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«PREFACIO». La riqueza de una nación suele convertirse, paradójicamente, en la tumba silenciosa de sus ciudadanos. Por el Dr George Fereira

A lo largo de la historia, las grandes potencias han demostrado que, cuando los recursos estratégicos están en juego, pocas veces vacilan en sacrificar pueblos enteros con tal de asegurar su control. El oro, el petróleo, los minerales o las rutas comerciales han sido, con demasiada frecuencia, más valiosos que la propia vida humana.

EL LÍMITE AL PODER DEL REY.

En la Inglaterra medieval existía un sistema feudal basado en un principio sencillo: el rey concedía tierras a sus nobles y, a cambio, estos debían acudir a la guerra cuando fueran llamados.
Con el paso del tiempo surgió una alternativa. Desde el reinado de Enrique I comenzó a aceptarse un pago denominado scutage, conocido en español como escudaje, palabra derivada del latín scutum («escudo»). Quien pagaba esa contribución quedaba exento de prestar servicio militar.

Para la Corona el mecanismo resultó conveniente. En lugar de depender de nobles que combatían por obligación, el dinero permitía contratar mercenarios profesionales, soldados experimentados que luchaban por un salario. Todos parecían beneficiarse del sistema… hasta la llegada del rey Juan, conocido por la historia como Juan Sin Tierra.

Los monarcas anteriores habían recurrido al escudaje únicamente cuando las circunstancias militares lo exigían. Juan, en cambio, convirtió aquella excepción en una práctica constante. Incrementó la frecuencia y el monto del tributo, incluso en períodos en los que no existían campañas militares que justificaran semejantes exigencias. Lo que nació como un recurso extraordinario terminó transformándose en un abuso del poder.

En 1214 impuso el escudaje más elevado conocido hasta entonces. Los barones ingleses decidieron que habían llegado al límite. Se rebelaron, ocuparon Londres y, al año siguiente, obligaron al rey a sellar un documento en los prados de Runnymede.
Ese documento fue la Carta Magna de 1215.
Su trascendencia fue inmensa. Por primera vez quedó establecido que incluso el rey estaba sometido a la ley. Aquel principio se convertiría, siglos después, en uno de los pilares del constitucionalismo moderno y del Estado de derecho.

Esta historia invita a una reflexión que trasciende la Inglaterra medieval. Miles de venezolanos abandonamos nuestro país para preservar la libertad, la integridad física o, sencillamente, la vida. Otros nunca tuvieron esa oportunidad. Algunos fueron asesinados, otros permanecen encarcelados y muchos más han sufrido el desarraigo que significa abandonar la tierra donde nacieron.

Todo Estado tiene el derecho y el deber de proteger sus fronteras y de impedir el ingreso de personas que representen un peligro para la seguridad pública. Ese principio es legítimo y forma parte de la soberanía de cualquier nación.
Sin embargo, también es cierto que ninguna sociedad fortalece su Estado de derecho cuando sustituye el análisis individual por el prejuicio colectivo.
Diversos estudios académicos y estadísticas oficiales en Estados Unidos han concluido que, en términos generales, los inmigrantes —tanto documentados como indocumentados— presentan tasas de criminalidad inferiores a las de los ciudadanos nacidos en el país cuando se realizan comparaciones equivalentes entre poblaciones.

Asimismo, una proporción muy importante de los procesos penales federales contra extranjeros corresponde a infracciones migratorias, no a delitos violentos.
Los informes de la Government Accountability Office muestran que la mayor cantidad de extranjeros encarcelados en el sistema penitenciario federal procede de México, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Colombia y Guatemala. Esa realidad, sin embargo, no significa que esas nacionalidades posean las tasas más altas de criminalidad; también representan algunos de los grupos migratorios más numerosos en los Estados Unidos.

El propio gobierno federal reconoce que no existe un registro nacional que permita elaborar un ranking de homicidios, violaciones o robos por nacionalidad, ya que la mayoría de las personas privadas de libertad se encuentran en sistemas penitenciarios estatales y locales donde esa información no se recopila de manera uniforme.
Entonces surge una pregunta inevitable:
¿Por qué una parte de la opinión pública ha llegado a asociar al venezolano con la delincuencia?
Cada lector elaborará su propia respuesta.
Algunos sostendrán que determinados hechos ampliamente difundidos por los medios terminaron proyectando la conducta criminal de una minoría sobre millones de personas honestas. Otros considerarán que factores políticos y geopolíticos también han influido en esa percepción.

Lo verdaderamente preocupante es que el estigma termina castigando a quienes jamás han cometido delito alguno y únicamente buscan trabajar, reconstruir sus vidas y aportar a la sociedad que los recibió. La historia demuestra que el poder cambia de protagonistas, pero rara vez cambia de tentaciones. Ayer el abuso adoptó la forma de un impuesto convertido en instrumento de dominación. Hoy puede manifestarse mediante narrativas que terminan deshumanizando pueblos enteros.
Mientras tanto, los venezolanos seguimos cargando sobre nuestros hombros la pesada maldición del oro negro. Una riqueza que, lejos de convertirse en prosperidad, ha sido para demasiadas generaciones motivo de conflictos, autoritarismo, exilio y sufrimiento.

En un sistema feudal era entendible el comportamiento de esos nobles para evitar ir a la guerra pagando un impuesto al rey para evitarlo, pero en la Venezuela contemporánea es difícil creerlo, que un gobierno ilegítimo como el de los Hermanos Rodriguez hayan decidió pagar el mismo impuesto a la cobardía para mantenerse en el poder, pero lo hicieron utilizando los recursos de la nación como si fuera su banco privado.

Quizá por eso muchos terminemos sintiéndonos como los nuevos Juan Sin Tierra del siglo XXI con esta nueva traición por parte del que creíamos que sería nuestro aliado en la lucha contra estos terroristas de Venezuela, mismo terroristas culpables de qué hombres y mujeres fueron obligados a abandonar la patria, no por falta de amor hacia ella, sino porque demasiados intereses económicos y geopolíticos han terminado pesando más que el destino de su propio pueblo.

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