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Opinión

Protocolo de Minnesota para investigar muertes potencialmente ilícitas Por Luis Velázquez Alvaray

Este instrumento se ha constituido en un valioso recurso jurídico en el marco de los Derechos Humanos (1), y es utilizado por tribunales regionales e internacionales, en la investigación de muertes potencialmente ilícitas, que en Venezuela se han repetido constantemente.

Dichas muertes suelen ser cubiertas por un misterioso manto oscuro, que han terminado en impunidad u ocultamiento, cuando es obligación de los entes gubernamentales, respetar la vida de las personas que estén bajo custodia, donde no pueden aceptarse actos violatorios, ni omisiones del Estado, el cual debe cumplir la obligación fundamental por la que existe.

El marco jurídico internacional establece el derecho a la vida, universalmente reconocido, exigiendo rendición de cuentas: claras, precisas reparatorias. Transparentes, verdaderas, urgentes.

Ello pasa, por la revelación de la verdad, las violaciones ocurridas, las sanciones a los responsables tanto por participación, como por omisión.

Por otro lado, los familiares tienen derecho a la ubicación de los restos y realizar las pruebas científicas necesarias de manera particular. Por ejemplo, cuando la lamentable muerte del guerrillero Jorge Rodríguez, se activaron los mecanismos con lo que el Estado contaba para la época y se actuó en consecuencia: los responsables fueron detenidos y pagaron sus respectivas condenas.

¿Por qué el poderoso ministro chavista no exige hoy lo mismo con los numerosos fallecidos en situaciones potencialmente ilícitas?

Además, se requiere prontitud, investigación independiente, imparcial y transparente.

Lo más adecuado, sería recurrir a mecanismos internacionales, reconocidos por las Naciones Unidas, para llevar a cabo una investigación independiente sobre todas las causas sistémicas de las últimas dos décadas, donde han perdido la vida numerosos civiles y militares, en los calabozos de las temidas fuerzas policiales que actúan impunemente.

Destaca igualmente, que todo médico forense y personal paramédico, que participe en la investigación de una muerte potencialmente ilícita, tiene responsabilidades ante la justicia, de allí que es importante tener presente toda la cadena forense, que se han comprometido con resultados en sus investigaciones.

En algún momento tendrán que probar nacional e internacionalmente la veracidad que sustentan, técnicas utilizadas, y su explicación a la sociedad a través de los canales regulares.

Otras de sus obligaciones es presentar las pruebas documentales, materiales, biológicas, digitales, que además deben ser resguardadas en forma efectiva.

¿Se han cumplido todos estos requerimientos en las investigaciones sobre las decenas de personas que han perdido la vida en los calabozos, y en las actuaciones policiales en veinte largos y tortuosos años?

Sobre los testigos, se plantea su protección, incluso por organismos internacionales y están en la obligación de informar por cualquier medio, tomando las medidas para preservar su vida. ¡Nunca será tarde para que la verdad se conozca!

Advierte el protocolo, que no se pueden ofrecer conclusiones a la ligera, hasta no constatar las actuaciones forenses descritas allí. Así como los exámenes de la escena donde se perpetró el hecho, que deben cumplir las distintas normas internacionales.

La autopsia investiga, si se practicaron técnicas de tortura y sus manifestaciones asociadas: lesiones, hematomas, etc. Como saben los especialistas, toda tortura deja su marca indeleble.

Importante:

1.- Debe responder por acción u omisión,  la cadena de mando, desde el momento de la detención, hasta que ocurra la muerte potencialmente ilícita, así como las instituciones  obligadas a investigar.

2.- En las cárceles bajo la actuación de cuerpos policiales, han muerto numerosos venezolanos, y la información que brindan vulneran los principios internacionales ya señalados.

Finalmente, las torturas inducen al suicidio. Es fácil determinarlo. Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas (2016), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nueva York y Ginebra, 2017.

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