Según reportó el diario Miami Herald, la posibilidad del acuerdo llega cuando la comunidad venezolana, que en Doral representa cerca del 40% de la población de la ciudad, se ha convertido en uno de los blancos principales de los esfuerzos de deportación de Trump. Además, varios miembros influyentes de esta comunidad reclaman soluciones a esta situación.
El Ayuntamiento de la ciudad del Doral parece estar a punto de autorizar un acuerdo de delegación de autoridad migratoria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este acuerdo sería similar al alcanzado con otras ciudades de Florida. Permitirá a agentes de policía realizar funciones migratorias limitadas, incluyendo interrogar, detener y procesar a personas sospechosas de violar las leyes de inmigración.
Según reportó el diario Miami Herald, la posibilidad del acuerdo llega cuando la comunidad venezolana, que en Doral representa cerca del 40% de la población de la ciudad y alrededor del 30% de su electorado, se ha convertido en uno de los blancos principales de los esfuerzos de deportación de Trump.
El pacto aplicará la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA en inglés). El programa permite que agencias del orden estatales y locales firmen acuerdos de cooperación con el ICE para aplicar las leyes federales de inmigración.
Esa colaboración debe ser acordada de forma individual a través de un memorando de entendimiento. Este especificará las responsabilidades que asumirán agentes locales en materia migratoria.
¿En qué consiste la reactivación del programa 287(g) de ICE?
Desde el inicio del segundo gobierno de Trump, ICE ha alcanzado acuerdos 287(g) con varias jurisdicciones. Esto ha revivido un programa rescindido hace más de una década. En ese entonces, una investigación del Departamento de Justicia demostró que bajo su amparo las autoridades en algunas localidades realizaron detenciones ilegales y redadas indiscriminadas en comunidades hispanas.
Según el reporte del Miami Herald, no está claro a cuál de las tres categorías de programas 287(g) acordará Doral implementar con ICE. Sin embargo, varias jurisdicciones locales ya han optado por el modelo Task Force o «grupo de trabajo», que permite a la policía arrestar a inmigrantes indocumentados.
Según explica ICE en su sitio web, los tres modelos de programa 287(g) existentes son:
El modelo de “detención en cárceles» está diseñado para identificar y procesar a extranjeros deportables. Esto incluye aquellos con cargos penales o pendientes, arrestados por agencias policiales estatales o locales.
El modelo de «oficiales de servicio de órdenes administrativas» permite al ICE capacitar, certificar y autorizar a los agentes policiales estatales y locales. Estos agentes pueden entregar y ejecutar órdenes administrativas contra extranjeros en las cárceles de su agencia.
El modelo Task Force o “grupo de trabajo” sirve como “multiplicador de fuerza”. Esto permite que las agencias policiales ejerzan su autoridad migratoria limitada bajo la supervisión del ICE durante sus labores policiales rutinarias.
Reacciones
«Al transformar a las fuerzas del orden locales en instrumentos de la aplicación de la ley del Departamento de Seguridad Nacional, los funcionarios electos de Doral han traicionado la confianza de la numerosa comunidad venezolana de la ciudad», declaró al Miami Herald la directora ejecutiva del Caucus Venezolano-Americano, Adelys Ferro. Esto fue ante la posibilidad de la aprobación del acuerdo.
«La comunidad depende de la policía para su protección, no para su persecución», dijo Ferro.
El 30 de enero de 2025, ICE logró el primer acuerdo 287(g) bajo el modelo Task Force, que había sido pausado en 2012 por prácticas discriminatorias. Lo hizo con Texas, uno de los estados con las provisiones más duras contra la inmigración indocumentada. Luego se sumó Florida, cuyo gobernador Ron DeSantis también se autocataloga como un impulsor de la agenda de deportaciones del presidente Trump.
DeSantis tiene además dos años estampando su firma en leyes con las provisiones más estrictas en contra de la inmigración indocumentada. Estas contemplan desde la criminalización de quienes transporten a personas sin documentos en el estado, hasta el mandato de aplicar la pena de muerte contra inmigrantes que cometan delitos capitales. Incluyen también la contratación de más oficiales que estarán enfocados en labores migratorias. Estos oficiales serán entrenados para ello. Además, se creará una Junta Estatal para el Control Migratorio, que busca forzar a más agencias locales a apoyar a las federales.
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