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Opinión: ¡Vacunas para todos!… Por Coromoto Díaz



Si hay una lección que aprender de esta pandemia, es que nadie está protegido hasta que todos estén protegidos del virus. Sobre la base de este principio, no debería haber debate sobre la necesidad de incluir a los migrantes y refugiados en los planes de vacunación de todos los gobiernos.

Sin embargo, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, los migrantes, los refugiados y otros grupos vulnerables no figuran como categorías específicas en los planes de vacunación covid que especifican los requisitos de elegibilidad. Esto deja a la mayoría de los migrantes y refugiados inseguros acerca de si califican para la inoculación en el país donde residen actualmente. Peor aún, algunos gobiernos han declarado explícitamente que no tienen la intención de poner las vacunas a disposición de los migrantes y refugiados en sus jurisdicciones.

Excluir o descuidar a los migrantes y refugiados en el despliegue de la vacuna no sólo es inhumano e injusto; también socava los objetivos de salud pública de los programas de inoculación. Esto se debe a que los migrantes y refugiados se encuentran entre los grupos de población que enfrentan un mayor riesgo de contraer y transmitir el coronavirus debido a sus condiciones vulnerables de vida y de trabajo.

Mientras la población mundial busca refugio en sus hogares, los trabajadores migrantes continúan trabajando en los campos, entregando alimentos y bienes esenciales, cuidando a los niños, limpiando las casas, trabajando en el comercio informal y manteniendo viva la infraestructura económica en cada rincón del planeta donde se encuentran.

Incluso en países donde el gobierno se ha comprometido a proporcionar acceso a vacunas para migrantes y refugiados, como Alemania, Francia, España, Nueva Zelanda y Corea del Sur, hay numerosas barreras que pueden impedir que estos grupos realmente aprovechen el tratamiento, especialmente los migrantes irregulares o indocumentados. Según la Organización Mundial de la Salud, la cobertura de vacunas entre migrantes y refugiados ha sido menor en comparación con la población general incluso antes del brote de COVID-19 debido a discriminación social, estigmatización, miedo a la deportación o criminalización, falta de recursos, información inadecuada, lenguaje y otras barreras culturales, ubicación geográfica o requisitos discriminatorios de elegibilidad.

Estas prácticas discriminatorias son cada vez más pronunciadas en medio de la pandemia actual porque las vacunas COVID se consideran productos escasos que los gobiernos están tratando de asegurar para sus propios ciudadanos por encima de todos los demás. Estados Unidos, China, la UE y el Reino Unido han obtenido el 78% de todas las dosis de vacunas disponibles a 8 de febrero de 2021, mientras que África tenía el 0,2%. Tres cuartas partes de los refugiados y migrantes del mundo están alojados en países con menos recursos y influencia política para asegurar suficientes de estas vacunas para sus poblaciones. De hecho, se estima que una quinta parte de la población mundial no tendría acceso a las vacunas covid hasta 2022, incluso si los 13 principales fabricantes de vacunas COVID-19 las producen a su máxima capacidad.

Esta «escasez» puede aliviarse rápidamente si no se permite a las grandes corporaciones farmacéuticas multinacionales mantener su monopolio sobre estas vacunas. Si los países ricos acuerdan renunciar a los «derechos de propiedad intelectual» de estas corporaciones sobre estas vacunas ,como exigen los países en desarrollo de la Organización Mundial del Comercio, entonces más fabricantes de todo el mundo pueden producir simultáneamente estas vacunas. Esto aumentaría rápidamente el suministro y reduciría los costos de estas vacunas en beneficio de todos. Pero Estados Unidos, la UE y otros países ricos se oponen a esto para obtener los beneficios monopolísticos de estas compañías multinacionales farmacéuticas, incluso cuando estas mismas compañías ya recibieron miles de millones en dinero de los contribuyentes para desarrollar estas

Los migrantes y refugiados no sólo deben ser elegibles para recibir vacunas, sino que deben incluirse entre la lista o grupos prioritarios que se enfrentan a un mayor riesgo de infección y transmisión. Pertinente y necesario es elevar un llamado a los gobiernos para que trabajen con organizaciones de migrantes, grupos de refugiados y organizaciones no gubernamentales para facilitar el acceso de esta circunscripción vulnerable a la vacunación y otros servicios esenciales de salud.

«JUSTICIA es poner fin al chivo expiatorio, la criminalización, la brutal represión, las deportaciones y la discriminación de los migrantes y refugiados…» La salud y el bienestar de las personas deben ser protegidos sin distinción alguna.

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