El doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio de 2026 ha dejado a miles de fallecidos, personas afectadas o desaparecidas. Más allá de la tragedia humana y material, el terremoto ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las principales fuerzas políticas del país, evidenciando limitaciones institucionales tanto del oficialismo como de la oposición, y dejando en claro el peso de los actores internacionales en la política venezolana.
Para el gobierno, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la emergencia representa uno de los mayores desafíos de su gestión. Aunque se decretó el Estado de emergencia, una semana de Luto, se autorizó el ingreso de brigadas internacionales y se movilizaron recursos estatales, la crisis dejó al descubierto debilidades acumuladas en infraestructura, servicios públicos y capacidad logística. Comunidades de la costa denunciaron retrasos en la asistencia básica, y el colapso parcial de centros de salud reabrió el debate sobre las debilidades que presentan los sistema de atención de emergencias.
Organizaciones humanitarias, rescatistas y medios reportaron además demoras Las autoridades justificaron haber implementados medidas de control y acceso por razones de seguridad y coordinación.
La oposición también enfrentó su propia prueba. Aunque sus dirigentes denunciaron las fallas en la respuesta oficial y reiteraron críticas al deterioro institucional, mostraron dificultades para articular una red propia de asistencia humanitaria de gran escala. Su rol quedó principalmente centrado en la denuncia pública y la interlocución internacional, revelando limitaciones operativas y logísticas para actuar de forma autónoma.
La crisis también expuso los límites del respaldo externo a la oposición. Diversos medios informaron que la administración de Donald Trump no impulsó un retorno inmediato de María Corina Machado, priorizando consideraciones de estabilidad y seguridad durante la emergencia. Este posicionamiento generó cuestionamientos sobre la capacidad de liderazgo de la figura opositora y sobre el grado de dependencia que sectores de la oposición mantienen respecto de decisiones tomadas fuera del país.
Mientras el debate político seguía su curso, gran parte de la respuesta inmediata recayó en organizaciones comunitarias, iglesias, voluntarios, personal sanitario, cuerpos de rescate y ciudadanos que improvisaron centros de acopio y redes de apoyo. La cooperación internacional complementó la acción estatal y resaltó la importancia de la coordinación entre instituciones, sociedad civil y organismos especializados.
El terremoto no creó las fragilidades del sistema político venezolano, pero las hizo visibles bajo presión extrema. El oficialismo enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad de gestión y coordinación, mientras que la oposición ha visto expuestas sus limitaciones para operar más allá de la crítica. Los aliados internacionales tampoco escaparon al escrutinio, al evidenciar que sus cálculos estratégicos pueden entrar en tensión con las necesidades humanitarias.
La reconstrucción de Venezuela exigirá recursos, transparencia y cooperación sostenida. En ese contexto, la legitimidad política dependerá cada vez menos del discurso y más de la capacidad real para administrar la ayuda, facilitar el salvamento de vidas y construir consensos mínimos. Cuando la tierra dejó de temblar, comenzó otro examen: el de una dirigencia política, dentro y fuera del país, llamada a demostrar que, ante una tragedia nacional, el imperativo humanitario puede prevalecer sobre los cálculos políticos.
El gobierno que lidera la presidenta encargada Delcy Rodríguez tiene una oportunidad de lograr demostrar que la crisis puede ser manejada con resultados favorables y la oposición radical debe ser ahora muy cautelosa porque los tiempos de hacer politica sólo basado en críticas no son coherentes con la realidad actual así que deben darle pausa a su agenda de pedir elecciones y activar una agenda de propuesta para ayudar en esta situación.
Lo que podemos concluir que el terremoto abrió una brecha de las debilidades que presentan los sectores políticos confrontados en donde la sociedad civil, y voluntarios demuestran que están mejores preparados para asumir roles organizacionales en momentos complejos.
Politólogo, Jesús Castillo Molleda
@jesuscastillomolleda
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