El deterioro progresivo de los derechos humanos en Venezuela no es noticia nueva.
Karim Khan llegará a ese país este viernes tras su paso por Colombia.
Las denuncias de torturas, autoritarismo, violaciones a la libertad de expresión y, en general, el incumplimiento de la Constitución reposan en organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Penal Internacional (CPI), cuyo fiscal, Karim Khan, llegará al país este viernes.
La última visita de un representante de esta índole fue en 2019, cuando Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los DD. HH., se reunió con el gobierno de Nicolás Maduro y con el líder de la oposición Juan Guaidó y sus representantes, víctimas y ONG.
Esto marcó el inicio de un período más agresivo contra los defensores y disidentes. Y aunque se han dado excarcelaciones y hasta sentencias, como la más reciente en contra del soldado que asesinó al joven David Vallenilla en una manifestación, en el país aún no se puede hablar del respeto a los derechos esenciales y mínimos, como el acceso al agua o a la educación, y mucho menos de la celeridad en investigar y castigar a los responsables de delitos calificados como crímenes de lesa humanidad.
Khan llegará a una Venezuela que tiene 254 presos políticos. De ese número, 239 son hombres y 15 son mujeres, divididos en 122 civiles y 132 militares. Al menos 40 de los detenidos presentan serios padecimientos de salud y 128 no han sido condenados a pesar de tener más de dos años de prisión según datos del Foro Penal Venezolano, ONG independiente encargada de la defensa de los encarcelados por razones políticas.
Aunque hay muchas expectativas por la visita, en la mente de los defensores está marcado un episodio todavía poco verosímil: aún estando Bachelet en el país, murió en custodia el capitán Rafael Acosta Arévalo. Llegó a tribunales tan golpeado que falleció a las pocas horas. Por esto, se cree que no hay garantías de que una vez que Khan parta de Caracas se cumpla con la seguridad no solo de los prisioneros, sino de quienes integran las ONG.
Existe la posibilidad de represalias en contra de las familias o las organizaciones una vez se vaya el fiscal, dice Rafael Uzcátegui, coordinador del Programa Venezolano de Educación en Derechos Humanos (Provea), amenazado en varias oportunidades desde el alto gobierno.
Acosta Arévalo fue torturado cuando Bachelet aún estaba en el país
“Acosta Arévalo fue torturado cuando Bachelet aún estaba en el país”, sentencia Uzcátegui.
Como organización, constantemente informan a los organismos internacionales de lo que ocurre en el país, algo que consideran que ha sido el único muro de contención para evitar mayores atrocidades.
Para la CPI, no es nuevo lo que ocurre en la nación suramericana. Ya desde 2017 la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz, ahora en el exilio, comenzó a enviar a La Haya pruebas de crímenes de lesa humanidad, la mayoría perpetrados en protestas de calle en contra del régimen de Nicolás Maduro.
Uno de los casos que llevó al tribunal fue el de David Vallenilla. Las cámaras de televisión y los lentes fotográficos retrataron el momento en el que el joven recibió el disparo en el pecho.
Pero además de lo presentado por Díaz, diputados y abogados han llevado denuncias que agrupan testimonios desde las primeras protestas en 2014.
En la CPI reposan dos expedientes: Venezuela I y Venezuela II. El primero recoge todas las acusaciones en contra del Estado y el segundo es interpuesto por el Gobierno en contra de las sanciones impuestas por Estados Unidos. El caso más avanzado es el Venezuela I, el cual podría, de completarse, terminar en el enjuiciamiento del presidente. Entonces, ¿Cuánto aporta la presencia de Khan?¿En qué estado está el examen preliminar Venezuela I?
Uzcátegui le explica a EL TIEMPO de Colombia que el examen preliminar está en fase de culminación. Ante eso hay dos elementos que se investigan. Lo primero es lo que se refiere a si es favorable a la justicia venezolana una actuación de la CPI. Lo segundo
—en el actual debate— es la complementariedad, lo cual indica si la actuación de la CPI podrá hacer lo que el sistema judicial del país no puede ni investigar ni sancionar a los violadores de derechos humanos.
La fiscal anterior de la CPI, Fatou Bensouda, dejó un adelanto de lo que es el examen preliminar y concluyó en su informe que existían pruebas para afirmar que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en el país. Desde entonces, la fiscalía venezolana ha interpuesto recursos para frenar la investigación.
Durante las protestas del 2017 se vivió una dura represión en Venezuela. Foto: AFP
“El Gobierno quiere intentar convencer que el sistema de justicia de Venezuela es suficientemente capaz”, afirma Uzcátegui. Una muestra de ello es la apertura de los casos que estaban cerrados, como el del joven Vallenilla, además de las reformas que se están haciendo en el Código Orgánico Procesal Penal, pero la realidad parece maquillaje, porque así se castigue a los soldados que disparan, aún debe sancionarse la cadena de mando.
Ya con la visita y la presencia de los funcionarios de la Alta Comisionada, el régimen de Maduro comenzó a hacer arreglos ornamentales en las cárceles y recintos como el de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), aunque no se permite la entrada de los representantes de la ONU.
“No hay pintura que pueda tapar lo que ha sucedido en Venezuela. No importa que pinten las cárceles o que coloquen aire acondicionado a los tribunales”, expresa Ana Leonor Acosta, abogada defensora del periodista Roland Carreño, preso desde hace un año. La jurista resalta que Khan debe escuchar a las víctimas y a sus familiares para llevarse una visión real.
Hasta ahora no está agendada una reunión con los defensores ni con familiares de presos.
Espero que el fiscal atienda los casos que él tiene en su despacho, como el de mi hermano y como el de muchísimos militares
Molly de la Sotta lleva tres años luchando por la libertad de su hermano Luis de la Sotta, un capitán de navío sometido a desaparición forzada, torturas y tratos crueles e inhumanos. Su caso está signado como el número 13 en el informe presentado por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU.
Como familiar, aún no ha sido convocada para reunirse con el fiscal. “Espero que el fiscal atienda los casos que él tiene en su despacho, como el de mi hermano y como el de muchísimos militares”.
De la Sotta fue detenido, sin orden de aprehensión, por supuestamente conspirar contra Maduro. También fue llevado ensangrentado a tribunales. Hoy sus funciones renales están comprometidas y no recibe la atención médica.
“La impresión que se lleve Khan es importante para la continuidad del examen preliminar. Es por ello que se debe continuar el monitoreo y seguimiento, y así las víctimas puedan continuar llevando sus casos ante la CPI”, explica Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos.
El también profesor de la Universidad Central de Venezuela coincide con la postura de Provea en que el Gobierno trata de hacer ver que hace todo su esfuerzo en materia de justicia y por eso realiza la invitación al organismo internacional.
La lógica indica que todo el cúmulo de información que aporte la administración de Maduro, mostrando los “avances” y la celeridad de condenas como en el caso Vallenilla, es probable que retrase un anuncio que esperaban los defensores de derechos humanos para el mes de diciembre.
En esa fecha, Kahn debe informar sobre los avances del examen preliminar. Alí Daniels , director de Acceso a la Justicia, cree que “quizás ese anuncio se postergue para otra oportunidad” a fin de procesar lo recabado en el país.
El fallecido general Raúl Baduel junto a Hugo Chávez. Esta foto es de 2006. Foto: Jenny Fung /AFP
Desde 2014 hasta la fecha han muerto bajo custodia del Estado 10 prisioneros. El caso más reciente es el del general Raúl Isaías Baduel, quien murió el 13 de octubre en su celda y en los brazos de su hijo —también preso— mientras clamaba ayuda médica. Esto, según lo contado por su abogada e hijas. En varias oportunidades, la familia reclamó atención para el exministro de Hugo Chávez, pero las autoridades hicieron caso omiso.
Y ese es el temor de los familiares de los presos políticos. La falta de atención médica y las torturas figuran como las causas de las muertes, aunque en los informes forenses salga reflejado otra cosa, como en el caso de Baduel. En el acta de defunción se lee que murió supuestamente por covid-19, pero su familia dice lo contrario. Las graves cifras de la crisis en Venezuela
La radiografía del país se resume en algunas cifras alarmantes que acompañan la violación sistemática de los derechos humanos.
El profesor Fernández recuerda que solo protestar para exigir servicios esenciales como gas ya representa un riesgo, por lo que no se puede hablar de avances en el país. “Se han seguido cometiendo abusos y algunos ataques a la población civil”, asegura.
Los venezolanos siguen protestando porque el deterioro de la calidad de vida sigue en ascenso, aunque desde el régimen se quiera demostrar lo contrario. La última Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2021, de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), reflejó que un 76 por ciento de los ciudadanos vive en pobreza extrema y el 94,5, en pobreza general. Solo 40 por ciento de las personas que trabajan lo hace en un empleo formal, el resto está en el sector informal.
La Encuesta Nacional de Juventudes (2021), también de la Ucab, arrojó que 37 por ciento de los jóvenes venezolanos no estudian ni trabajan.
La población de jóvenes también se redujo a 6’817.000. El 50 por ciento de los migrantes venezolanos tienen entre 15 y 29 años, y la mayoría se encuentra en Colombia (48 por ciento). Además, solo 50 por ciento de los encuestados cree que la democracia es el mejor sistema de gobierno. El 22,1 por ciento cree que un régimen autoritario es preferible y al 27,5 por ciento le da lo mismo la democracia que la dictadura.
Tomado de Diario El Tiempo de Bogotá
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