#OPINION Crónica de sicariato judicial Por Robert Alvarado

“Nunca olvide que todo lo que Hitler hizo en Alemania fue legal…”  Martin Luther King

Sicariato judicial es la expresión extrema, pero palpable en nuestros días, de la parcialidad de un juez o jueza. Justo lo observado en una Jueza Rectora y subalternas de ésta en el oriente del país, empañando con ello, la superiora, su segundo nombre, el mismo de la Virgen que mora en el Valle del Espíritu Santo en Margarita.

Marisol del Valle Bayeh Bayeh, Jueza Rectora de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, quien estaría incursa y, por ende, habría propiciado un cúmulo de delitos o “violaciones de orden público”, “abuso de poder”, “mala praxi jurídica”, “tráfico de influencia”.

Son algunas de “las aberraciones” que le endosan no sólo en predios judiciales sino también en diversos ámbitos de la sociedad monaguense, y palpables en un caso digno de estudio en cuanto a las paradojas que hacen de la administración de justicia, hoy por hoy, un dechado de inconsecuencias in crescendo.

A modo de crónica abordaré ese caso y aportaré algunas conclusiones sobre las graves circunstancias descritas de seguidas.

En diciembre del año 2022, Raúl José Saud Ramos interpuso una demanda de costas en contra de Janet Serimar Ramírez Aguilar, su ex esposa, quien con anterioridad interpuso contra él una demanda por indemnización de daños y perjuicios y por acción posesoria, dando lugar, Janet Serimar, a un proceso judicial en el que ha contado con la venia de la jueza de primera instancia agraria, Luzmila Rivera Caña, envuelta por ello en irregularidades.

Que la han conducido a violentar el derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva a Raúl José Saud Ramos, al hacer posible que Janet Serimar ganara el juicio en primera instancia, perdiendo su ex esposo, Raúl José, mucho más de seiscientas reses, numerosas fueron robadas o hurtadas del fundo en litigio, otras se murieron, como resultado de la medida dictada por Luzmila Rivera Caña prohibiéndole el acceso a su propiedad. 

Inconsecuencias, más inconsecuencias. Durante casi todo el proceso Raúl José Saud Ramos no pudo tener acceso a su finca y el tribunal superior agrario terminó declarando parcialmente con lugar la pretensión de Janet Serimar Ramírez Aguilar, manifestó la alzada que la demandante no había probado los daños y perjuicios que aún alega infundadamente le causó su ex esposo.

Sin embargo, esa alzada, en una evidente maniobra favorable a Janet Serimar, determinó, de manera perceptiva, es decir, sin elementos de convicción, que Raúl José perturbaba a Janet Serimar.

Hubo necesidad de recurrir al Tribunal Supremo de Justicia, donde la Sala de Casación Social declaró a favor del demandado el recurso de casación y condenó en costa a Yanet Serimar Ramírez Aguilar.

Evidenciándose lo que siempre ha dicho Raúl José, que fue objeto de un proceso judicial amañado para despojarlo de su patrimonio, algo que pretendieron hacer, incluso, luego de la sentencia dictada por la Sala de Casación Social. Aunque paradójico, innegable en cuanto cúmulo de hechos reprochables en materia penal.

Luzmila Rivera Caña, con el evidente respaldo de la superioridad tribunalicia en Monagas, hizo de la sentencia del máximo tribunal del país un saludo a la bandera, desconoció que esa decisión confirmaba los derechos de Raúl José, en especial sobre la finca de su propiedad que Yanet Serimar pedía como indemnización de daños y perjuicios no probados, Sala de Casación Social dixit.

Uno comprende que la demandante se enfrascara en esa pretensión, lo insólito es que la jueza Luzmila Rivera Caña, dando a la sentencia una interpretación muy, pero muy particular, ordenó a un registro colocar la finca a nombre de Janet Ramírez.

Esa actuación de la jueza, del todo incomprensible, patentiza que Yanet Serimar no solamente ha contado con el apoyo decidido de la juez de primera instancia agraria, sino también de la Juez Rectora, Marisol del Valle Bayeh Bayeh, debido a que todo lo que ha hecho la juez ha sido refrendado por ella.

Como es lógico pensar, las denuncias contra de la jueza de primera instancia agraria poco, mejor dicho, nada prosperan, sin embargo, la contundencia de algunos de los recursos interpuestos ha movido la balanza a favor del demandado, como en diciembre de 2022, cuando se interpuso por ante el tribunal superior agrario un amparo, en virtud de que el a quo “baipaseó” la sentencia, o sea, se la pasó por el arco del triunfo, la transgresión de la sentencia resultó tan obvia, que la acción de amparo fue declinado con lugar, vale decir, efectivamente hubo violación de derechos constitucionales.

Luego, cuando Raúl José introduce la demanda por costas, la jueza de primera instancia agraria, Luzmila, reincide en irregularidades, lo que condujo a recusarla, recusación que fue declarada con lugar, dada la conducta transgresora de dicha jueza, manifiesta e imposible de desvirtuar como hecho delictivo.

El incumplimiento de leyes, de faltas al decoro, a la ética, pareciera privar en el desempeño de Luzmila.

Tras declararse con lugar la recusación, se nombra una jueza accidental, que al mismo tiempo era jueza municipio, Angélica Campos, que se avocó a conocer tanto la causa relativa a la demanda por indemnización de daños y perjuicios y por acción posesoria como la causa de la demanda de las costas.

Ella, la jueza accidental, confirma que no había elementos para que la demanda hubiera podido continuar su trámite correspondiente.  Y viendo que Luzmila había emitido pronunciamiento en la primera demanda a favor de Janet Ramírez, ella, la jueza Angélica Campo declaró la improcedencia de esa decisión, en razón de un errado enfoque procedimental.

Al declarar improcedente la acción de Yanet Serimar, sorpresivamente la Jueza Rectora la impone de su destitución, dejando sin efecto su nombramiento.

¿La razón? Angélica no estaba favoreciendo la injusticia contra Raúl José, sino la justicia en favor de ese ciudadano.

Primero, Marisol del Valle Bayeh Bayeh la impone de que no puede continuar conociendo en el tribunal como jueza provisoria y le ordena que no dé despacho, como medida para impedir el saneamiento de ambas causas, iniciado por la destituida.

Este relato, por lo consuetudinario de la temática que aborda, pudiera resultar aburrido y hasta cansón, no obstante, es indudable que nos acerca a una realidad que se ha hecho agobiante en razón de sus secuelas y laceraciones a la sociedad venezolana.

La connivencia, complicidad o encubrimiento, o como usted quiera llamarlo.

Aunque cada día se perciba como circunstancias cada vez más comunes y hasta normales, entrañan, en la persona de Marisol del Valle Bayeh Bayeh, en su condición de Jueza Rectora, el deber de no dejar pasar por alto esos abusos, tan chocantes en su esencia transgresora como en su perspectiva dolosa, aspectos de interés en orden a la determinación de responsabilidades de cara al forzoso y urgido proveimiento de justica.

Cuando vemos a funcionarios judiciales como Marisol del Valle Bayeh Bayeh, que se vale de su cargo para obrar mal, dicho así ingenuamente, lejos de desanimarnos debemos acometer acciones de adecentamiento del Poder Judicial, de la administración de justicia, del sistema judicial venezolano.

Por imposible que parezca.

Por más control que ejerza el régimen, siempre será posible obtener logros en la depuración de los tribunales, nuestra trayectoria, al lado de insignes colegas profesionales del derecho, demuestra que combatir la mala praxis jurídica de los funcionarios judiciales.

Particularmente de jueces y fiscales, surte efecto cuando se enfrentan las trasgresiones y, por supuesto, a los transgresores.

En Barinas, como en ningún otro estado del país eso lo hemos dejado suficientemente claro, lo mismo es posible hacer en Monagas, de cara a las atrocidades de juezas que claramente  asociadas para delinquir, actúan como inductoras del sicariato judicial, triste papel que las coloca en el umbral delincuencial.

¡Es contigo, amigo Tarek Williams Saab!

¡Es con usted, Dra. Gladys Requena!

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