“Las sanciones son el último recurso de los cobardes, que no se atreven a enfrentar al enemigo con las armas, ni a dialogar con él con la razón”. José Saramago
El Congreso de Estados Unidos ha sorprendido al mundo con su reciente informe en el que reconoce que las sanciones impuestas a Venezuela desde 2005 han causado una crisis económica y migratoria en nuestro país, y que no han logrado el objetivo de sacar del poder a Nicolás Maduro.
Este cambio de discurso contrasta con la postura que ha mantenido el gobierno estadounidense durante años, en la que ha acusado a Maduro de ser un dictador, un narcotraficante, un violador de derechos humanos y un enemigo de la democracia. El pronunciamiento es lo más parecido a un mea culpa tardío y cuestionable.
Según el informe del Congreso de Estados Unidos, las sanciones han tenido un impacto negativo en la economía y la sociedad venezolanas, al restringir el acceso a bienes y servicios básicos, al generar escasez, inflación, pobreza y desempleo, y al provocar el éxodo de millones de personas que huyen de la crisis.
Sin embargo, este reconocimiento llega tarde y de forma cuestionable, pues no asume la responsabilidad de Estados Unidos en el deterioro de la situación humanitaria en Venezuela, ni ofrece ninguna reparación o compensación a las víctimas de las sanciones.
Por el contrario, el informe parece buscar una justificación anticipada para levantar las sanciones al régimen de Maduro, algo que sería inconcebible si se consideran las graves violaciones de derechos humanos que ha cometido el gobierno venezolano, documentadas por organismos internacionales como la ONU, la OEA y la CPI.
El informe tampoco explica por qué Estados Unidos ha mantenido las sanciones durante tanto tiempo, si sabía que no estaban funcionando para lograr un cambio político en Venezuela, y que estaban causando un sufrimiento innecesario a la población civil.
¡Cuidadito! El informe del Congreso de Estados Unidos también parece ser un guiño al régimen de Maduro, que desde hace años viene pidiendo el levantamiento de las sanciones como condición para dialogar con la oposición y celebrar elecciones libres y transparentes.
De hecho, el informe coincide con el discurso de Maduro, que ha culpado a las sanciones de todos los problemas que aquejan a Venezuela, y que ha negado la existencia de una crisis humanitaria compleja en el país.
Asimismo, el informe también contradice la posición que ha tenido Estados Unidos de apoyar a la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, a quien reconoce como líder indiscutible de este sector mayoritario del país en la actualidad.
Al reconocer que las sanciones han fracasado, el informe debilita la estrategia de presión que ha impulsado la oposición para lograr una transición democrática en Venezuela, y le resta credibilidad y respaldo internacional.
En ese sentido, el ciudadano común en Venezuela, el de a pie, que ha sufrido durante años las consecuencias del régimen de Nicolás Maduro, que ha visto violados sus derechos humanos, que ha padecido la escasez, la hiperinflación, la represión y la corrupción, que ha tenido que emigrar o sobrevivir en condiciones de miseria, que ha clamado por un cambio político y social, que ha participado en protestas, elecciones y consultas populares, que ha apoyado a la oposición democrática y a sus líderes, que ha confiado en la comunidad internacional y en sus aliados, que ha esperado una ayuda humanitaria y una intervención militar, que ha soñado con una Venezuela libre y próspera, se ha encontrado con una sorpresa desagradable:
El Congreso de Estados Unidos, el país que se presenta como el más democrático del mundo, el país que ha liderado las sanciones contra el régimen de Maduro, el país que ha ofrecido su apoyo y solidaridad al pueblo venezolano, ha reconocido que las sanciones han causado una crisis económica y migratoria en Venezuela, y que no han servido para sacar del poder a Maduro.
Por esa razón, el pronunciamiento del Congreso de Estados Unidos significa un desprecio, una burla y una traición al ciudadano común de Venezuela. Le envía el mensaje de que no le importa su sufrimiento, de que no le reconoce su lucha, de que no le respeta su voluntad, de que no le garantiza su derecho a elegir, de que no le ofrece su ayuda, de que no le defiende su dignidad, de que no le respalda su libertad. Le deja la perspectiva de que tendrá que enfrentarse solo al régimen de Maduro, de que tendrá que resignarse a vivir bajo su tiranía, de que tendrá que renunciar a su sueño de cambio, de que tendrá que olvidarse de su proyecto de país.
Ese pronunciamiento también tiene implicaciones para el escenario electoral.
En medio de la preparación de las elecciones presidenciales, previstas para este año 2024, dicho pronunciamiento podría desanimar al ciudadano común de Venezuela a votar por la candidata que encabeza las encuestas, María Corina Machado, pues podría hacer pensar al ciudadano común que no vale la pena votar por una candidata que tendría el apoyo de Estados Unidos, que aún no le ha garantizado a ella que participará en las elecciones, pero sí abre la posibilidad del levantamiento de la sanciones al régimen de Maduro.
Desde esa óptica, no sería aventurado afirmar que ese pronunciamiento parecer guardar relación directa con la estrategia del régimen de Maduro de desalentar a la sociedad venezolana en su propósito de impulsar y lograr un cambio, ya que coincide con el discurso de Maduro, repito, que ha culpado a las sanciones de todos los problemas que aquejan a Venezuela.
El informe del Congreso de Estados Unidos sobre las sanciones a Venezuela es un documento que revela las contradicciones, los fracasos y las incongruencias de la política exterior estadounidense hacia nuestro país, con más desaciertos que tinos.
Lejos de ser un gesto de sinceridad o de sensatez, el informe es una muestra de impotencia, de desesperación y de cinismo. El informe no contribuye a la solución de la crisis venezolana, sino que la agrava y la complica. El informe no es una ayuda para el pueblo venezolano, sino un insulto y una burla.
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