En tiempos de incertidumbre y desafíos crecientes, la gestión pública eficaz se erige como un pilar para el desarrollo y el bienestar de nuestras sociedades.
Recientemente, a propósito de un curso del IPPDH de Mercosur, tuve la oportunidad de revisar el manual “Planificación de políticas, programas y proyectos sociales, valiosa contribución del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC, Argentina) y UNICEF que, aunque enfocado en la niñez y adolescencia, ofrece herramientas y conceptos cuya aplicabilidad trasciende con creces su ámbito original.
Dicho documento, orientado a fortalecer las capacidades de gestión local, nos invita a una reflexión profunda sobre la necesidad imperante de una planificación rigurosa en toda América Latina. Así las cosas, el manual nos introduce a las “3P”: Políticas, Programas y Proyectos, como elementos interconectados y esenciales para la acción gubernamental.
Las políticas se materializan en programas, que a su vez se agrupan en proyectos, la unidad mínima de asignación de recursos. Esta articulación es crucial, sin ella, la acción estatal se diluye en esfuerzos aislados y de impacto limitado. La claridad en la definición de estos componentes es el primer paso para cualquier intervención que aspire a ser transformadora.
El texto recalca el ciclo de vida de las políticas públicas, que abarca la identificación del problema, la decisión, el diseño y configuración, la implementación y la evaluación.
Este enfoque secuencial, aunque suene alto teórico, proporciona un marco indispensable para ordenar las fases de cualquier iniciativa.
La insistencia en la evaluación no como un epílogo, sino como un proceso continuo que retroalimenta y ajusta, es una lección que muchos de nuestros gobiernos deberían internalizar. La capacidad estatal, definida como la aptitud para plasmar los máximos niveles posibles de valor social a través de políticas públicas, depende directamente de la solidez de este ciclo.
La relevancia del manual se magnifica al considerar el contexto latinoamericano. Nuestros países, con sus complejidades sociales, económicas y políticas, demandan una planificación estratégica que no solo identifique problemas, sino que, tras ponerlos en agenda, proponga soluciones viables y sostenibles.
Ahora bien, ¿cómo resuenan estos principios en el marco normativo venezolano? Nuestro país cuenta con una estructura legal en materia de planificación pública, encabezada por la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (LOPPP), reformada en 2014.
La LOPPP define la planificación como un “proceso de formulación de planes y proyectos con vista a su ejecución racional y sistemática”, una definición que armoniza con la visión del manual del CIPPEC y UNICEF.
Sin embargo, la existencia de un marco legal no garantiza su efectiva aplicación.
La teoría de la planificación, con su énfasis en la racionalidad y la participación, a menudo choca con la realidad política y las limitaciones institucionales. La Sala Constitucional del TSJ, por caso, ha tenido que pronunciarse sobre la relación entre la autonomía municipal y la sujeción al Sistema Nacional de Planificación (Sentencia N° 355 de la Sala Constitucional del 16/05/2017, N° Expediente: 11-0120). Ergo, la brecha entre el “deber ser” normativo y el “ser” de la gestión pública es un desafío constante.
Este manual del CIPPEC y UNICEF nos recuerda que la planificación no es un mero ejercicio burocrático, sino una herramienta estratégica para la transformación social.
Sus principios, aplicados con rigor y adaptados a las particularidades de cada contexto, pueden ser un faro en la compleja navegación de la gestión pública latinoamericana (permítaseme la analogía).
En Venezuela, donde el andamiaje legal para la planificación es extenso, el reto reside en trascender la letra de la ley para asegurar que los planes, programas y proyectos se traduzcan en mejoras tangibles para la vida de nuestros ciudadanos, especialmente para los más vulnerables.
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