De la protesta a la oportunidad: Cómo el gobierno nacional puede convertir la presión salarial y de transporte en una ventaja estratégica. El análisis del politólogo Jesús Castillo Molleda sobre este proceso revela cómo estas circunstancias pueden ser vistas como una oportunidad estratégica.
El país atraviesa una ola de movilizaciones reivindicativas. Estas se unen con las movilizaciones de la sociedad civil en relación al tema de la total liberalización de los presos políticos en Venezuela. En suma, esto pone a prueba la gestión de la presidenta encargada.
El 12 de marzo miles de trabajadores, sindicalistas y pensionados marcharon en Caracas y 22 estados exigiendo un aumento real del salario mínimo (congelado desde 2022 en el equivalente a menos de un dólar). También pidieron pensiones dignas.
La respuesta inmediata del Ejecutivo fue elevar el “bono de guerra económica” de 120 a 150 dólares vía plataforma Patria (su monto en Bs), pero solo para empleados públicos activos. Además, sindicatos como Fentrasep y la Coalición Sindical Nacional lo rechazaron. Ellos afirman que los bonos no inciden en prestaciones sociales, jubilaciones ni contratos colectivos.
Asimismo, señalan que no corresponde al espíritu de las demandas exigidas.
El 16 de marzo se realizó el paro de transportistas en la Gran Caracas que paralizó rutas urbanas y suburbanas. Exigen pasar el pasaje de 60 a 120 bolívares porque los repuestos y el mantenimiento devoran sus ingresos. El Metro subió a 80 bolívares pero el malestar persiste.
Para muchos analistas, esto es una amenaza clara: erosiona la legitimidad de una presidencia interina nacida de circunstancias complejas y empaña su proyección de eficiencia gubernamental. Por tanto, esto genera riesgo de paros nacionales antes del 1° de mayo y puede ser capitalizado por la oposición.
Sin embargo, con rigor económico y visión política, esta presión puede transformarse en la mayor oportunidad del ejecutivo para consolidar su liderazgo.
A todo esto se le añade el condimento de un discurso de recuperación económica y de ingreso de miles de millones de dólares gracias a la reapertura energética de Venezuela en el mercado internacional. Si bien esto ha representado el ingreso de dinero a las arcas del Estado, no se ha traducido en mejoras en el bolsillo de los venezolanos. Por ello, no lo hace perceptible.
¿Por qué es una amenaza?
La economía venezolana tiene características estructurales duras: recuperación petrolera incipiente gracias a acuerdos con Washington, pero inflación acumulada del 51,9 % en solo dos meses de 2026, dólar dominante en la vida diaria y un salario base que no alcanza ni el 15 % de la canasta básica familiar (alrededor de 470 dólares). Un aumento descontrolado podría disparar la inflación nuevamente, como en 2018. Si Delcy ignora el reclamo, el descontento se extiende a la clase media y a los transportistas (sector clave para la movilidad urbana). Además, proyecta la imagen de un gobierno “débil” o “ajeno a la realidad”. En un contexto de una supuesta transición económica, eso invita inestabilidad.
¿Cómo convertirla en oportunidad?
La clave está en adaptar las soluciones a las realidades del país: dependencia del petróleo, dolarización informal y necesidad de atraer inversión sin repetir errores del pasado. Así, el gobierno puede actuar antes del plazo del 25 de marzo que dieron los sindicatos y proponer un “Pacto por el Salario Digno y la Estabilidad”.
- Ajuste salarial progresivo y real (no solo bonos). Anunciar un incremento escalonado del salario mínimo base: por ejemplo, pasar a 100-120 dólares mensuales en tres tramos hasta diciembre 2026, atado a metas de producción petrolera y control inflacionario del BCV. Esto sí impactaría en prestaciones, jubilaciones y cesta-ticket. Se financia con mayor recaudación no petrolera y eficiencia pública (reducción de gastos superfluos). Además, economistas como Asdrúbal Oliveros han señalado que 100 dólares es “realista” sin destruir empleo; el ejecutivo puede ir más allá si lo vincula a productividad.
- Solución específica para transportistas.
Autorizar el aumento del pasaje a 100 bolívares (0,22 dólares) con publicación inmediata en Gaceta Oficial, pero compensarlo con:
- Importación facilitada y subsidiada de repuestos (usando divisas petroleras).
- Créditos blandos para renovación de flotas.
- Subsidio temporal a usuarios vulnerables vía Patria.
Así se evita que el costo recaiga solo sobre el pasajero pobre y se mantiene la operatividad sin paralizar la economía. Ojo, esto como proyecto modelo adaptado a la productividad de la economía en recuperación que se construye.
- Reforma integral del sector público. Pasar de “bonos de guerra” a salario base más alto, con revisión de contratos colectivos. Incluir metas de eficiencia (digitalización, reducción de corrupción) para justificar el gasto. Esto responde a Fentrasep y genera confianza: el trabajador siente que su esfuerzo cuenta para prestaciones futuras.
Ventajas políticas y económicas
- Legitimidad: Muestra que Delcy escucha al pueblo, no solo a Washington, como lo quieren proyectar ciertos sectores. Fortalece su imagen como líder pragmática y “de transición inclusiva”.
- Estabilidad: Evita un mes de mayo explosivo y reduce el riesgo de paros en cadena que afectarían el flujo petrolero y la inversión extranjera.
- Crecimiento sostenible: Un salario digno moderado aumenta el consumo interno sin hiperinflación, porque va acompañado de disciplina fiscal y apertura comercial.
- Ventaja internacional: Demuestra a Estados Unidos y aliados que el nuevo gobierno maneja tensiones sociales con responsabilidad, facilitando más acuerdos petroleros y alivio de sanciones residuales.
Delcy Rodríguez enfrenta una encrucijada clásica: la presión de la calle puede ser el pretexto perfecto para reformas que ningún gobierno anterior se atrevió a hacer con tanta urgencia. Si actúa con rapidez, diálogo tripartito (gobierno-sindicatos-empresarios) y propuestas concretas adaptadas a la economía real (petróleo, dólar y control inflacionario), transforma una amenaza en el primer gran triunfo de su gestión. En efecto, no se trata de regalar dinero; se trata de reconstruir confianza y productividad. El reloj corre hasta el 25 de marzo. La oportunidad está servida. Esta sería la verdadera propaganda electoral ante un futuro electoral incierto…
Politólogo, Jesús Castillo Molleda.
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