La televisora mexicana enfrenta una demanda por un préstamo aparentemente simulado a un banco offshore vinculado a venezolanos, uno de ellos asesor de Bukele. Las implicaciones legales y financieras podrían ser devastadoras.
En el universo financiero de América Latina, una sombra se cierne sobre TV Azteca, el segundo conglomerado de televisión más grande de México. La cadena, que ha enfrentado problemas económicos desde 2021, ahora se encuentra en el epicentro de una tormenta legal tras ser acusada por un gigante financiero estadounidense de simular un préstamo de 290 millones de dólares a través de un banco offshore de Santa Lucía. Esta entidad, el AlterBank, presenta un capital de apenas 4 millones de dólares, lo que ha despertado serias dudas sobre la legitimidad del acuerdo.
La situación de TV Azteca es crítica. Desde febrero de 2021, la empresa ha dejado de pagar los intereses de una deuda que supera los 630 millones de dólares, con el Bank of New York Mellon actuando como fiduciario de los tenedores de bonos. En medio de esta crisis, la televisora se vio forzada a iniciar un proceso de «concurso mercantil», similar a la bancarrota, para renegociar sus deudas. Sin embargo, la firma de un nuevo préstamo con AlterBank, justo antes de este proceso, ha sido interpretada por el banco neoyorquino como un intento de evadir sus obligaciones con otros acreedores.
La demanda presentada el 2 de junio de 2026 en Florida sostiene que tanto TV Azteca como AlterBank participaron en un esquema fraudulento. El banco estadounidense argumenta que AlterBank carecía de los fondos necesarios para realizar tal préstamo y que TV Azteca se ha negado a proporcionar información al respecto. “La evidencia sugiere que el préstamo de AlterBank puede ser una operación fraudulenta”, señala el documento judicial.
AlterBank, según la demanda, no es un banco tradicional. Su estructura es mínima, sin agencias físicas y con un número reducido de empleados. La pregunta que flota en el aire es cómo una entidad de tal envergadura puede prestar una suma tan elevada a una corporación del calibre de Ricardo Salinas Pliego, un magnate mexicano cuyo patrimonio familiar se estima en 3,7 billones de dólares.
Desde TV Azteca, Luciano Pascoe, director general de Noticias y Comunicación, defendió la operación, asegurando que fue legal y transparente. “Este financiamiento se hizo público hace seis meses y ha sido claro que los recursos fueron utilizados para cumplir con obligaciones fiscales”, argumentó en un correo electrónico. Sin embargo, no se abordaron preguntas críticas sobre la elección de un banco en Santa Lucía ni la escasa capitalización de AlterBank.
La trama se complica aún más al revelar que detrás de AlterBank se encuentran dos venezolanos, uno de los cuales, Juan Francisco Ramírez, ha estado en el centro de un escándalo bancario en Puerto Rico. Ramírez se declaró culpable de desviar más de 13,6 millones de dólares en un fraude relacionado con el Nodus Bank, que colapsó en mayo de 2023. El otro venezolano, Tomás Niembro, también enfrenta condenas por fraude en Estados Unidos, lo que añade más peso a las acusaciones.
Los nuevos propietarios de AlterBank, Augusto César Castillo Chávez y Tomás Hernández, tienen vínculos con la administración de Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Castillo, aunque sin trayectoria pública en el sector financiero, es hijo de un gerente de una offshore vinculada a un escándalo de fraude por un contrato de 27 millones de dólares para suministrar leche en polvo durante la pandemia. Hernández, por su parte, ha sido mencionado en investigaciones de corrupción en El Salvador, incluyendo un esquema de compra de alimentos para familias vulnerables.
Las conexiones entre estos venezolanos y el entorno político salvadoreño son inquietantes. La relación entre el gobierno de Bukele y estos empresarios plantea serias interrogantes sobre la integridad de las transacciones y la posibilidad de que se esté utilizando el sistema financiero para evadir sanciones y obligaciones. El proceso judicial en curso podría destapar un entramado de corrupción que va más allá de México y El Salvador, implicando a actores en múltiples jurisdicciones.
Mientras tanto, la situación de TV Azteca se convierte en un caso emblemático de las complicadas interacciones entre el poder político, el mundo empresarial y la corrupción en la región. La pregunta que queda es si esta demanda será solo la punta del iceberg o si revelará una red más amplia de irregularidades financieras y políticas.
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