Fenómeno político-jurídico anormal en Venezuela debilita la democracia.
Teratología jurídica política, es una expresión que se utiliza en Venezuela para referirse a las decisiones o actuaciones de autoridades políticas o jurídicas que son consideradas monstruosas o anormales en cuanto a derecho se refiere.
Las decisiones que resultan de la teratología jurídica política suelen estar motivadas por factores políticos y no necesariamente obedecen a criterios jurídicos objetivos. E
n ocasiones, se pueden interpretar como un intento de subvertir el orden constitucional o burlar los principios fundamentales que rigen el Estado de derecho.
Algunos expertos en derecho y política han utilizado la expresión “teratología jurídica política” para referirse a ciertas decisiones y acciones del régimen venezolano, señalando que estas pueden ser consideradas anormales o contrarias a los principios fundamentales del Estado de derecho, materializadas para mantenerse en el poder.
Connotados juristas venezolanos reafirman esa noción, es el caso del Dr. Ramón Duque Corredor que, al respecto, ha dicho:
“Gobierno madurista hace gala de teratología jurídica política, que según especialistas, son las anomalías, monstruosidades, malformaciones, deformaciones y disfunciones ilegales y judiciales para no dejar el poder”.
Con sentido pedagógico, Duque Corredor nos introduce en esta temática: “Si TSJ suspende primarias mediante este recurso [de Luis Ratti] incurre en teratología jurídica, o monstruosidad legal.”
La teratología jurídica, ilustrada por tan eminente jurista, comporta una invasión de competencia por parte del Ejecutivo con fines de persecución política, con ello adquiere sentido la expresión “teratología jurídica política”, por involucrar procesos judiciales y políticos alto cuestionados en Venezuela.
Por ser profusas en nuestro país las decisiones encuadradas en la teratología jurídica política, cobra vigencia otro término, jurisprudencia teratológica. Algunos ejemplos conceptuales de jurisprudencia sobre decisiones teratológicas, serían:
– Una sentencia que desprende de su razonamiento toda lógica jurídica.
– Una decisión que se sustenta en criterios o argumentos inconsistentes, contradictorios o absurdos.
– Un fallo que no cumple con los estándares de imparcialidad e independencia exigidos por el Estado de derecho.
– Una resolución judicial que viola flagrantemente derechos fundamentales o garantías constitucionales.
Aunque la calificación de una decisión judicial como teratológica es subjetiva y depende de la interpretación del evaluador, en Venezuela la gran mayoría de los ciudadanos coincide en calificar como tal a un gran número de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En otras palabras, el ámbito jurídico venezolano está plagado de decisiones judiciales consideradas teratológicas.
En enero de 2019, la organización CEPAZ denunció que entre los años 2015 y 2019 el TSJ emitió “14 sentencias con un mismo fin inconstitucional”.
Algunos ejemplos de estas sentencias son: la N° 260 del 30/12/2015, emitida por la sala Electoral, que violó la atribución constitucional de la Asamblea Nacional de control parlamentario sobre el gobierno y la administración pública nacional, y la N° 341 del 05/05/2016, emitida por la sala Constitucional, que limitó la función legislativa del parlamento venezolano.
Durante el lapso referido, actuando conforme a los intereses del Gobierno Nacional:
“El TSJ declaró la nulidad de las juntas directivas de la Asamblea Nacional durante los años 2017 (Julio Borges), 2018 (Omar Barboza) y 2019 (Juan Guaidó), y la inconstitucionalidad de todas las decisiones tomadas por el Poder Legislativo desde el año 2016, cuando declararon por primera vez en desacato al Parlamento venezolano.”
En cuanto a las acciones que atentan contra la libertad de expresión, se puede mencionar la Sentencia N° 0302 del 22/07/2021, en la que la Sala Constitucional ratificó la condena emitida contra el diario El Nacional, que implica el pago de casi 14 millones de dólares a Diosdado Cabello y también involucra la apropiación indebida de la sede del diario, todo ello por un supuesto daño moral a éste, que en realidad no existía.
Respecto a otras actuaciones “consideradas monstruosas o anormales”, sobresalen los procesos iniciados por la Asamblea Nacional para la designación de Magistrados y Magistradas del TSJ, así como todos los actos efectuados para tales designaciones. Son muchas las decisiones y actuaciones político-judiciales susceptibles de ser calificadas y encuadradas en la teratología jurídica política.
Así las cosas, la teratología jurídica política es un fenómeno que ha afectado gravemente la vida democrática de Venezuela en los últimos años. En ese sentido, esta práctica ha debilitado el Estado de derecho y ha erosionado la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas del país. Además, ha permitido que el Ejecutivo tenga un control excesivo sobre el poder judicial (minúsculas adrede).
En línea con lo anterior, la teratología jurídica política tiene consecuencias negativas para la sociedad venezolana, incluyendo la violación de los derechos humanos, la persecución política, la desconfianza en las instituciones democráticas y la inseguridad jurídica.
Sin duda, es un fenómeno perjudicial para la vida democrática de Venezuela, que exige tomar medidas para garantizar la independencia del poder judicial y evitar que las decisiones políticas afecten negativamente el Estado de derecho.
Solo así se podrá recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas del país y se podrá avanzar hacia una sociedad más justa y libre.
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