El doble terremoto del 24 de junio de 2026 (dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 separados por apenas 39 segundos, con epicentro entre Yaracuy y Carabobo) es ya el más severo registrado en el país en más de un siglo. Con fallecidos, heridos, damnificados.
Venezuela enfrenta una prueba que excede lo técnico: es una prueba de gobernabilidad, con un gobierno que lidera la presidenta encargada Delcy Rodríguez y una ciudadanía que ya venía presentando demandas sobre la mejoría en el poder adquisitivo.
La experiencia internacional (Chile 2010, Haití 2010, Ecuador 2016, Turquía-Siria 2023, México 1985 y 2017, Japón post-Kobe y post-Tōhoku) deja lecciones claras sobre qué distingue una reconstrucción exitosa de una que profundiza la crisis. La diferencia no la marca el monto de la ayuda recibida, sino las decisiones políticas que se toman en los primeros meses, cómo de distribuyen los procesos y se formulan los focos de decisiones.
Un organismo de coordinación para la reconstrucción, con mandato, presupuesto y plazo definidos
El error más repetido en desastres de esta escala es la dispersión institucional: múltiples ministerios, gobernaciones, alcaldías y agencias internacionales actuando en paralelo, sin coordinación, lo que multiplica la duplicidad de esfuerzos, la opacidad en el manejo de fondos y los retrasos en la entrega de ayuda. Chile, tras el terremoto de 2010, montó un esquema de reconstrucción centralizado bajo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con metas trimestrales públicas y subsidios diferenciados según el daño de cada vivienda. Turquía, tras el sismo de 2023, creó una agencia de reconstrucción con presupuesto propio, cronogramas de entrega de vivienda y reportes semanales de avance.
Venezuela necesita algo equivalente: un ente único, idealmente con participación técnica de organismos multilaterales y observadores independientes, que concentre la planificación, controle el flujo de los recursos (nacionales e internacionales) y publique indicadores verificables de avance, vivienda entregada, escuelas reconstruidas, kilómetros de vialidad restituida, dignificados atendidos y zonificados.
La transparencia aquí no es un gesto de añadidura sino una condición de estabilidad. Cualquier percepción de mala gestión, corrupción o politización de la ayuda podía detonar quejas en una población ya agotada y fuertemente herida. Un organismo con auditoría externa, licitaciones públicas y veeduría ciudadana reduce ese riesgo y, de paso, da garantías a los donantes internacionales de que sus recursos no se desvían, lo cual es determinante para sostener el flujo de cooperación más allá de la fase inicial de solidaridad.
Un plan de reconstrucción en tres ejes temporales, no solo gestión de emergencia
Las experiencias que funcionaron distinguen con claridad tres fases, cada una con responsables, presupuesto y cronograma propios:
- Emergencia inmediata (semanas): rescate, atención médica, agua, alimentación y refugio temporal.
- Transición (meses): vivienda provisional digna, restitución de escuelas y centros de salud, reactivación de servicios básicos y del comercio local.
- Reconstrucción definitiva (uno a varios años): vivienda permanente con estándares sismorresistentes, infraestructura pública renovada y reordenamiento urbano donde sea necesario.
El riesgo, documentado extensamente en Haití tras 2010, es quedar atrapado indefinidamente en la fase de emergencia por falta de planificación de mediano plazo: campamentos «temporales» que se vuelven permanentes, ayuda humanitaria que sustituye en vez de impulsar la reconstrucción estructural. Venezuela debería aprobar de inmediato un plan maestro con metas anuales medibles, que incluya un catastro de daños georreferenciado, vivienda por vivienda, edificio por edificio. Ecuador hizo precisamente esto en las semanas posteriores al terremoto de Manabí en 2016, lo que permitió asignar subsidios de reconstrucción con criterios técnicos verificables en lugar de criterios clientelares o políticos.
Códigos de construcción y reordenamiento territorial como política de Estado
Expertos consultados por medios internacionales ya señalaron que las edificaciones venezolanas afectadas tienen una probabilidad de colapso significativamente mayor que estructuras similares en Japón o California, debido a la debilidad o inexistencia práctica de fiscalización de los códigos de construcción, agravada por años de deterioro institucional. Reconstruir de la misma manera que antes del sismo sería simplemente reprogramar la próxima tragedia. De manera que es indispensable:
- Una ley de construcción sismorresistente de cumplimiento obligatorio para toda obra nueva, pública y privada.
- Un cuerpo de inspectores independientes del poder político local, con capacidad sancionatoria real.
- Un mapa de microzonificación sísmica que identifique con precisión las zonas de mayor vulnerabilidad geológica, particularmente la franja costera de La Guaira y el corredor Yaracuy-Carabobo, epicentro del doblete sísmico, y que condicione o prohíba la reedificación en los sectores de mayor riesgo, ofreciendo reasentamiento planificado donde sea inevitable.
Japón, tras Kobe en 1995, convirtió esa tragedia en el punto de partida de uno de los códigos sismorresistentes más exigentes del mundo. Venezuela tiene la oportunidad de hacer lo mismo, y de financiarlo a través de la cooperación internacional que hoy está disponible.
Alianzas internacionales: aprovechar la ventana
La coyuntura ofrece una oportunidad inusual y probablemente irrepetible: la flexibilización temporal de sanciones estadounidenses (vigente solo hasta el 23 de octubre, según la licencia general de la OFAC), el ofrecimiento de ayuda de Estados Unidos, la Unión Europea, China, Brasil y varios países del Caribe, y un entorno político post-3Ene más permeable a la cooperación internacional que en años recientes. Esta ventana debe usarse para algo más que ayuda humanitaria puntual: para negociar financiamiento de reconstrucción de mediano plazo con bancos multilaterales (BID, CAF, Banco Mundial) bajo condiciones de transparencia y veeduría externa que den garantías tanto a los donantes como a la propia ciudadanía venezolana.
Conviene distinguir dos tipos de alianza: la humanitaria inmediata (rescate, salud, alimentación), que ya está en marcha con equipos de República Dominicana, Francia, México, España, Italia y otros países, y la alianza de reconstrucción de mediano plazo, que requiere instrumentos distintos, como líneas de crédito concesional, asistencia técnica en planificación urbana y normativa de construcción, y mecanismos de seguimiento conjunto.
Chile y Ecuador combinaron cooperación bilateral con organismos técnicos como ONU-Hábitat y la Cruz Roja precisamente para evitar que la ayuda se canalizara exclusivamente por vías políticas o partidistas. Venezuela debería institucionalizar mesas de coordinación con estos actores desde ya, antes de que se cierre la ventana de flexibilización de octubre, y antes de que la urgencia ceda paso a la fatiga de los donantes.
Participación ciudadana y comunitaria en el diseño de la reconstrucción
La evidencia comparada es contundente: los procesos que excluyen a las comunidades afectadas generan reasentamientos fallidos, vivienda inadecuada y, con frecuencia, nuevos focos de conflicto social. El caso más citado en la literatura sobre desastres sigue siendo Haití. Los planes más sostenibles, como el programa «Reconstruyo Mi Barrio» en Chile, incorporaron desde el diseño a vecinos, gremios de la construcción y autoridades locales en las decisiones sobre dónde y cómo reconstruir, en lugar de imponer soluciones desde el nivel central.
Para Venezuela esto implica, concretamente, fortalecer a los gobiernos locales y comunidades organizadas como interlocutores válidos en la planificación, no solo como receptores pasivos de ayuda, y habilitar mecanismos de veeduría comunitaria sobre el uso de los recursos. Esto es especialmente relevante dado el historial reciente de desconfianza institucional en el país: la oleada de protestas registrada durante el primer semestre de 2026 (más del doble que en todo 2025) refleja una ciudadanía dispuesta a exigir resultados y poco tolerante a la opacidad. Canalizar esa energía hacia la participación constructiva, en lugar de dejarla desbordar en conflicto, es en sí mismo un objetivo de política pública.
Una decisión política, no solo técnica
La reconstrucción de Venezuela no se definirá por la cantidad de ayuda recibida, sino por la calidad de las decisiones políticas que la canalicen: coordinación institucional con transparencia real, planificación por fases con metas verificables, nuevos estándares de construcción de cumplimiento efectivo, aprovechamiento inteligente y bien negociado de la cooperación internacional, y participación ciudadana genuina en cada etapa. El país tiene, paradójicamente, una oportunidad histórica poco común: usar esta tragedia como punto de partida para construir capacidades estatales que llevaba años sin tener, en un momento de apertura política y de cooperación internacional que difícilmente se repetirá en el corto plazo. Desaprovecharla no solo prolongaría el sufrimiento humanitario de millones de venezolanos, sino que erosionaría todavía más la ya frágil confianza entre la ciudadanía y sus instituciones, en un país que no puede permitirse perder esa confianza una vez más.
Politólogo, Jesús Castillo Molleda
@jesuscastillomolleda
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