La crisis migratoria que ha sacudido a la ciudad autónoma de Ceuta ha reabierto un debate que durante mucho tiempo se ha intentado relegar por miedo a incomodar: ¿qué consecuencias puede tener para España y el mundo occidental la llegada masiva de personas procedentes de sociedades con valores culturales y religiosos profundamente diferentes a los nuestros? Cuando una frontera es desbordada de manera abrupta, el problema no termina en la seguridad, la asistencia humanitaria o el costo económico.
También debemos preguntarnos qué ocurre cuando, junto con las personas, llegan concepciones sociales y religiosas que pueden entrar en conflicto con principios que en España se consideran irrenunciables.
La preocupación no debe dirigirse contra una nacionalidad ni contra todo musulmán por el hecho de serlo. Debe dirigirse, sin complejos, contra el islamismo y contra cualquier interpretación rigorista de la religión que pretenda convertir sus normas religiosas en reglas para toda la sociedad. España es un Estado democrático en el que la ley civil está por encima de cualquier dogma religioso. Nadie debería tener que aceptar que sus derechos dependan de los preceptos de una religión ajena, y mucho menos cuando estos afectan directamente a la libertad individual.
El ejemplo más evidente es el de la mujer. En España se ha recorrido un largo camino para que las mujeres puedan decidir libremente cómo vestir, con quién relacionarse, dónde trabajar, cómo desplazarse y qué hacer con su propia vida. Resulta legítimo preguntarse qué sucede cuando se normalizan dentro de sus ciudades corrientes religiosas que defienden una concepción mucho más restrictiva del papel de la mujer. La imposición de códigos de vestimenta, la segregación por sexos, la presión familiar o comunitaria y la subordinación de la mujer a determinadas normas religiosas no pueden presentarse como simples expresiones culturales cuando chocan con la igualdad y la autonomía individual que protege el ordenamiento jurídico. La libertad religiosa debe ser respetada, la imposición religiosa, no.
Y esa cuestión no se limita a las relaciones entre hombres y mujeres. También afecta a la convivencia cotidiana. El caso de los perros, por ejemplo, puede parecer anecdótico, pero refleja una diferencia cultural que no debería ignorarse. En determinadas interpretaciones del islam, el perro es considerado un animal impuro, una concepción que contrasta con la relación que gran parte de la sociedad española mantiene con estos animales, considerados miembros de la familia y protegidos por la legislación. Si una comunidad mantiene determinadas convicciones en el ámbito privado, forma parte de su libertad. El problema comienza cuando pretende trasladarlas al espacio público y exigir que el resto de la sociedad modifique sus costumbres para acomodarlas a ellas.
Ese es, precisamente, el verdadero debate: la diferencia entre convivir y someterse. Una sociedad democrática puede ser plural, pero no puede permitir que el pluralismo se convierta en una vía de entrada para normas paralelas que cuestionen sus propias leyes y valores. La integración no consiste en que el país receptor renuncie progresivamente a sus costumbres para evitar conflictos, consiste en que quien llega acepte el marco común de derechos, deberes y libertades que ya existe.
Por eso, España tiene derecho a controlar sus fronteras y a decidir qué modelo migratorio puede asumir sin poner en riesgo su cohesión social. También tiene la obligación de exigir que quienes entren en el país respeten plenamente la Constitución, la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de conciencia y las normas de convivencia. Defender estos principios no es xenofobia ni intolerancia religiosa. Es, sencillamente, defender una sociedad libre frente a cualquier ideología, religiosa o no, que pretenda imponerse sobre ella.
La inmigración no puede convertirse en un caballo de Troya cultural. Si España quiere seguir siendo una sociedad abierta, debe ser precisamente porque tiene la fortaleza suficiente para establecer límites. La libertad de creer debe estar protegida, pero también debe estar protegida la libertad de no creer, la diversidad cultural puede enriquecernos, pero no puede utilizarse como argumento para justificar la desigualdad, y la convivencia es posible siempre que exista una regla fundamental: quien llega a España o a cualquier país occidental debe respetar las leyes y libertades que hacen posible la sociedad.
Politólogo: Jesús Castillo Molleda
@jesuscastillomolleda
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