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Propuesta de Primero Justicia revive polémica: Consejo de Protección de Activos formulada en diciembre de 2021

Diputados de la comisión delegada de la AN2015 conversaron con Crónica.Uno sobre el acuerdo que crea el Consejo de Protección de Activos. Delsa Solórzano acusa al G4 de “disfrazar” una propuesta rechazada en enero pasado. José Luis Pirela critica que la Delegada iguale a todas las juntas ad hoc. Williams Dávila (AD) votó el acuerdo pero aclara: “No he estado metido en eso del gobierno interino ni de los activos”.

Caracas. Los diputados electos en 2015 e integrantes de la Comisión Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano) y José Luis Pirela (Fracción 16-J), coincidieron en denunciar la inconstitucionalidad del Consejo Nacional de Protección de Activos en el Extranjero.

La instancia fue creada este martes 14 de junio  con el voto de los diputados del G4 que integran la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015, en un intento por llenar una de las las exigencia de la OFAC para renovar la licencia que permite operar a Monómeros, como lo es la reestructuración de la junta directiva.

De acuerdo al texto aprobado la víspera, este Consejo estaría conformado por tres personas escogidas por la Comisión Delegada con el voto de dos terceras partes de sus integrantes.

Revive propuesta de PJ

Tanto Solórzano como Pirela sostienen que la figura de un Consejo por encima del presidente encargado, con amplias potestades sobre el funcionamiento de las empresas recuperadas o protegidas por el gobierno encargado, es además de inconstitucional, inaudita.

En diciembre de 2021, Julio Borges compareció ante la Delegada para proponer una reforma integral del Estatuto para la Transición. Foto cortesía

Sin embargo, el asunto va un poco más allá. Cuando se compara el texto del proyecto de reforma del Estatuto para la Transición aprobado el 27 de diciembre de 2021, propuesto por Primero Justicia, con el acuerdo aprobado ayer en la Delegada, salta a la vista una similitud.

En esa propuesta inicial de reforma del Estatuto, que luego fue modificada por considerársele en su conjunto inconstitucional, se le quitaba al presidente encargado varias de sus competencias. Entre ellas, la potestad de designar a las juntas directivas ad hoc de las empresas recuperadas en el exterior.  El artículo 17 de aquella propuesta decía que la Asamblea Nacional a través de la Delegada designaría a las juntas directivas ad hoc de las empresas públicas.

No obstante, en la reforma finalmente aprobada el 3 de enero de 2022, Primero Justicia aceptó que Juan Guaidó en su calidad de presidente encargado siguiera designando a las juntas ad hoc de las empresas públicas con autorización de la Comisión Delegada.

Solórzano advierte que el Consejo de Protección de Activos en el Extranjero creado esta semana parece recoger el espíritu de aquella propuesta de PJ que se creía sepultada, en el sentido de que este Consejo le resta competencias al Ejecutivo encargado.

“Lo particular de esto es que ese documento (la propuesta de reforma del Estatuto de PJ), que estuvo viciado de inconstitucionalidad y se modificó, ahora nos lo traen de manera disfrazada y nos presentan uno de los entes que estaban previstos en aquel borrador”, señaló a Crónica.Uno.

El Consejo no va a la raíz

Solórzano, que en la sesión virtual de la Delegada ayer tomó la palabra para expresar el voto negativo de Encuentro Ciudadano y de Proyecto Venezuela, recalcó vía telefónica que el Consejo, tal como fue plasmado en el acuerdo, no solucionará la raíz de los problemas de Monómeros: la partidización.

“En ningún lado del acuerdo dice que los integrantes del Consejo no deben tener vinculación político partidista. Esta es una de las principales exigencias que han hecho todos los expertos en esta materia. El problema principal que ha tenido Monómeros, es que ha sido dominada por eso que se llamó el Consejo Político, es decir, el G4 que ponía y quitaba a la gente”, dijo.

Además, sostiene que el acuerdo no subsana los desplantes de la Delegada ni los actos de desacato de la junta ad hoc de Pequiven frente a instrucciones y decisiones del gobierno encargado respecto a Monómeros; por el contrario, los agrava.

“El acuerdo dice que el Consejo podrá proponer cambios en la composición de las juntas, acceder a la información financiera y operativa de las empresas, proponer modificaciones en sus estatutos, proponer estrategias de negocios. ¿Qué es eso? Lo que significa es que ese consejo puede administrar las empresas del Estado y eso es totalmente inconstitucional. La administración de las empresas del Estado es competencia del Ejecutivo a través de las autoridades que este designe”, aseguró.

La presidenta de Encuentro Ciudadano señala que la Delegada se extralimita con ese acuerdo al darle al Consejo funciones que no le corresponden, sino que además termina la Delegada dándose así misma potestades que no tiene.

“El acuerdo dice que la Comisión Delegada deberá contratar una empresa consultora especializada en procesos de selección de talentos. Eso es un contrato de interés público nacional, que es potestad del Ejecutivo. La Asamblea Nacional (o la Delegada en este caso) solo puede revisar, hacer sugerencias y autorizar o negar los contratos de interés nacional, pero no suscribirlos. Es inconstitucional”, afirmó.

No son detalles menores

En la imagen se aprecia el voto del diputado Williams Dávila, identificado como «iPhone de Williams». Foto captura de pantalla.

Adicional a los aspectos de fondo, Solórzano resaltó que en la sesión de este martes 14 de junio se produjeron otras situaciones de forma que enturbian aún más la creación del Consejo.

Primero, que los partidos minoritarios no fueron informados oportunamente del texto en discusión; segundo, que el texto que ellos recibieron apenas el lunes para su revisión no coincide con el texto aprobado finalmente ayer; y tercero, que el acuerdo no fue presentado por ningún diputado o fracción en cámara.

“El texto que nos pasaron a nosotros para la revisión decía unas cosas que luego aparecen cambiadas en el texto aprobado. El acuerdo no lo presentó nadie. Es muy llamativo y queda en evidencia que fue un documento del G4 que además ni siquiera presentaron ellos. Por eso para nosotros era vital emitir los votos salvados. Nadie asumió la responsabilidad del acuerdo”, dijo.

Crónica.Uno consultó al diputado de AD, Williams Dávila, que es presidente de la Comisión de Cultos de la AN2015 y que en la sesión de ayer levantó la mano en apoyo al acuerdo. Al respecto de su voto, Dávila señaló:

“Yo no participé en el decreto, son otros, yo no he estado metido en eso del gobierno interino ni de cargos ni de empresas, ni de activos ni de nada. Me he dedicado a luchar contra la dictadura, a defender al Poder Legislativo, a la Comisión Delegada que es donde hablo. Lo que me interesa como venezolano es que se hagan las auditorías exhaustivas correspondientes que establece el acuerdo. Que se haga la investigación exhaustiva, incluyendo Monómeros”.

Del alter ego y otros problemas
El diputado José Luis Pirela enfatizó que la manera como está concebido el Consejo Nacional para la Protección de Activos en el Extranjero “violenta la línea de mando del Poder Ejecutivo y establece un gobierno parlamentario que no existe en la Constitución”.

Asimismo, Pirela advierte que la conformación de ese Consejo podría servir a los acreedores internacionales para invocar la figura del alter ego, que ya ha sido invocada en los juicios contra Citgo, riesgo sobre el cual también había alertado la Procuraduría Especial en su comunicación del lunes 13 de junio a la AN2015.

Decía la Procuraduría el lunes: “La creación del Consejo, con sus facultades de intervenir en cualquier nivel de las cadenas corporativas, sin respetar la autonomía de los entes descentralizados, otorga argumentos irrebatibles para que los acreedores de la República aleguen la figura del alter ego, la cual les permite levantar el velo corporativo que protege a los entes descentralizados de las obligaciones que ha asumido o que asuma irresponsablemente el régimen de Maduro”.

Pirela considera que el acuerdo es un acto de “irresponsabilidad y manipulación” por parte de los partidos que integran el G4, “en su desesperación porque renueven la licencia OFAC de Monómeros”, pues establece plazos de hasta 90 días para completar la renovación de las directivas, que a su juicio solo servirán para “seguir corriendo la arruga en el caso de Monómeros”.

No todas son iguales

Guillermo Rodríguez Laprea (el segundo de izquierda a derecha en la imagen) ha sido señalado por la comisión de Contraloría de incurrir en irregularidades como gerente general de Monómeros. Foto cortesía Monomeros, SA

Por otra parte, el integrante de la Comisión Delegada por el estado Zulia critica que el acuerdo aprobado por la Delegada le dé el mismo trato a todas las juntas ad hoc como si todas hubieran actuado igual que Pequiven.

“Y no son iguales. Hay una diferencia. En el caso de Citgo sus compromisos no son responsabilidad de la directiva actual, sino de las decisiones de Chávez y Maduro. En Monómeros no. Allí hay 10 delitos que deben ser investigados, que no tienen nada que ver con agentes externos a Monómeros, sino con las actuaciones de la junta directiva y del gerente general actuales”, dijo.

Pirela pone en duda que la sola aprobación del acuerdo esta semana por la Delegada sea suficiente para que el gobierno de los Estados Unidos a través de la OFAC renueve la licencia a Monómeros.

“No hay garantía porque depende del gobierno norteamericano y el gobierno norteamericano no tiene confianza en la actual junta directiva, como no la tiene el Citibank que es el intermediador financiero ni la banca colombiana. Esa decisión (la creación del Consejo) busca encubrir los delitos y darle largas a la toma de decisiones sobre la restructuración de la empresa. El acuerdo de ayer es inconstitucional desde el punto de vista legal, y es irresponsable porque no decide, no rectifica los errores sino que los profundiza”, señaló.

Consultada sobre el mismo punto, si la aprobación del Consejo destrabará la renovación de la licencia, Solórzano respondió: “Yo solo espero que al manejo de las empresas del Estado se le dé la transparencia que requiere. Tanto EC como Proyecto Venezuela nos hemos mantenido completamente fuera de una forma de manejo con la que no estamos de acuerdo. Queremos transparencia, saber qué está pasando y que todo esto se maneje apegado a las normas constitucionales y legales. Ojalá se puedan resolver los temas pendientes para el otorgamiento de la licencia”.

Fuente crónica.uno

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