La educación es una cualidad en quienes asumen con conciencia los desafíos de la vida. Quien así no encara al mundo, tiende a confundir sus acciones al concebirlas desde una perspectiva profundamente ensimismada.
Es decir, desde una posición egoísta y, por tanto, egocéntrica lo cual refleja un cierto abandono al hecho de actuar con ética, ecuanimidad, ponderación y equilibrio social.
Si bien actitudes así tienden a desordenarle la vida a cualquier persona que busque encauzar su ideología entre otros con iguales apetencias o proyectos, el problema es mayor en el caso de quien ha sido delegado por un colectivo para responsabilizarse por la conducción de procesos sociales que comprometen su devenir.
Caso Venezuela
Cabe el particular ejemplo de quienes fungen responsabilidades en cargos de poder público nacional tienen sobre sus hombros el difícil deber de “cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley” y de “dirigir la acción de gobierno” (Art. 236, Constitución de la República, 1999) aparte de otras atribuciones que son demostrativas del desproporcionado y acentuado poder que descansa en la figura presidencial.
La temperamental conducta de muchos, sobre todo luego de reconocer el comienzo del declive político del oficialismo, he determinado un proceder reprochable al conjugarse en ellos una actitud injuriosa sumada a decisiones que vulneran el respeto a los derechos trascendentales del hombre exhortados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace 60 años.
Sus desconsideradas visiones de las realidades, sumado al abuso de poder mediante el cual agobian el libre albedrío de la población cuando deciden hablar por radio y televisión para vociferar sus melodramáticos discursos, no tiene parangón.
Son personajes, que por obra del pernicioso populismo y la gracia del poder en sus manos, presumieron convertirse en ductor de las desviadas políticas gubernamentales puestas en práctica por la genuflexión de los poderes públicos nacionales.
El poder mezclado con las características de individuos malcriados, los hacen quedar mal al país ante los ojos del mundo.
Pero especialmente, ante quienes en los han aplaudido pues sus bravatas aderezadas de insolencias, groserías y arbitrariedades configuran el típico cuadro de quienes no deben ostentar cargos públicos algunos.
Sin embargo, las realidades son inexorables en este sentido pues dan cuenta de personas malcriadas usurpando un improcedente poder político mediante las cuales se permiten tomar decisiones que han fracturado el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que, hace casi dos siglos, se trazaron precursores y libertadores para que la nación alcanzara el bienestar y el progreso que se corresponde con la naturaleza de sus habitantes.
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