Los recientes operativos en zonas de El Valle demuestran que las megabandas de Caracas, lejos de morir, solo enfrentan un reacomodo tras la muerte de uno de sus líderes: Carlos Luis Revete, alias “Koki”.
«Si no hay acciones centradas en inteligencia, cuando ves que las bandas siguen creciendo, se cuestiona la función del Estado», señala Mirla Pérez, directora del Centro de Investigaciones Populares
Las dos primeras semanas de mayo fueron de enfrentamiento y miedo en zonas populares de Caracas. Al este, en el barrio José Félix Ribas, que forma parte de Petare, vecinos protestaron por los desmanes de las últimas intervenciones policiales en la barriada; mientras que en El Valle se activaron operativos especiales para dar con los integrantes de la banda «Yonaiker cara cortada», los sucesores de Leonardo Polanco, alias «Loco Leo».
Estos operativos en Caracas son «esfuerzos mediáticos» que no resuelven los verdaderos problemas de seguridad dentro de estas comunidades, pues el descabezamiento de las bandas armadas solo lleva a la reorganización de estos actores delincuenciales, aseguran investigadoras del Observatorio Venezolano de Violencia y el Centro de Estudios Populares.
Mirla Pérez, directora del Centro de Investigaciones Populares y doctora en Ciencias Sociales, destaca que estos son operativos «espasmódicos» en las distintas zonas, que carecen de propósitos de inteligencia. «Tal como está actuando la delincuencia, los operativos deberían montarse más en la lógica de la investigación si realmente quieren desmontar todo el proceso delictivo».
Hay un descabezamiento de las bandas, pero el control territorial en el que estaban estas bandas todavía permanece, dice Pérez. «Eso lo comprueban los operativos en El Valle en semanas anteriores (…) Puedes descabezarla pero tenía influencia en una zona amplía, y lo que se debe es reajustar. Tu das un golpe, el golpe desestructura, no significa que lo eliminaste. Ahora, en la reestructuración hay nuevamente un movimiento de recomposición de la fuerza que, además, ya tiene un territorio. Esa es más o menos la dinámica que funciona».
La investigadora señala otra característica evidente en la banda de Wilexys Acevedo, alias «Wilexys», que mantiene control en José Félix Ribas, partes de Barrio Unión y La Agricultura.
«La banda ataca a la comunidad de la banda contraria porque es un tema territorial. El poder es territorial y se ejerce el control a través del territorio», explica la doctora en Ciencias Sociales, al tiempo que recuerda que el que debe garantizar la vida y protección es el Estado.
Según la organización Insight Crime, en noviembre de 2021 seis bandas armadas mantenían el control del tráfico de drogas en toda Caracas. Cinco de ellas se disputaban la venta al oeste de la ciudad (El Koki, Junior Salinas, Colectivo Tres Raíces, Loco Leo y El Conejo), mientras que el grupo de Wilexys Acevedo controlaba en su totalidad la venta de estupefacientes al este.
«Con la incursión de las autoridades en Cota 905, muchos traficantes han huido de allí y el microtráfico ha incrementado en diferentes puntos de la ciudad», señaló Insight Crime.
Infografía: Insight Crime
Megabandas, fenómeno que no desaparece
Iris Rosas, coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) región capital, afirma que las megabandas siguen operativas a través de los socios, y la presencia delincuencial va a seguir, sobre todo en los municipios Libertador y Sucre para mantener el dominio territorial.
«¿Con otros actores? Sí (…) Se habla de que la banda de la Cota 905 tiene 30 socios. En el pasado tenían 300, pero eso habla de que cada vez más buscan reclutar nuevos jóvenes. En la medida de que la extorsión siga estando presente en todos esos sitios, como El Cementerio y La Vega, van a continuar», asevera.
Pone el ejemplo de la Cota 905, territorio controlado hasta mediados de 2021 por la megabanda de Carlos Luis Revete, alias «Koki», en compañía de Garvis Ochoa Ruiz, alias «Garbis», y Carlos Calderón Martínez, alias «Vampi».
Desde el gobierno se impulsó la operación Gran Cacique Guaicaipuro, como se denominó al operativo para desmantelar la banda que controlaba toda la Cota 905, El Cementerio, La Vega y parte de El Valle. Todos los cabecillas huyeron entonces, pero el «Koki» fue asesinado en febrero de 2022 durante la operación Gran Cacique Guaicaipuro II en Las Tejerías, estado Aragua.
El reordenamiento delincuencial se evidencia en los reportes de los mismos pobladores. Al «Garbis» se le ubica como nuevo cabecilla de la Cota 905 y se le atribuyó un ataque con granada a un puesto de la PNB dentro de esa localidad el año pasado, mientras que en 2023, pobladores advierten sobre la presencia del criminal en Nueva Tacagua, El Junquito y La Guaira (estado Vargas).
«Estas bandas del crimen organizado se siguen reconfigurando porque aún están dadas las condiciones para el crimen y aprovechan estas nuevas oportunidades para obtener rentas a través de la extorsión, principalmente, del robo para imponerse con el uso de las armas», señala.
La socióloga Mirla Pérez considera que este movimiento de reagrupación debe evaluarse dependiendo de la ubicación geográfica de las bandas. “En la zona metropolitana de Caracas estamos enfrentando el fenómeno, a diferencia del nivel nacional. Ha habido un movimiento de reagrupación. Las bandas pequeñas en diferentes sitios se han ido concentrando, que creo es permanente”.
Otras cuestión que prevalecerá es la asociación entre bandas, dice Iris Rosas. La investigadora destaca nuevamente el recorrido de la banda del «Koki», que pasó por La Vega y logró alianzas con la banda del «Loco Leo», y además logró conexiones con la banda de Carlos Gómez Rodríguez, alias «el Conejo» en la zona central del país.
«El Estado con esta política de operativos e incursiones con mano dura puede en un momento dado reducir o dar de baja, pero no elimina la violencia o la posibilidad de que nuevos integrantes sigan sumándose. Lo que producen son más muertos en el país», insiste.
Comunidades a la deriva
Las comunidades son las principales afectadas de los enfrentamientos por el control territorial. Un fuego cruzado donde se les revictimiza y cuestiona, pues además de las amenazas directas de los cabecillas para rechazar la presencia policial, también son víctimas de los operativos donde se han denunciado desde robos a la propiedad hasta ejecuciones extrajudiciales.
Solo en 2022 se registraron 824 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas, principalmente, por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), según el monitoreo hecho por Lupa por la Vida, un proyecto conjunto de Provea y el Centro Gumilla.
Además, se identificó a las poblaciones de los municipios Sucre (Petare) y Lander (Ocumare del Tuy) del estado Miranda como las que sufrieron en mayor medida el uso abusivo de la fuerza letal.
Para Iris Rosas, coordinadora del OVV en la región capital, es necesario considerar la participación de la comunidad donde estos operativos de seguridad se producen. «¿Qué ha sucedido? En un momento dado, en la Cota 905 esa megabanda trataba de ganarse la comunidad con ciertas prerrogativas a través de cierta ‘seguridad’, imponían sus normas allí. Por otro lado, utilizaban la política de tratar de asistirlos, ¿qué hacía la comunidad? Pues defender a las bandas. Eso hoy no se está dando».
Rosas señala que esto se evidencia en los toques de queda, como el impuesto en Petare hace tres semanas.
«Hay una situación más amenazante que les obliga a las comunidades a no denunciarlos para evitar que la policía pueda entrar y se den las incursiones. Esto no evita los operativos, pero estos enfrentamientos producen un impacto en las comunidades».
Además señala que la situación en Petare, situada en el municipio Sucre, siempre fue distinta, «porque se trataba de que los cuerpos de seguridad ingresaran para poder capturar a estas bandas (…) Eso se está replicando en la Cota 905, donde ya no se defienden a estas bandas. ¿Qué hacen estas bandas? Pues se imponen hasta llegar a parar el transporte, como hicieron en estos días en El Valle. Es una situación que no va a cambiar porque el delito siempre va a buscar las rentas para comprar más armas, extorsionar y reclutar más gente».
La comunidad está en medio de dos fuegos, el fuego que viene del hampa y el fuego que viene de los organismos de seguridad, resume la doctora Mirla Pérez. «Está completamente indefensa porque no hay protocolos de protección. Uno conversa con la gente y lo que tiene es mucho miedo porque el fuego cruzado puede llegarle, un indicativo de que no hay operativos de seguridad».
La investigadora también resalta que los ciudadanos salen a protestar en contra de los sistemas de seguridad, pero también en contra de las bandas armadas.
«Puede ser que algún grupo sea coaccionado, pero si es coaccionado ¿con qué libertad sale a protestar? Una de las cosas esenciales que destaca la protesta como mecanismo de lucha es la posibilidad de elegir, la posibilidad de ser libre el motivo de la protesta. En este caso la comunidad no lo tiene».
Por ello, insiste en acciones centradas en la inteligencia policial para desmontar los procesos delincuenciales.
«Cuando ves que las bandas siguen creciendo, no solo en número de integrantes sino en el número de territorios que logran conquistar, allí te haces la pregunta de la efectividad de los planes del Estado, que son los que debería cooptar (la delincuencia). Si siguen creciendo, es porque sencillamente la función de seguridad que debería hacer el Estado no se realiza con eficiencia».
Desde el Observatorio Venezolano de Violencia también se recomienda insistir en las políticas y campañas de prevención contra la violencia a todo nivel,
«de la violencia en la familia, la violencia en niños, niñas y adolescentes; la violencia en la escuela; además de la formación de promotores de cultura de paz».
Tomado del Diario Talcualdigital.com
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