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Opinión: La alfombra de bienvenida yace desgastada, en el umbral de las fronteras, Por Enrique López Alfonzo



Cuando Crismar Jiménez junto a su madre, su pareja y su hijo llegaron al puesto fronterizo de Rumichacha, entre Ecuador y Colombia, sus pies tenían llagas que sangraban. Sus zapatos deportivos estaban rotos: había caminado casi un mes desde Venezuela, en sus pulmones avanzaba sin atención, la neumonía consecuencia inequívoca del frío y la intemperie. No tenía pasaporte, porque desde Venezuela le habían negado el acceso a tan importante documento de identidad, lo único que autentificaba su identidad era su cédula y algunos otros documentos académicos que con premura logró legaliza

La ausencia del pasaporte, no impidió que la joven Crismar estudiante del último año de Medicina, y con 21 años, entrara a Ecuador, junto a su familia, al igual que otros centenares de miles de venezolanos. Para diciembre de 2018, cuando llegó, los venezolanos sin pasaporte recibían la Carta Andina, con la que podían permanecer en el país 180 días. Ahora es muy diferente. Sin pasaporte, su situación migratoria se perpetúa en la irregularidad.

En la actualidad, para la mayoría está cuesta arriba obtener una visa. El pasaporte cuesta muy caro e incluso impredecible hacer el trámite y tener un resultado positivo, para los venezolanos que han logrado quedarse dentro del territorio ecuatoriano, apenas les alcanza para pagar arriendo y los servicios, así como para enviarle dinero a familiares que viven todavía en Venezuela. La mayoría trabaja de manera informal como vendedor ambulante o de mantenimiento en centro comerciales o locales de comida rápida.

Para aquellos venezolanos que no cuenten con visa serán considerados extranjeros en situación irregular, y deberán pagar una multa, por haber permanecido en el país más de seis meses como turistas.

Miles de venezolanos, en la actualidad están en condición irregular, quienes ingresaron sin pasaporte y siguen sin el documento debido al costo, así como al tiempo de espera para adquirir uno por medio de los consulados de Venezuela en Quito y de Guayaquil, deben afrontar a diario el riesgo de ser multados y obligados al retiro voluntario del país.

De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para 2019 el 53% de los 400.000 venezolanos que ingresaron al país no presentaron un pasaporte. Estos venezolanos se registraron con su cédula de identidad.

Oficialmente, El pasaporte venezolano tiene un costo de $280. Un pago de $200 con tarjeta de crédito internacional al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y $80 en efectivo en el consulado de Guayaquil o de Quito según sea la solicitud registrada.

El Gobierno del presidente Lenin Moreno desarrolló mecanismos para la regularización de venezolanos dentro del país con documentos de viaje vencidos.

Por medio del decreto presidencial Nro. 826, se exoneró de la multa migratoria a los venezolanos en situación irregular que ingresaron a Ecuador antes de la fecha del mandato presidencial; mientras estos adquirieran la llamada Visa de Excepción por Razones Humanitarias, antes del 31 de marzo de 2020. Plazo que fue extendido hasta el próximo 14 de agosto, debido al estado de excepción impuesto para afrontar la pandemia por el Covid-19.

La visa cuesta $50, un precio asequible en comparación con el costo de la visa Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), cuyo precio es de $250. Además, para su obtención la cancillería ecuatoriana acepta pasaportes vencidos hasta 5 años, junto con antecedentes penales venezolanos apostillados y el certificado de la Carta Andina debidamente sellado, para aquellos que ingresaron sin el documento de viaje.

La medida benefició sólo a quienes tienen pasaporte. Aquellos sin el documento están sin posibilidades de regularización migratoria dentro del país, a menos que reciban el estatus de refugiados por el Estado Ecuatoriano.

En la actualidad Ecuador ha endurecido sus requisitos para conceder la condición de refugiado a raíz de reacciones negativas y temor que sus estándares para la valoración de condición


de refugio fueran poco exigentes, optando por fomentar más bien visas de trabajo u otras visas no de refugiados. Al mismo tiempo que se han desenfatizado las protecciones de refugiados, el país ha tomado medidas que han beneficiado otro tipo de migrantesVenezolanos en Ecuador viven en un contexto complejo y a menudo vulnerable. La mayoría han escapado de las amenazas y la violencia en su país de origen, y pueden haber perdido familiares, o que alguno de ellos este preso y torturado. Pueden sufrir discriminación por parte de los ecuatorianos, quienes los asocian con la delincuencia y la inseguridad, matriz que de inicio fue propiciada por el propio gobierno. No siempre hay un entendimiento de la diferencia entre refugiados y otro tipo de migrantes; de acuerdo con un líder de una ONG, para algunos ecuatorianos “refugiados son simplemente migrantes con historias más tristes.”

La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) consideró en mayo de 2019 que la mayoría de quienes dejan Venezuela lo hacen debido a la crisis humanitaria; por lo tanto, deberían ser considerados como refugiados. Además, recomendó a los Estados receptores que se le otorgue esa protección internacional de manera grupal y no individual.

El Gobierno de Ecuador también reconoció la crisis humanitaria en Venezuela como el motor principal para la migración masiva, al firmar la Declaración de Quito, y lo reafirmó con el Decreto 826. Sin embargo, a los venezolanos no se los considera refugiados, sino migrantes en una situación especial.

De acuerdo al artículo 98 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, una persona es considerada refugiada cuando realiza en Ecuador una solicitud de protección, ya que en su país de origen su seguridad y su vida corre peligro, sea por persecución contra una comunidad en específica o por incapacidad del Estado para garantizar los derechos humanos.

La legislación ecuatoriana plantea que, para recibir la protección internacional se requiere el reconocimiento individual y no por grupo, como lo recomendó Acnur. Es decir, en Ecuador un venezolano es un migrante hasta demostrar lo contrario, por lo que si no cuenta con los requisitos para la visa no podrá regularizar su situación.

Ecuador se esfuerza en proveer extranjeros con los mismos derechos que los ecuatorianos. Refugiados pueden trabajar sin ninguna autorización adicional, y Ecuador garantiza a los migrantes acceso a educación, servicios sociales, y algunos documentos (como por ejemplo licencias para conducir y certificados de nacimiento). Sin embargo, la discriminación es un problema clave: los venezolanos se enfrentan a barreras sociales para encontrar trabajo y vivienda, y para poder inscribir a sus hijos en la escuela.

Hasta marzo de 2020 alrededor de 140.000 venezolanos tenían una visa o habían solicitado una. De esa cantidad, 25.000 obtuvieron la visa humanitaria, de acuerdo a las cifras expuestas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Los otros 165.000 venezolanos que se estima están dentro del país, para ese mes no habían gestionado el permiso de permanencia.

No existe mecanismos del Estado para aquellos que no puedan recibir la visa humanitaria y deban pagar la multas que además equivale a monto inaccesible para muchos que no cuentan con un trabajo formal o una estabilidad laboral. La mayoría se quedarán en la irregularidad por no contar con el pasaporte, aunque también hay quienes entraron al país y se les venció posteriormente a su llegada, por lo cual deberán solicitar una prórroga, de igual forma por el consulado, ahorrar dinero para pagar por la prórroga a su pasaporte, que es una etiqueta emitida por el Estado venezolano, para extender la vigencia del documento de viaje, tampoco es una opción factible para otros tantos Venezolanos, por el temor fundado de perder su dinero ya durante largos períodos de tiempo a los consulados venezolanos en Ecuador no llegaban pasaportes ni prórrogas.

La implementación de la visa humanitaria y la exoneración de la multa, no es una esperanza real, muchos que creyeron se beneficiarían con esta medida, vieron esfumada esta esperanza cuando al asistir a la cita para el censo de venezolanos ordenado por el Gobierno de Ecuador, les informaron que no eran apto para recibir el permiso de residencia, porque en el sistema no aparecía su ingreso al país, y de nuevo el requisito sine qua non el pasaporte vigente. Para regularizarse el venezolano con pasaporte vencido debe esperar conseguir quien le preste una tarjeta de crédito para pagar la prórroga de su pasaporte, en el consulado.

Pero, según el artículo 40 de la Constitución de Ecuador: ”No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria”. Y es por esa razón que se les llama a los venezolanos sin visa como “extranjero en situación irregular”; escenario que se mantiene hasta que no existan otras condiciones para quienes no cuentan con una residencia legal en Ecuador.

La falta de Consulados y Embajadas en el exterior, debido a las tensiones políticas internas en Venezuela y la ruptura de relaciones diplomáticas, imposibilita la gestión del pasaporte venezolano.


Miles de venezolanos alrededor del mundo, y en Venezuela, padecen lo que es no tener pasaporte. La falta de respuesta del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y la poca información que hay en torno al tema, hace aún más complicada la situación de venezolanos que se encuentran fuera del país y tienen el documento vencido o próximo a vencerse, y mientras, hay personas que se mueven de forma ilegal para “agilizar” los trámites. Por esos servicios pueden cobrar hasta 3.000 dólares, sin garantía de que realmente cumplan con lo que prometen.

No hay un panorama claro con los más de 200 mil venezolanos en el país que aún no se han regularizado. Se está en debate sobre cómo regularizar a los que entraron con cédula y Carta Andina, por ejemplo. Pero no hay nada escrito. No hay nada fijo. Hay que esperar porque es el Estado ecuatoriano quien tiene la única potestad sobre sus políticas migratorias.

Mientras tanto, los operativos de control migratorio arreciaron en todo el país. Funcionarios de la Policía Nacional, y las diferentes agencias de control municipal, están multando a las personas que no tengan visa o algún tipo de documento de identificación encima.

«El viernes 21 de agosto venía a bordo de mi moto, al norte de Quito, cuando fui detenido por una comisión de la policía de tránsito por supuestamente pasarse una luz roja. “Lo primero que me pidió el funcionario fue mi pasaporte para ver la fecha que había ingresado al país. Le mostré la denuncia que puse ante fiscalía porque hace meses me lo robaron, pero no le importó. Me dijo que si no le gustaba que me pidieran papeles, que me regresara a mi país”.

En la misma rueda de prensa, donde el viceministro de Movilidad Humana, Carlos Velástegui, brindó cifras sobre los venezolanos que se beneficiaron de la visa VERHU, estaba el viceministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, y él indicó que: “Nosotros hacemos controles migratorios sobre los principios de legalidad. Ninguno de ellos (controles migratorios) determina una expulsión inmediata del país. Se debe cumplir un proceso. Para quienes sí hay un procedimiento (de deportación) establecido, es para aquellos que infringen la ley”.

Carlos Cedeño es de Margarita, llegó al país hace poco más de dos años, y tenía visa UNASUR cuando fue multado por funcionarios de la Policía Nacional mientras vendía comida en la calle, al norte de Quito. “Me dijeron que tenía que mostrarles el pasaporte con la visa, y yo sólo tenía encima una copia de la página donde tengo la visa. Les dije que no era necesario eso, y que con sólo mostrarles mi visa, y su número, ellos podían verificar que estaba legal. No les importó. Igual me multaron”.

Durante la cuarentena, a Carlos se le venció su visa UNASUR y trató de sacarse la VERHU, pero como tenía en sistema del Ministerio de Gobierno, una multa por estar “sin documentos”, no pudo sacarla. “Ahora estoy entrampado, porque el pasaporte se me venció y no me puedo sacar las otras visas que cuestan mucho más. Estoy esperando para ver si puedo pedir mi prórroga en el consulado de Quito cuando habiliten citas e irme de aquí”.


Según datos del Ministerio de Gobierno, 165 mil 761 venezolanos realizaron el registro (censo) migratorio en Ecuador. De esa cantidad, como mencionamos antes, sólo 38 mil 243 obtuvieron la visa VERHU. De los que completaron el censo, un 30% tiene educación universitaria, mientras que un 40% llegó hasta bachillerato. Además, un 65% no tiene un empleo fijo, y trabaja en el comercio informal.

Mientras no se conozcan detalles del plan de acción, los operativos de control migratorio continúan en el país. Este escenario preocupa a los venezolanos, pues ven más lejos sus posibilidades de regularizarse al tener que pagar multas y altos precios por las visas disponibles.

A pesar de las disposiciones constitucionales y las leyes de movilidad humana de Ecuador, el estado ha reducido gradualmente la fuerza y la coherencia de la implementación de protecciones para los refugiados, al mismo tiempo que ha comenzado a tratar la inmigración como un problema de seguridad. Esta tendencia y el discurso de la misma comenzaron bajo el presidente anterior, Rafael Correa, especialmente con su decreto presidencial 1182 que endureció las restricciones y dificultó la solicitud de asilo.

Además, las palabras “refugiado” y “ACNUR” han aparecido con menos frecuencia a lo largo del tiempo en los medios de comunicación ecuatorianos desde 2012, mientras que “la movilidad humana” ha aparecido con mayor frecuencia, según análisis de más de 800 artículos periodísticos en los medios ecuatorianos, el discurso de “inmigración como seguridad” se ha intensificado bajo el gobierno de Lenin Moreno.

Moreno ha propuesto varias restricciones que implican requisitos de pasaporte, visa, o certificados de antecedentes penales para que los venezolanos ingresen legalmente al país o soliciten visas. Dado que es casi imposible para la mayoría de los venezolanos obtener estos documentos de un régimen disfuncional, estas restricciones (algunas de las cuales han sido impugnadas o revocadas con éxito en los tribunales) equivalen a la exclusión selectiva de los migrantes venezolanos forzados a salir de su país. El decreto 826 de julio de 2019 exigió todos estos documentos, más una tarifa de USD50 por una visa de “residencia humanitaria excepcional temporal” que sólo se puede solicitar en terceros países. (El requisito de visa entró en vigor en agosto pasado). El jefe de migración en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Christian Krüger Sarmiento, argumentó que estos requisitos de Ecuador no disminuirán la migración, sino que sólo aumentarán la inseguridad al empujar a los migrantes desesperados hacia cruces informales, aumentando las oportunidades de extorsión por parte de los grupos criminales que controlan esas rutas.

Mas paciencia y voluntad política será necesaria para alcanzar la integración

Mientras continuarán los esfuerzos para una herramienta que haga posible una integración positiva y factible en Ecuador, los vendedores ambulantes, los trabajadores domésticos, los trabajadores de la construcción, y otros que ocupan la economía informal representan el peldaño inicial para la integración económica de un grueso grupo de hombres y mujeres, aún cuando la voluntad política sigue siendo una esfera en gran medida cerrada para los migrantes. Si bien Ecuador ha extendido una alfombra de bienvenida para extranjeros en el pasado, los venezolanos están descubriendo que está cada día más desgastada.


Según datos del Ministerio de Gobierno, 165 mil 761 venezolanos realizaron el registro (censo) migratorio en Ecuador. De esa cantidad, como mencionamos antes, sólo 38 mil 243 obtuvieron la visa VERHU. De los que completaron el censo, un 30% tiene educación universitaria, mientras que un 40% llegó hasta bachillerato. Además, un 65% no tiene un empleo fijo, y trabaja en el comercio informal.
Mientras no se conozcan detalles del plan de acción, los operativos de control migratorio continúan en el país. Este escenario preocupa a los venezolanos, pues ven más lejos sus posibilidades de regularizarse al tener que pagar multas y altos precios por las visas disponibles.

A pesar de las disposiciones constitucionales y las leyes de movilidad humana de Ecuador, el estado ha reducido gradualmente la fuerza y la coherencia de la implementación de protecciones para los refugiados, al mismo tiempo que ha comenzado a tratar la inmigración como un problema de seguridad. Esta tendencia y el discurso de la misma comenzaron bajo el presidente anterior, Rafael Correa, especialmente con su decreto presidencial 1182 que endureció las restricciones y dificultó la solicitud de asilo.

Además, las palabras “refugiado” y “ACNUR” han aparecido con menos frecuencia a lo largo del tiempo en los medios de comunicación ecuatorianos desde 2012, mientras que “la movilidad humana” ha aparecido con mayor frecuencia, según análisis de más de 800 artículos periodísticos en los medios ecuatorianos, el discurso de “inmigración como seguridad” se ha intensificado bajo el gobierno de Lenin Moreno.

Moreno ha propuesto varias restricciones que implican requisitos de pasaporte, visa, o certificados de antecedentes penales para que los venezolanos ingresen legalmente al país o soliciten visas. Dado que es casi imposible para la mayoría de los venezolanos obtener estos documentos de un régimen disfuncional, estas restricciones (algunas de las cuales han sido impugnadas o revocadas con éxito en los tribunales) equivalen a la exclusión selectiva de los migrantes venezolanos forzados a salir de su país. El decreto 826 de julio de 2019 exigió todos estos documentos, más una tarifa de USD50 por una visa de “residencia humanitaria excepcional temporal” que sólo se puede solicitar en terceros países. (El requisito de visa entró en vigor en agosto pasado). El jefe de migración en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Christian Krüger Sarmiento, argumentó que estos requisitos de Ecuador no disminuirán la migración, sino que sólo aumentarán la inseguridad al empujar a los migrantes desesperados hacia cruces informales, aumentando las oportunidades de extorsión por parte de los grupos criminales que controlan esas rutas.

Mas paciencia y voluntad política será necesaria para alcanzar la integración

Mientras continuarán los esfuerzos para una herramienta que haga posible una integración positiva y factible en Ecuador, los vendedores ambulantes, los trabajadores domésticos, los trabajadores de la construcción, y otros que ocupan la economía informal representan el peldaño inicial para la integración económica de un grueso grupo de hombres y mujeres, aún cuando la voluntad política sigue siendo una esfera en gran medida cerrada para los migrantes. Si bien Ecuador ha extendido una alfombra de bienvenida para extranjeros en el pasado, los venezolanos están descubriendo que está cada día más desgastada.

Enrique López Alfonzo

Periodista Venezolano Independiente

 +584245428120

elopez0333@gmail.com

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