La crisis política venezolana es peligrosamente particular. No sólo ha mellado la institucionalidad sobre la cual se erige el sistema político y que a decir de la Constitución Nacional, está representado en la figura de un “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”.
Sin embargo, tan explosiva crisis, sigue exaltando actitudes no sólo de heroísmo en quienes protestan tanta injusticia en cada crítica que muestran calles, avenidas, empresas públicas y comunidades.
También, de conformismo o de aceptación en quienes han dejado la dignidad de lado por prestarse a los excesos cometidos por un gobierno acusado de facineroso, dado el quiebre ético y de moralidad que ha incitado la cruda situación en curso.
En el estallido que esta aguda crisis ha provocado, está el hecho de descubrirse de cara a los ilícitos constitucionales cometidos desde su inicio en 1999 cuando el régimen irrumpió con propuestas que reñían con la idiosincrasia del venezolano.
Pero también, con tendencias asentidas por la jurisprudencia hasta ese momento atesorada.
La polarización que buena parte de esos cometidos indujeron, trajo consecuencias que además de ser el único legado del finado presidente militar, devinieron en fracturas institucionales que comenzaron a debilitar el andamiaje sobre el cual se depara la noción e importancia del concepto de “República”.
La Constitución sancionada en 1999, suscribió la transgresión de preceptos constitucionales que se impusieron mediante la progresiva concesión o delegación de facultades legislativas al presidente de la república a través de lo que la susodicha Constitución estableció como “leyes habilitantes”.
Sin duda alguna, eso apuntó a desvirtuar la imperiosa necesidad de mantener separados los poderes públicos.
Así, el Ejecutivo, alineó decisiones al propósito de descuartizar la “República” mediante la concentración de atribuciones que fueron permitiéndole dominar y conculcar funciones al resto de los poderes públicos nacionales.
Fue así como el concepto de “República” comenzó a desmoronarse cuando, desde entonces, el régimen se empeñó en tergiversar el discurrir del país provocando un enfrentamiento constante entre el “bien de la revolución”, y el “mal” de los quienes se oponían a su implantación.
No obstante, la enajenación del Estado de Derecho y en lo que cabe dentro del “Debido Proceso”, alcanzó su máxima escalada en el nivel de peligrosidad, cuando el régimen asomó su rostro de tiranía desconociendo alevosamente el dictado constitucional y decidiendo arbitrariamente lo que a sus intereses conviene.
Y que en la actualidad, continúa advirtiéndose como perverso criterio de gestión militarista y demagógica.
O acaso todo esto configuró el inicio de la grosera y elaborada intención de provocar el derrumbe de la República de Venezuela.
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