Antecedentes inmediatos
El 02.02.2019, el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó anunció el ingreso de ayuda humanitaria por Colombia y Brasil y en respuesta el 08.02.2019, Nicolás Maduro llamó a reforzar la frontera con Brasil. El 08.02.2019, indígenas denunciaban que militares estaban cerrando los accesos con alcabalas itinerantes una frente al Hospital de Santa Elena de Uairén donde revisaban cada vehículo en busca de ayuda humanitaria. En esa oportunidad indígenas Pemones lograron sacar las alcabalas una de ella con alambre de púas que mantenía la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). En entrevista para Reuters el 09.02.2018, el alcalde de Gran Sabana Emilio González dijo en compañía de los 6 caciques de Gran Sábana: “Estamos preparados físicamente, sin armamento, dispuestos a abrir la frontera para recibir la ayuda humanitaria”. Jorge Pérez Cacique General de Gran Sábana expresó “Nosotros somos originarios de la Gran Sabana y no vamos a permitir que unos generales de afuera decidan por nosotros, somos autoridades legítimas y gobierno local”. Ángel Páez, líder Pemón expresó. “En el caso supuesto de que llegue la ayuda humanitaria y se impida su paso, se suspenderán los ingresos de los camiones así sean del gobierno nacional” (…) “Si no hay para el pueblo, ni para el gobierno habrá”.
El 21.02.2019, el Consejo General de Caciques del Pueblo Pemón (CCGPP), publicó un comunicado donde se aprecia la fractura del movimiento indígena pemón con relación a la situación política y humanitaria del país: Ratificaron las buenas relaciones con el “ejecutivo nacional” quien les prometió reuniones de “Alto Impacto” con autoridades de justicia ordinaria para revisión de expedientes y casos inconclusos, con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para leyes indígenas, con la comisión de demarcación para revisar los expedientes de los sectores, y con el Ministro de defensa y el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB); Frente a la denominada ayuda humanitaria expresaron una postura imparcial pero “aquella persona que decidida participar en la actividad de la ayuda humanitaria lo harán bajo su responsabilidad a título personal sin utilizar el nombre de todo un pueblo que ha decidido no participar por la mayoría”(…) Se le hace un llamado al alcalde de la Gran Sabana Emilio González ya que “actividades políticas partidistas que se realice fuera de las decisiones de las mayorías en esta Asamblea General serán consideradas violatorias a la libre determinación de nuestro pueblo”. Expresaron que autoridades no deben hacer proselitismo político partidista entre las comunidades indígenas; Aclararon que “sólo los Caciques Comunitarios de Manakru (Santa Elena #6 ) y Kumarakapai ( Sector Kawanayen) acompañarán al Alcalde y su partido político bajo su responsabilidad y por tanto sólo ellos asumirán las consecuencias que pueda acarrear tal situación”; por último dictaminaron que la GTP no podía custodiar, participar, ni reguardar las acciones del 23.02 por considerarlas político partidistas. Este comunicado del CCGPP, dejó en total indefensión a las comunidades de Manakru y KumaraKapai que había anunciado su participación en la entrada de la ayuda humanitaria, haciendo público la división que daba la espalda al alcalde de Santa Elena de Uairén. Una carta aval para la acción indiscriminada de la FANB contra indígenas, sabiendo que no tendrían apoyo o reacción unida de comunidades del Pueblo Pemón en defensa de los hermano/as de sectores 5 y 6 por órdenes de sus caciques generales. Ese mismo día, Nicolás Maduro anunció que “a partir de las 20 horas queda cerrada la frontera con Brasil”.
El 22 de febrero. Ataque militar armado contra la población de Kumarakapai
Según diversos testimonios recogidos por Provea: el 22.02.2019, en horas de la madrugada, en la troncal 10, en KumaraKapai (San Francisco de Yuruany) a 68 Kms de Santa Elena de Uairén, llegaron varios convoyes de la FANB que se dirigían a la frontera con Brasil. Algunos indígenas que hacen labores de vigilancia pertenecientes a la GTP, trataron de para el paso. Residentes de la localidad comenzaron a salir de sus casas para saber qué pasaba y militares dispararon indiscriminadamente para luego huir del lugar. En el sitio quedaron heridas las primeras 18 personas, varias de gravedad.
Un médico del ambulatorio de KumaraKapai declaró: “Primero llegaron tres pacientes con heridas de balas múltiples en el tórax. No teníamos los insumos necesarios para atender tal cantidad de gente. No teníamos gasas para hacer compresión en las heridas. Por eso, los que estaban decayendo era por hemorragias. Una de las primeras que trajeron fue a la señora Zoraida (Zoraida Rodríguez, indígena Pemón). Pero estuvo 30 minutos con vida nada más” Ella se encontraba dentro de su casa cocinando empanadas -el cual era su oficio diario- cuando fue alcanzada por 3 balas en el tórax. Indígenas aseguran que nunca dispararon perdigones, las balas desde un primer momento eran de sus armas de fuego. Los heridos más graves entre ellos Rolando García, esposo de Zoraida Rodríguez herido en el abdomen. fueron trasladados al Hospital de Boa Vista, en Roraima Brasil, el resto al Hospital de Santa Elena de Uairén.
El 23 de febrero. Represión, asesinatos, detenciones y allanamientos arbitrarios.
El sábado 23.02.2019, Testigos afirmaron al Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) que en horas de la mañana un grupo nutrido de la población de Santa Elena de Uairén, hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores, indígenas y no indígenas salieron caminando pacíficamente, sin armas a la frontera con Brasil para apoyar el ingreso de la ayuda humanitaria. Frente a la entrada del Fuerte Escamoto la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impedía el paso hacia la frontera. A medida que comenzaron a acercarse y concentrarse para tratar de pasar, fueron reprimidos en un primer momento con bombas lacrimógenas y perdigones, posteriormente empezaron a dispararles con armas de fuego hiriendo a decenas de personas.
Al mismo tiempo, se desarrollaba una protesta pacífica en el casco central de Santa Elena de Uairén exigiendo la entrada de la ayuda humanitaria, allí la represión se desarrolló con igual patrón, pero los disparos provenían, según testigos, de armas automáticas de gran calibre y con participación de civiles armados. Los disparos iban directo al cuerpo y la cabeza. La represión duro toda la mañana hasta mediodía.
José Hernández fue el primer asesinato reportado, de 20 años, se encontraba en el Casco Central, un GNB en 4 esquinas luego de acorralar a los manifestantes le disparó en la cabeza; José Pérez fue asesinado en el piquete de la GNB, vía a la frontera con Brasil, le dispararon en el pecho. El tercer asesinato fue el de José Barrios, de 23 años, herido de bala en la cabeza en frente de un comando de la Guardia Nacional en el casco Central.
En horas de la tarde la GNB, instaló varias alcabalas en diversos sectores, acabando con las protestas. Apostados también en las entradas de los hoteles, realizaron requisas y allanamientos ilegales buscando al Alcalde de Gran Sabana, Emilio González, diputados y líderes indígenas y no indígenas. El Hospital Rosario Vera Zurita reportaba al menos 30 heridos, los más graves transferidos a Brasil, estado de Roraima. Sumaban 25 detenidos entre el Fuerte Escamoto y la comandancia de la GNB. En total habrían sido detenidas al menos 58 personas el viernes 22 y el sábado 23 de febrero.
Toma policial del Hospital Vera Zurita, Maltratos y Detenciones arbitrarias.
Un patrón nacional recurrente en la represión gubernamental, se vivió con la toma por parte la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del hospital Vera Zurita en Santa Elena de Uairén desde el 23.02.2019, con la gravedad que se extendió por 10 días. Trancando el acceso y las salidas del hospital, impidiendo la entrada excepto de heridos o familiar directo, y las salidas. Realizaban requisas indiscriminadas; presionaron a personal médico y de asistencia para llevarse apresados a los heridos en protestas que estaban dentro de las instalaciones. Testigos denunciaron que varias personas fueron detenidas arbitrariamente del hospital al Fuerte Escamoto.
Lista persecutoria, allanamientos y detenciones arbitrarias.
En Santa Elena de Uairén, diferentes testimonios confirmaron otro patrón de actuación por parte de los órganos de seguridad policial y militar en labores represivas que consiste en la grabación de manifestantes o toma de fotos, para luego buscar a manifestantes, perseguirlos, amedrentarlos y/o apresarlos a través de esos registros.
Testigos afirmaron a Provea que militares, cuerpos de seguridad y GNB, tenían una lista con nombres, apellidos, direcciones y usaban sus teléfonos con fotos y vídeos de manifestantes, líderes indígenas, autoridades legítimas, comerciantes y líderes sociales no indígenas. La persecución y búsqueda se inició en las comunidades de Gran Sábana con alcabalas militares donde detenían a las personas, las requisaban y si estaban en la lista las dejaban detenidas. Se realizaron allanamientos ilegales a viviendas, de hoteles, posadas, de mercados, buscando a las personas que aparecían en las listas y como patrón recurrente efectivos robaron a las personas indígenas y no indígenas, despojándolas de teléfonos celulares, computadoras y otros bienes. La amenaza y el terror se apoderó de comunidades indígenas. Testigos afirmaron a PROVEA que militares gritaban “Maten a esos indios, tenemos autorización de matar a esos indios, vamos a matarlos. Tenemos orden de matar. Directo, apúntenlos bien, mátenlos. ¿Quieren plomo? entonces vamos a echar plomo¡”. La mayoría de los líderes huyeron por las trochas hacia Pacaraima, Brasil, mientras que las comunidades pemón decidieron que se trasladarían masivamente a sus conucos a las afueras de las comunidades en la selva ya que en “En peligro de su vida son los que están de frente contra el gobierno municipal”. Un testigo afirmó “Primera vez que yo veo este tipo de acción en nuestro municipio, este es un municipio tranquilo, pero este fin de semana han sembrado y generado xenofobia y terror en los niños”.
Un educador pemón dijó a PROVEA “Somos una piedra de tropiezo para el gobierno, en vez de trabajar con nosotros, somos una piedra porque estamos trabajando la mayoría como indígenas, tenemos cuerpos de seguridad propia Guardia Territorial Pemón (GTP) que hacen lo que no hacen los policías. Porque se ha dado apoyo a la alcaldía por ser un alcalde indígena. Sienten que se ha quitado el poder” (…) “Siempre nos han querido desplazar y los que hemos quedado, nosotros, siempre nos han arrinconado y violando nuestros derechos”(..) “El gobierno viene detrás de nuestras riquezas, aquí hay minerales y estamos pisando minerales que ellos buscan, mercurio, coltán que consiguieron, aquí en gran sabana, uranio oro y diamante” (…) “Eliminar nuestras organizaciones, comprar nuestros caciques generales y comunales, comprarlos y tenerlos como a unos títeres. Como indígenas, ¿nos vamos a matar entre nosotros? y los militares riéndose, yo no comparto eso”
Lisa Henrito, lideresa Pemón el día 26.02.2019, a través de sus redes sociales envío una carta pública donde denunciaba: “Yo, Lisa Lynn Henrito Percy, mujer indígena Pemón, defensora de los derechos individuales y colectivos de mi pueblo, por ende, defensora de los derechos humanos DENUNCIO ante la opinión local, regional, nacional e internacional la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a la vida y a la protección en casos de conflictos armados… Insisto que esto es un conflicto armado por la forma como llegaron las Fuerzas Armadas de esta nación que desde el día viernes, 22 de febrero de 2019, han venido atacando al pueblo, matando manifestantes indígenas y no indígenas y hasta esta fecha y hora, martes, 26 de febrero 2019 a las 5:55 pm sigue la guerra psicológica, hostigamiento y persecución militar. La intimidación donde a cada rato pasan los tanques, los convoy full de efectivos militares, vehículos oficiales con supuestos efectivos de la policía allanando casas y en hora de la noche hay toque de queda, una situación que ya vienen afectando a nuestros ancianos y ancianas, a nuestros niños y niñas porque jamás habíamos vivido una situación como esta”.
Toma militar del aeropuerto de Santa Elena de Uairen en territorio pemón
El 22.02.2019, en testimonios[7], indígenas narraron que alrededor de las 7 am llegó un avión militar al aeropuerto de Santa Elena de Uairén y un contingente vía terrestre y lo toman militarmente. Es preciso señalar, que la comunidad de Maurak y Turasen donde se encuentran los linderos del aeropuerto es territorio indígena Pemón. Desde hace 3 años, Pemones administran el aeropuerto, hacen el resguardo de las instalaciones junto a funcionarios de la GNB y las operaciones correspondientes para su funcionamiento. Esto ha sido parte de los reclamos del pueblo pemón, en el uso compartido de sus tierras y se llegó a un acuerdo en beneficio de toda la comunidad, Pemones controlan la mayoría de la parte operativa contratados a las órdenes del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). “La comunidad es parte del aeropuerto, el aeropuerto queda dentro de los linderos de la comunidad y ver a los militares arremetiendo contra el aeropuerto es una amenaza contra la comunidad”
Alrededor de las 8 am la comunidad pemón se entera de la toma ilegal y militar del aeropuerto, se dirigen a las instalaciones, desarman a los militares, los llevan a la comunidad indígena y los entregan a la custodia en la selva, GTP. La cifra varía según testigos, alrededor de 20 militares, los GNB que laboran junto a indígenas diariamente fueron dejados en libertad.
El 27.02.2019, como a las 11 am llegó a la comunidad un contingente más grande de efectivos de la GNB y el ejército, con tanquetas y tropa trancando el punto de control del aeropuerto que comunica la vía hacia las comunidades indígenas, en un ataque sorpresa con bombas lacrimógenas, perdigones y armas de fuego, extendiéndose por 2 horas hasta que a la 1 pm retomaron militarmente aeropuerto
Torturas a indígenas pemón
Los indígenas pemón que se encontraban en el puesto de control en la vía hacia el aeropuerto, salieron corriendo, allí detuvieron a Jorge Gómez, hijo del cacique general del sector VI, Gran Sábana y perteneciente a la GTP. En las instalaciones del aeropuerto detuvieron a 3 personas -al no indígena lo dejaron en libertad-, aprehendiendo a Nicodemo Martínez, Boris William Hernández indígenas Pemones funcionarios a las órdenes (INAC). Los trasladaron al Fuerte Escamoto luego al comando de la GNB. El cacique general del sector 6, Jorge Pérez, medió a través de una comisión con militares en Fuerte Escamoto, hasta que logró que los dejaran en libertad. Los GNB los trasladaron de la Comandancia a Fuerte Escamoto y los liberaron alrededor de las 11pm.
En las instalaciones del comando de la GNB, Pemones fueron objeto de amenazas verbales y torturas psicológicas, les gritaban que “la orden era matar a los indios”. Fueron sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Nicodemo Martínez testificó: “Nos golpearon con un palo y nos daban patadas, en la cabeza, en el cuerpo, nos daban corriente y nos bañaron con picante”. Cuando los torturaban les gritaban que los habían vistos dentro de las filas de la GTP y que por eso los iban a matar. Cuando los soltaron, afirman que les aplicaron cremas para disimular las heridas. Martínez, según testigos tenía visiblemente un ojo morado, todos recibieron primeros auxilios en un sitio escondido y fueron sacados por las trochas del país para ser atendidos en Brasil.
Negación estatal de los hechos.
El mismo 22.02.2019, Diosdado Cabello presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), confirmó que una persona habría fallecido en el suceso, pero lo calificó como un “Falso Positivo” y aseguró: “Se está demostrando que el evento ocurrido en Kumarakapai no involucra a la GNB por el tipo de cartuchos que se usaron ahí”(…)”bandas armadas del diputado Américo De Grazia y del partido Voluntad Popular estarían involucradas en el incidente, en el que una persona murió y 14 resultaron heridas”.
El 24.02.2019, viajaron a Santa Elena de Uairén Santa Elena de Uairén, el vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial Aristóbulo Istúriz; la ministra del MINPI, Aloha Núñez, el gobernador bolivarense Justo Noguera Pietri, la gobernadora del estado Monagas, Yelitze Santaella y el constituyente Francisco Ameliach. No dieron cifras de asesinados, heridos, ni se reunieron en el hospital con las víctimas, pero la actuación fue denominada una victoria. Istúriz declaro al final de una marcha que se realizó en el sector La Línea de Santa Elena de Uairén “Anunciamos al país que aquí hay un control absoluto y paz, la paz ha vuelto”(…) “Aquí estamos en Santa Elena, en perfecta unión cívico militar; nuestro gobernador Justo Noguera, del cual nos sentimos orgullosos ha dirigido de manera contundente esta victoria popular que hemos obtenido, el rescate y el control de toda la vida aquí en Santa Elena”
El 24.02.2019, se supo a través de la cuenta twitter de Francisco Ameliach que habían efectuado una reunión con el CCGPP, “Reunión en Santa Elena de Uairén con el Consejo de Caciques del Pueblo Pemón, nuestros hermanos indígenas ratifican su decisión de defender la Soberanía Nacional, la Constitución de la República Bolivariana y el reconocimiento de @NicolasMaduro cómo Presidente de la República”.
Respuestas de Sistemas de protección interamericano, organizaciones indígenas y sociedad civil.
El 25.02.2019, el Movimiento Indígena Amazonenses de Derechos Humanos “CACIQUE ARAMARE” (MOINADDHH) que agrupa a veintiún (21) pueblos indígenas del Estado indígena de Amazonas emitió un Pronunciamiento de “rechazo en torno al ataque violento de que están siendo objeto los hermanos indígenas del pueblo pemón en Santa Elena del Uairén”. Allí denunciaron “la violencia y persecución por parte de las FANB y demás grupos de criminales e instaron a Comunidad Internacional, OEA, ONU, UNIÓN EUROPEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Penal Internacional de la Haya, y demás instancias pertinentes dictar las medidas de protección necesaria para nuestros hermanos indígenas que están siendo objetos de persecución en las selvas del Estado Bolívar-Santa Elena del Uwairen-Venezuela”.
El 27.02.2019, el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), emitió un pronunciamiento exigiendo el cese inmediato de la violencia en los territorios del pueblo Pemon de la Gran Sabana; la desmilitarización de algunas zonas ancestrales, respeto a las autoridades tradicionales pemón, el cese del hostigamiento y reconocimiento a la jurisdicción indígena.
El 28.02.2019, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la resolución 7/2019, medida cautelar N° 181-19, a favor de indígenas de la etnia Pemón de la comunidad de KumaraKapai allí obligan a Venezuela a proteger y garantizar la vida e integridad de Indígenas Pemones y la comunidad.
El 01.03.2019, organizaciones indígenas y aliadas de los pueblos indígenas, incluyendo PROVEA emitieron un comunicado público[14], denunciando que a la fecha el hostigamiento, la represión y las violaciones a derechos indígenas pemones seguían ocurriendo. El Hospital de Santa Elena seguía tomado por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), los allanamientos ilegales, alcabalas militares, las amenazas contra líderes indígenas y no indígenas continuaban, obligándolos a migrar de manera forzosa a Brasil, o a permanecer encerrados en sus conucos. El cierre de la frontera obstaculizaba el acceso a alimentos, el acceso a la salud, el derecho a la educación de niños y niñas de las comunidades pemón fronterizas cuya vida depende de la provisión de bienes de primera necesidad en país vecino. “El intercambio de frontera permite el acceso a bienes para garantizar derechos fundamentales que debido a la crisis humanitaria compleja no existen en Venezuela. El cierre de la frontera está agravando de manera muy rápida la situación interna en las zonas de frontera. Los alimentos comienzan a escasear y los precios aumentan afectando a los más vulnerables. Indígenas Pemones por la persecución y el miedo no han podido llevar lo generado en sus conucos a los centros de intercambio comercial afectando el ciclo y sobrevivencia del sector. Urge la apertura de la frontera para no recrudecer los efectos de la crisis humanitaria compleja en la zona”.
Silencio del CCGPP, división y cooptación en el movimiento indígena Pemón
El silencio se apoderó del CCGPP, casi dos meses después el 11.04.2019, informaron que la Coordinación General y la Secretaria Ejecutiva del CCGPP asistieron a una asamblea del Sector 5 Kawanayen en Kumarakapai. Recibidos por el Cacique Comunitario Richard Fernández con el objetivo principal de “escuchar al pueblo de kumarakapai después del suceso del 22 y 23 de febrero”.
En la sistematización de la asamblea destacan la siguientes peticiones: El movimiento indígena y sus caciques generales y comunitarios no pueden parcializarse por ninguna tendencia partidista “deben gobernar para todos”(…) “deben ser la voz genuina de las comunidades sin dejarse manipular por el gobierno, ni por la oposición sino deben cumplir con los que demandan las comunidades indígenas”; La FANB no debe utilizarse intimidación de las comunidades indígenas sino para garantizar la seguridad fronteriza. Se acordó: Solucionar la división por tendencias partidistas en Kumarakacai; caciques deben exigir con más contundencia el cumplimiento del estado para garantizar la salud, educación, vivienda, alimentación, etc.; crear una comisión de la verdad con ancianos, profesores y junta directiva de la comunidad para esclarecer los hechos; Convocar a una reunión urgente con la policía comunitaria ; no permitir la instalación de la seguridad denominada Aretauka; el CCGPP debe solicitar el estatus de investigaciones por el fallecimiento de indígenas el 22 y 23 de febrero; coordinar la salida de la GNB en la comunidad. El cacique general de Gran Sabana expresó que el CCGPP repudia la violencia y exige que se garantice justicia por los muertos de febrero; “que cese odio, rabia y rencor entre hermanos por motivos políticos y que se vuelva al cauce de la lucha indígena que han llevado líderes ancestrales del movimiento indígena. Y que en el territorio pemón nunca vuelva a suceder hechos de violencia por ideologías políticas partidistas. Además de pedir perdón y disculpas por si ha habido malas actuaciones de los caciques generales y comunitarios; y que los errores que se hayan cometido nos enseñe a mejorar y seguir avanzando.”
El 18.04.2019 en Kawanayen, se realizó un encuentro de caciques y líderes Pemón, sin la presencia del sector VI, ni del sector Kamarata, con la participación de Cecilio Pérez, Constituyente de la ANC, denominado “Todos unidos por La Paz como hermanos”.
El 30.04.19 el CCGPP emitió una declaración, bastante preocupante para la protección y seguridad de las comunidades, el derecho a la disidencia política, la protesta pacífica sobre todo tras la militarización, el hostigamiento y la persecución contra indígenas. Utilizando el lenguaje de criminalización antes rechazado con contundencia señalaron al movimiento Aretauka como “Secesionista”, dejando en condición de desamparo y gran vulneración a indígenas que se oponen y disienten de forma visible al gobierno nacional. Sobre todo, a indígenas de las comunidades de Manakru (Santa Elena #6) Kumarakapai ( Sector Kawanayen #5) Santa Elena de Uairen y Maurak que se encuentran huyendo del país y cuyos sectores están férreamente militarizados y vigilados. Además, los señalan como “dirigentes políticos, grupos económicos de dudosa reputación y prófugos de la Justicia al margen de las decisiones de la Asamblea General del Pueblo Pemón”. A pesar de sus pronunciamientos previos sobre la obligatoriedad indígena de hacer minería ilegal dadas las duras condiciones en que viven las comunidades, declararon que no necesitan que se diseñen mecanismos de apoyo humanitario internacional para el pueblo pemón ya que estos violarían principios de sobrevivencia y de resistencia indígena; Condenaron todo acto violatorio al derecho a la vida pero sin mencionar a los Pemones asesinados, ni a los torturados, ni detenidos o heridos; Solicitaron al ministerio público un informe sobre las investigaciones los sucesos del 22 al 24 de febrero; No rechazaron la persecución, migración forzosa ni destitución inconstitucional del alcalde indígena de Santa Elena de Uairén, por el contrario establecen que hay un vacío de poder y piden que se proceda según las leyes para una nueva elección. Repudiaron el intento de golpe de estado que según ellos se estaría cometiendo contra Nicolás maduro y llamaron a rechazar “las sanciones económicas impuesta por el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América y el Reino Unido y que los mismos no se inmiscuyan en los asuntos internos de nuestro país”. La comisión de la verdad indígena solicitada por comunidades y víctimas no se activó y no se estimó la jurisdicción indígena para la búsqueda de la verdad y Justicia para pemones asesinados, heridos, torturados y apresados.
El 10.05.2019, Tareck El Aissami, anunció la apertura de la frontera con Brasil y la isla de Aruba.
Resultados. Muertes, persecución, migración forzosa e Impunidad
La masacre de Santa Elena de Uairén, dejó un lamentable saldo de 7 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado. No Indígenas: José Hernández, 25 años, asesinado el 23.02.2019; José Barrios Carrasco, 22 años, asesinado el 23.02.2019; Jorge González, 41 años, herido el 23.02.2019, falleció el 03.03.2019. Indígenas Pemón: Zoraida Rodríguez, 45 años, asesinada el 22.03.2019; José Elsey Pérez Márquez, 20 años, asesinado el 23.02.2019; Kliber Pérez, 24 años, herido de bala el 22.03.2019, falleció el 27.02.2019; y Rolando García, 52 años, herido el 22.03.2019, falleció el 02.03.2019. Provea tuvo conocimiento de al menos 58 detenciones arbitrarias, 16 indígenas Pemones, 4 adolescentes; 3 Pemones torturados; 15 heridos de bala el 22 de febrero, y recibidos en el Hospital General en Brasil 23 heridos de bala entre 22 y el 24 de febrero.
Según cifras extraoficiales de voz de indígenas en Pacaraima estimaban al menos de febrero a abril sumaban alrededor de 1200 desplazados forzosos, cifras semejantes a las reportadas por la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), que estimaban para abril unas 1000 personas; unos 1,264 estudiantes del área de Santa Elena que están inscritos al otro lado de la frontera en Brasil en Pacaraima quedaron sin acceso a la educación durante 3 meses; se implementaron pasos por trochas custodiadas por militares de la GNB que cobraran 100 reales alrededor de 25 dólares a cada personas en rutas peligrosas. El alcalde indígena de Gran Sábana aún se encuentra también desplazado forzosamente a Brasil debido a las amenazas contra su libertad, integridad y vida; al igual que líderes indígenas y no indígenas, comerciantes y miembros de la comunidad de Maurak, Turasen, KumaraKapai; actualmente habrían retornado según informes indígenas entre 400 y 500 indígenas pemones; Los militares y órganos de seguridad del Estado permanecen en Santa Elena de Uairén, así como en el aeropuerto que no ha sido devuelto al pueblo Pemón.
A 1 año de los sucesos, se desconoce el status de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público. No existen detenciones, ni señalamientos de posibles responsables, existe total impunidad frente a lo sucedido. Se desconoce de fuentes oficiales el número de personas heridas que se encuentren en el país o en Roraima, Brasil; la cantidad exacta de Pemones en situación aún de desplazamiento forzoso.
Comunidades indígenas del pueblo Pemón de Manakru, Santa Elena, sector VI, y Kumarakapai, Kawanayen Sector V; requieren de investigación imparcial que garantice Justicia frente a las personas que resultaron asesinadas en total indefensión y en el ejercicio de la manifestación pacífica; la desmilitarización de sus territorios; el cese de la persecución y el hostigamiento contra sus líderes y habitantes; la devolución de las operaciones del aeropuerto en territorio indígena, la demarcación del territorio; un programa de atención en materia de salud, alimentación, educación y alternativas a la minería ilegal; una investigación imparcial que incorporé la jurisdicción indígena y la ordinaria para que haya verdad, justicia y no impunidad en estos hechos.
Elaborado por Lexis Rendón activista de derechos humanos, investigadora de Provea sobre situación de pueblos indígenas.
-¿Qué factores determinan si se procede o no?
-La complementariedad que el criterio para determinar si es admisible o no requiere que se determine si el Estado quiere y puede (colaborar) o si quiere pero no puede y si puede pero no quiere. Es una cosa muy técnica y muy seria, si no se hace bien a la Fiscal pueden devolverle la investigación y negarle el permiso para hacer la investigación formal en la Sala de Custiones Preliminares.
“Hay una etapa previa antes de solicitarle a la Sala de Cuestiones Preliminares la autorización para abrir la investigación formal y es que se debe determinar si hay interés de la justicia, si estos hechos son de repercusión y gravedad tal que la Justicia no puede eludir el compromiso de realizar una gestión jurisdiccional en torno a estos hechos. Esto implica una subjetividad y una evaluación de cómo estos problemas irradian hacia el continente y países vecinos o generan consecuencias en la seguridad hemisféricas y tiene que ver con las víctimas y requiere un análisis muy sesudo para terminar esta etapa preliminar”, apuntó Fernando Fernández.
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