Cambio de paradigma para promover la democracia mediante reformas en el sector energético.
La idea de prevalencia transicional, en el contexto venezolano, sugiere que hay un movimiento creciente hacia la democratización. Este movimiento es impulsado tanto por la presión internacional como por la demanda interna de cambio.
Obvio, este proceso enfrenta desafíos significativos, incluyendo la resistencia de estructuras políticas establecidas y la complejidad de las relaciones internacionales.
En tal sentido, la resistencia de estructuras políticas establecidas se refiere a su capacidad de mantenerse en el poder a pesar de las presiones internas y externas. Esto se logra mediante un control riguroso del poder, apoyo internacional selectivo y contención de la disidencia. Todo esto dificulta una transición pacífica y democrática.
Por ejemplo, el mecanismo para mantener el control incluye la cooptación de las ramas del poder, la limitación de la libertad de expresión, y el uso de “trapos rojos” para distraer la atención. A esto se suman los “tanques de comunicación” y opositores que le hacen el juego. Por ejemplo, Omar Barboza, con su renuncia como Secretario Ejecutivo de la PUD. También, Timoteo Zambrano, con su petición al régimen de hacer las elecciones pospuestas en agosto.
En línea con lo anterior, la complejidad de las relaciones internacionales venezolanas reside en el doble juego del régimen. Por un lado, sostiene alianzas con actores contrarios al orden liberal (Rusia, Irán). Por otro, intenta reintegrarse a mercados tradicionales (EE.UU., Europa) sin ceder en su modelo político.
Esta ambivalencia, sumada a la crisis humanitaria y la presión migratoria, configura un escenario donde la comunidad internacional oscila entre sanciones y diálogo. Esto ocurre sin que se logren avances sustantivos hacia una transición.
Sin embargo, de la oposición ha surgido un desafío novedoso que pudiese conducir a la transición a la democracia.
Lo que ha sido calificado como un cambio de paradigma es una propuesta presentada por la oposición venezolana para reformar el sector energético del país. Su objetivo es atraer inversiones internacionales, especialmente de empresas estadounidenses.
La propuesta incluye cambios estructurales en la industria petrolera y gasífera venezolana.
Esta propuesta, sin ambages, se ha presentado como una estrategia para presionar al régimen actual y promover un cambio democrático.
Como eje central, se utiliza el potencial energético venezolano como argumento para convencer a Estados Unidos y otros aliados en orden a ese propósito.
Lógico, el régimen rechazó la propuesta, calificándola como un intento desesperado de entregar la soberanía nacional a intereses extranjeros.
En tanto que la oposición argumenta que el régimen ha entregado la soberanía nacional a aliados extranjeros (Cuba, Rusia, China). En suma, el régimen acusa a la oposición de hacer lo mismo.
Esta propuesta constituye un escollo para el régimen. Acosado por las sanciones internacionales y la falta de legitimidad, muy pocas empresas están dispuestas a facilitarle plata para reactivar la industria petrolera. Sin embargo, lo harían si se da un cambio democrático. Consecuentemente, se reformaría el sector energético con un marco regulatorio inigualable, que incluiría máximas garantías.
Básicamente, esta propuesta comporta “una relación energética conveniente con Estados Unidos, con un argumento poderoso” para que la actual administración de este país apoye el cambio de régimen en Venezuela.
En conclusión, esta estrategia combina elementos legales, económicos y sociales que hacen atractiva una transición política hacia la democracia en Venezuela.
Su enfoque pragmático y su capacidad para generar beneficios económicos y sociales son factores clave. Esto explica su creciente apoyo en altos niveles del poder en Washington.
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