Apoyo a la solicitud que hace Guaidó a los gobiernos del mundo para que asuman la Responsabilidad de Proteger (R2P) en los términos en que fue aprobada por la Cumbre Mundial 2005.
El R2P, es un compromiso político mundial aprobado por todos los Estados miembros de Naciones Unidas para evitar crímenes de lesa humanidad.
Imposible saber de antemano los efectos que traerá este llamado, y si efectivamente las naciones libres del mundo asumirán el reto, pero había que hacerlo. Pase lo que pase, el caso Venezuela quedará establecido como un importante precedente histórico: los crímenes de lesa humanidad fueron ampliamente comprobados y documentados por múltiples organismos y gobiernos, e incluso por Naciones Unidas, y el llamado a asumir la R2P lo hizo el presidente interino reconocido como legítimo por las democracias del mundo. No es poca cosa.
*Breve narrativa sobre nuestro rol y propuesta*
Venezuela es un país ocupado y fragmentado por organizaciones criminales que se apoderaron de nuestro territorio con la anuencia de un régimen cuya cabeza, Nicolás Maduro, hoy es señalado por la ONU como un criminal de lesa humanidad.
Partiendo de esa realidad, que nos deja sin soberanía nacional y sin República, durante meses hemos insistido en que la opción es la fuerza, descartando falsos diálogos, farsas electorales, operaciones de fuerza no institucionales y quiebres militares.
Por eso, desde hace meses hemos insistido en la necesidad de aprobar en la Asamblea Nacional el artículo 187.11, como una señal inequívoca de que necesitamos ayuda internacional, así como en la importancia de la Responsabilidad de Proteger (R2P) como una doctrina universal que obliga a todos los Estados democráticos a actuar en defensa de pueblos mancillados como el venezolano.
Así, fundamentados en estos principios, en mayo de 2020 propusimos avanzar en la conformación de una Operación para la Paz y Estabilización (OPE) de Venezuela, que incluye la liberación y desocupación del país, que busca detener el sufrimiento nacional, desmontar una amenaza real y que tiene múltiples componentes de fuerza.
El principal objetivo de esta OPE es detener un proceso de grandes conflictividades como el que atraviesa Venezuela, entendiendo que no es un asunto que puede contenerse en nuestras fronteras y que tiene implicaciones regionales.
¿Qué se requiere? 1. Fuerza nacional: un país que comprenda que no podemos solos, que necesitamos ayuda externa para salir de esta situación y que no se trata de una invasión, sino una intervención. 2. Fuerza internacional: amparados en la doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P) -que no depende del Consejo de Seguridad de la ONU, sino en la responsabilidad que tiene cada Estado de defender a aquellos ciudadanos oprimidos y vejados en su propio país, como ocurre hoy en Venezuela- fortalecer instrumentos regionales como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar) y otros instrumentos locales que nos permitan concretar la ayuda externa.
¿Cuál es nuestro rol? Avanzar en la construcción de esa conciencia ciudadana y explicar a nuestros amigos, equipos y a cualquier venezolano por qué hoy necesitamos de esa ayuda externa, y eso se justifica por la catástrofe humanitaria, por la violación sistemática de los DDHH confirmada por la ONU, por la amenaza regional incluso para la seguridad de EEUU y otros países del hemisferio. Asimismo, sumar aliados a esa causa y fortalecer nuestra narrativa.
¿Frente a qué lo debemos recordar? Frente a cómplices de la tiranía que han funcionado como inhibidores de ese avance en planos como la opinión pública, espacios diplomáticos y con propuestas nacionales como participar en la farsa electoral del 6 de diciembre.
Por eso hoy, desde Vente Venezuela, nuestro rol es insistir en que ese es el camino, ahora apoyados por una comunidad internacional que entiende que Venezuela debe ser desocupada, que el sufrimiento debe parar y que se requiere una amenaza real para hacerle entender al régimen que por su propio bien debe irse.
La OPE está en marcha: sanciones a Irán y el régimen venezolano, operación antinarcóticos en el Caribe, posible acuerdo con la DEA, Maduro y generales señalados por la ONU como criminales de lesa humanidad, sanciones a cómplices “opositores” y otras acciones recientes así lo demuestran.
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