los casos estuvieron involucrados cuerpos de seguridad del Estado que desaparecieron a las personas. 55,56% de las víctimas eran hombres y 44,44% mujeres, todos civiles con edades que oscilan entre los 18 y los 61 años.

FALCÓN, ENTRE LUCHA DE PODERES

Falcón es donde hay menor presencia de guerrilla y grupos paramilitares, pero sí se ha visto afectado fuertemente por otras organizaciones criminales, algunas de reciente surgimiento.

En el 2019 la tasa de homicidios alcanzó un indicador de 25,64 por cada 100.000 habitantes.

Estos homicidios ocurrieron principalmente en los municipios Miranda (57) y Carirubana (53). El mes con menos casos fue diciembre; abril fue el más violento.

De las 205 muertes violentas cerca de 60% fueron cometidas con armas de fuego.

Destacan como principal victimario: cuerpos de seguridad del Estado y delincuentes comunes. Más de 50% de los casos fueron hechos relacionados con delincuencia común.

Entre las víctimas figuran 7 mujeres.

En su mayoría las edades oscilan entre 15 y 50 años de edad en los hombres, y entre 9 y 35 años en las mujeres.

Los móviles fueron: robos (55,83%), sicariato (14,58%), ajuste de cuentas (9,17%) violencia de género (2,50%), presuntos enfrentamientos (0,83%) y protestas sociales (0,42%). Un alto porcentaje (15%) no ha sido esclarecido.

Se reportaron 69 personas muertas en presuntos enfrentamientos. Los involucrados fueron cuerpos de seguridad del Estado y delincuentes, y los meses con mayores casos fueron abril, mayo y agosto.

Por otra parte, hubo 38 desapariciones, aún se desconoce el paradero de las víctimas.

De los casos identificados, 83,83% de las víctimas son hombres y 8,33% mujeres. Las edades están comprendidas entre 19 y 63 años. Entre los desaparecidos hay 33 migrantes venezolanos que se extraviaron en el mar Caribe en junio, no hay pistas de su paradero, versiones señalan que naufragaron, aunque hasta la fecha solo ha sido hallado el cadáver de una persona, los familiares sospechan que fueron víctimas de redes de trata de personas para venderlas en las islas neerlandesas.

En otros hechos se reportaron dos desapariciones en diversas circunstancias: un hombre y una mujer. Esta última fue hallada luego de ser violada y asesinada.

AMAZONAS Y APURE: CENSURA Y LIMITACIONES INFORMATIVAS

Una data completa de hechos violentos como homicidios, enfrentamientos, secuestro y/o desapariciones ocurridos desde enero hasta diciembre del 2019 en los estados fronterizos Amazonas y Apure resultó imposible de registrar debido a la inexistencia de medios de comunicación social tradicionales y/o portales digitales informativos en esas entidades o a la presión que sufren los pocos que operan para que esta información no se dé a conocer.

En ambas entidades federales existe una notoria merma informativa por el progresivo cierre forzado de periódicos, no sólo por la escasez de materia prima desde hace poco más de cuatro años, sino por la censura y la autocensura impuestas.

Los medios de comunicación tradicionales que aún sobreviven publican ocasional y discretamente algunas informaciones de violencia, pues reciben constantes intimidaciones por las estructuras criminales que allí operan, como la guerrilla y los grupos armados irregulares, además de los llamados “colectivos” respaldados por el gobierno nacional para evitar que estas informaciones circulen.

Aun así, haciendo uso de distintas herramientas de búsqueda y comprobación de data se logró un registro parcial de la cifra de homicidios, enfrentamientos, secuestros y/o desapariciones.

En Amazonas se tiene reporte de supuestos enfrentamientos en los que murieron 10 personas y estuvieron involucrados cuerpos de seguridad del Estado contra delincuentes (42,86%); cuerpos de seguridad del Estado contra civiles (28,57%) y Cuerpos de seguridad del Estado (Guardia Nacional Bolivariana) contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) 28,57%. Los enfrentamientos ocurrieron en los meses febrero, mayo, junio y diciembre, y el municipio con más incidencia fue Atures (71, 43%).

Hubo otros 26 homicidios.

La tasa total fue de 17,75 homicidios por cada 100.000 habitantes, de los cuales 96,15% de los casos ocurrieron en el municipio Atures.

Para cometer los crímenes se usaron armas de fuego (88,46%) y violencia física (estrangulamientos y golpes 7,69%).

Los móviles fueron sicariato (46,15%), robos (15,38%); protestas sociales (7,69%); algún tipo de enfrentamiento (7,69%); motivos no esclarecidos (7,69%); violencia de género (3,85%); ajuste de cuentas (3,85%); agresión sexual (3,85%). Los meses más violentos fueron enero, febrero y marzo.

Al estado Apure el hecho de violencia que lo caracterizó fue el homicidio; no obstante, se observa un repunte significativo en los secuestros y/o desapariciones al final del año.

Se registraron 36 homicidios, 10 de ellos en supuestos enfrentamientos.

De los siete municipios que tiene esa entidad federal el mayor número de homicidios ocurrió en Biruaca (30,30%), seguido de Páez (24,24%). Los meses más violentos fueron enero, junio, septiembre y diciembre. La tasa fue de 7,19 por cada 100.000 habitantes.

Del total de estos crímenes 60,61% fue cometido con armas de fuego. Los principales victimarios fueron delincuentes comunes e individualidades (42,42%) y grupos irregulares (27,27%); entre los móviles más frecuentes estuvieron supuestos ajustes de cuentas (33,33%), robos (24,24%), sicariato (15,15%) y violencia de género (18,18%).

Del total de las víctimas tres eran mujeres y tres niños. La víctima de menor edad tenía 1 año de nacida y la mayor 63 años; sin embargo, la mayoría de las víctimas eran hombres de entre 20 y 30 años de edad. Hay reporte de tres secuestros con víctimas de uno y otro sexo.

El móvil que más destacó fue robo o asalto a mano armada (60%) seguido de enfrentamientos con delincuentes (40%). Las partes involucradas en su totalidad fueron cuerpos de seguridad del Estado contra delincuentes.

CONCLUSIONES:

El estado fronterizo más violento en 2019 fue Bolívar. Debido a sus riquezas, esta entidad es codiciada por grupos armados irregulares y las mafias delincuenciales que ocasionan por lo menos un hecho violento al día.
De las tres variables analizadas (homicidios, desapariciones y/o secuestros y enfrentamientos) la que reportó más víctimas fueron los homicidios. La frontera de Venezuela se ha convertido en un escenario violento donde conviven delincuentes comunes, grupos armados irregulares y cuerpos de seguridad del Estado en permanente tensión.
En cuanto a las armas empleadas para cometer los crímenes predominó el uso de armas de fuego en un país donde desde el 2013 está restringido el porte de armas con la promulgación de La Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, la cual limita la venta de armas de fuego y municiones a ciudadanos particulares y establece que quienes posean de forma ilícita un arma de fuego serán sancionados con una pena de siete a 20 años de cárcel.
Con relación a los victimarios, a excepción de Táchira donde hay una fuerte presencia de grupos armados irregulares de origen colombiano, en el resto del país predominan la delincuencia común y en Bolívar las mafias que operan en torno a la extracción ilegal de minerales y la guerrilla colombiana del ELN.
Otro aspecto importante es que en la totalidad de las entidades federales analizadas los grupos que predominan en los supuestos enfrentamientos fueron cuerpos de seguridad del Estado con delincuentes comunes, una práctica que la Alta Comisionada de los Derechos de la ONU ha calificado como preocupante porque en muchos casos se recurre a ese argumento para ocultar las ejecuciones extrajudiciales.
El sicariato como móvil cobra fuerza en los estados Amazonas, Táchira y Zulia.
La mayoría de las víctimas fueron hombres de entre 20 y 30 años de edad. Preocupa la cifra en aumento de mujeres y niños blanco de la violencia.

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