Estado peligroso sin delito, un grave peligro para la democracia y el estado de derecho.
El estado peligroso sin delito es una categoría jurídica que permite al Estado reprimir a las personas no por lo que han hecho, sino por lo que podrían hacer, basándose en una sospecha infundada o arbitraria; categoría recurrente en el discurso y la práctica del gobierno de Venezuela, especialmente desde el 2013.
El “estado de sospecha” que espetó Diosdado Cabello en Barinas se inscribiría en esta categoría, propuesta por el criminólogo argentino Raúl Zaffaroni, acérrimo criticó del uso de la misma por parte de regímenes autoritarios que violan los derechos humanos y las garantías constitucionales de los ciudadanos.
Zaffaroni alerta que el estado peligroso sin delito representa un grave peligro para la democracia y el estado de derecho, pues implica la negación del principio de legalidad, el principio de inocencia, el principio de proporcionalidad y el principio de culpabilidad, pilares del derecho penal moderno.
Al vulnerar estos principios, el estado peligroso sin delito abre la puerta a la arbitrariedad, el abuso y la impunidad, que socavan la legitimidad y la credibilidad del sistema penal.
En consecuencia, afecta los derechos humanos y las libertades fundamentales, v.gr.: de los venezolanos.
Además, el criminólogo argentino denuncia que el estado peligroso sin delito se ha reactivado en el contexto de la llamada “guerra contra el terrorismo”, que ha legitimado el uso de medidas excepcionales y de emergencia para combatir a supuestos enemigos internos o externos, tal como viene sucediendo en Venezuela.
El régimen ha recurrido al estado peligroso sin delito para perseguir y encarcelar a sus opositores políticos, bajo la acusación de estar involucrados en planes conspirativos o terroristas, como una estrategia para deslegitimar y neutralizar a la oposición democrática, que ha cuestionado su gestión y su legitimidad.
Por ejemplo, recientemente Diosdado Cabello en un acto público en Barinas, sin ofrecer ninguna prueba ni argumento, generalizó y acusó en la persona del gobernador a los adversarios políticos de ser unos conspiradores y unos traidores; afirmó que había un “estado de sospecha”, insisto, ¡generalizado!, que viene a ser una patente de corso para actuar contra los supuestos enemigos de la revolución.
Esa expresión que él soltó ahí, desde el punto de vista criminológico es lo que planteó Zafaroni y le permite al Estado actuar con todo su imperio, pues implica la actitud sospechosa que le endosa el Estado a todo aquel que sin haber cometido un delito, no solo es sospechoso, es privado de su libertad y procesado.
Ese es el principio por el cual se regía la Ley de Vagos y Maleantes, donde no había un proceso judicial, no había una investigación, simplemente la sospecha de que una persona encuadraba en el estado peligroso sin delito, no había cometido un delito, pero ya era sospechoso y por eso había que procesarlo.
Desde el punto de vista político, cada vez que las encuestas desfavorecen al régimen, todos somos sospechosos, éste se victimiza, crea o simula hechos de terrorismo, para poder judicializar a cualquiera de la oposición, sobre todo a aquellos que tengan una relevancia en el desarrollo político y hacen inclinar la voluntad de la gente hacia un candidato con amplia expectativa de triunfo.
Las consecuencias están a la vista en varios estados del país, resaltan por estos días en Yaracuy, Vargas y Trujillo, donde se produjeron detenciones arbitrarias de líderes regionales del comando de campaña de la oposición, que pertenecen al partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado.
Una sospecha infundada o arbitraria, que no ha sido demostrada con pruebas fehacientes ni sometida al escrutinio de un tribunal imparcial e independiente, también recayó, por caso, en Sebastiana Barráez, Tamara Sujú, Wender Villalobos, Norbey Marín, Mario Carratú Molina y José Antonio Colina. Sobran los ejemplos.
Todos fueron acusados de delitos como terrorismo, traición a la patria, conspiración, entre otros, víctimas del “estado de sospecha”, inherente al estado peligroso sin delito, invocado por el régimen para justificar la detención de ciudadanos, incluso, sin vinculación política; de igual modo, para justificar la degradación, encarcelamiento y expulsión de militares.
Para superar el estado peligroso sin delito en Venezuela, se requiere de una transición política que restablezca la democracia y el estado de derecho, que garantice el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, que fortalezca la participación ciudadana y el control social.
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