Los terremotos del 24 de junio de 2026 introdujeron una nueva variable en la compleja coyuntura venezolana. El país transcurre actualmente entre dos procesos de enorme importancia: por un lado, la implementación del plan de institucionalización impulsado por Estados Unidos (Plan de 3 fases) y, por otro, la atención de una emergencia humanitaria y de infraestructura que exige concentrar los esfuerzos nacionales en salvar vidas, atender a los damnificados y comenzar la recuperación de las zonas afectadas.
Ambos procesos no son necesariamente incompatibles y, en una etapa posterior, pueden desarrollarse de manera paralela.
Sin embargo, en la fase crítica de respuesta a un desastre, la prioridad del Estado debe orientarse exclusivamente a la gestión de la emergencia. Los recursos humanos, financieros, logísticos y administrativos son limitados, por lo que destinarlos simultáneamente a la organización de una elección podría afectar la capacidad institucional para responder con eficacia a las necesidades más urgentes de la población.
Desde el punto de vista técnico, la realización de una elección también enfrenta importantes desafíos. En estados como La Guaira, donde la infraestructura pública sufrió afectaciones, resulta indispensable verificar el estado de los centros de votación, muchos de los cuales funcionan en escuelas u otras instalaciones que podrían estar siendo utilizadas como refugios temporales o requerir inspecciones estructurales. Del mismo modo, será necesario revisar el Registro Electoral para determinar si existen ciudadanos desplazados, cambios temporales de residencia o dificultades para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al voto en igualdad de condiciones.
A ello se suma la necesidad de evaluar la operatividad de las vías de acceso, los sistemas de comunicaciones, el suministro eléctrico y las condiciones de seguridad para la distribución del material electoral y el funcionamiento de las mesas de votación.
Estos elementos forman parte de los estándares mínimos que permiten desarrollar un proceso electoral con normalidad y brindar confianza a los electores.
La coyuntura también representa una oportunidad para que las organizaciones políticas demuestren su compromiso con la ciudadanía. Más que concentrar sus esfuerzos en campañas o candidaturas, los partidos deberían reorientar temporalmente sus estructuras territoriales hacia labores de asistencia comunitaria, organización de voluntarios, apoyo a los damnificados y acompañamiento a las comunidades afectadas. En momentos de crisis, la legitimidad política también se construye mediante la capacidad de servir a la sociedad y no únicamente a través de la competencia por cargos de elección popular.
En consecuencia, la discusión no debería centrarse en si habrá o no elecciones, sino en cuál es el momento institucionalmente más adecuado para realizarlas, acompañados con una modernización en la legislatura electoral.
Una vez estabilizada la emergencia, restablecidos los servicios esenciales y garantizadas las condiciones materiales para una participación amplia, libre y equitativa, el país podrá retomar el calendario político sin comprometer la atención de una crisis que hoy demanda la máxima concentración de capacidades del Estado y de la sociedad.
Politólogo:
@jesuscastillomolleda
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