La investigación de la CPI en Venezuela: ¿Qué implica para el país y la región?
La presencia de una comisión oficial de la CPI en Venezuela, que llegó al país recientemente, podría tener un significado importante en esta tierra de gracia y la región, tanto en términos de justicia como de política, máxime cuando se espera que la Sala de Apelaciones el 1° de marzo de 2024 autorice la continuación de la investigación en el Caso Venezuela I.
En este contexto, es necesario que la CPI actúe con prudencia, profesionalismo y transparencia, y que cuente con el apoyo de la comunidad internacional, de la sociedad civil y de las víctimas.
Solo así podrá cumplir con su mandato de poner fin a la impunidad y contribuir a la prevención de los crímenes más graves que afectan a la humanidad.
Así las cosas, la investigación de la CPI en Venezuela podría tener consecuencias jurídicas y políticas para el país y la región. Si la Sala de Apelaciones de la CPI autoriza la continuación de la investigación, la Corte podría solicitar órdenes de arresto y presentar cargos contra los presuntos responsables de los crímenes, sin importar su cargo o posición.
Lo anterior, implicaría un nivel de responsabilidad individual, de acuerdo con el Estatuto de Roma, que establece que la condición oficial de una persona, ya sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un Gobierno o Parlamento, representante electo u oficial de un Estado, no la exime de responsabilidad penal ni constituye motivo para reducir el castigo.
Esto supone un desafío para la soberanía y la estabilidad del país, así como para el avance de la revolución bolivariana. ¿Por qué?
Pues, se iniciaría la fase de juicio y la CPI tendría la potestad de imponer penas de hasta 30 años de prisión o cadena perpetua, así como multas y reparaciones a las víctimas.
Además, podría contar con la cooperación de otros Estados y organizaciones internacionales para garantizar el cumplimiento de sus decisiones en el caso Venezuela I
La investigación de la CPI en Venezuela podría ser una oportunidad para fomentar la justicia y la paz, y para contribuir a la solución de la crisis que padece el país.
Al tratarse de una instancia independiente e imparcial, aseguraría una rendición de cuentas efectiva y disuadiría la impunidad. De este modo, podría presionar al régimen para que respete los derechos humanos y dialogue con la oposición.
Sin embargo, la CPI también podría despertar temores en el régimen, que podría reaccionar con más represión y violencia.
Además, la CPI podría convertirse en un instrumento de negociación o de chantaje por parte de los actores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, que podrían reclamar inmunidad o amnistía para participar en un eventual proceso de transición.
En cualquier caso, la CPI podría crear un escenario favorable para el diálogo y la negociación entre el gobierno y la oposición, con el apoyo de actores regionales e internacionales, como la ONU, la OEA, el Grupo de Lima, la Unión Europea, etc.
Y así podría facilitar la transición hacia una solución pacífica, democrática y constitucional de la crisis venezolana.
No obstante, la CPI podría generar falsas expectativas o frustración entre la población, que esperaría resultados rápidos y contundentes, cuando en realidad la CPI tiene limitaciones de recursos, tiempo y alcance.
A pesar de ello, la CPI podría transmitir un mensaje claro a los perpetradores y a la comunidad internacional de que los crímenes no quedarán impunes y de que se hará justicia a las víctimas.
Esto significa que su trabajo en Venezuela no implicaría una amenaza para la soberanía y la estabilidad del país, sino una oportunidad para la justicia y la paz, como ya se dijo.
Asimismo, la CPI podría demostrar que no es un instrumento de injerencia extranjera y de dominación imperialista, sino una instancia independiente e imparcial que busca juzgar los crímenes más graves que afectan a la humanidad; que no actúa con sesgo ni politización, sino conforme al derecho internacional y al Estatuto de Roma, al cual Venezuela se adhirió voluntariamente en 2000.
La visita de una comisión oficial de la CPI a Venezuela tiene un significado importante para el país y la región, que conlleva desafíos y riesgos en torno a la investigación adelantada por la Fiscalía de la CPI en Venezuela, que nos plantea un dilema ético y moral:
¿Cómo conciliar la justicia con la paz? ¿Cómo respetar la soberanía con la solidaridad? ¿Cómo dialogar con la verdad?
Estas son preguntas que no tienen una respuesta única ni fácil, pero que nos interpelan como seres humanos y como ciudadanos del mundo.
La CPI nos invita a reflexionar sobre el valor de los derechos humanos, la responsabilidad de los actores políticos, el papel de la comunidad internacional y el sentido de la democracia.
La CPI nos desafía a buscar soluciones pacíficas, democráticas y constitucionales a la crisis venezolana, que respeten la dignidad de las víctimas y la voluntad del pueblo.
La CPI nos ofrece una oportunidad para la justicia y la paz, pero también nos exige un compromiso con el diálogo y la reconciliación.
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