Ortega no destruyó la democracia de un día para otro. La fue desmontando pieza a pieza, hasta conseguir que el poder pudiera presentarse como ley. Y ahora Nicaragua se enfrenta a la pregunta más difícil: cómo recuperar la libertad sin convertir la libertad en otra tragedia.
Hay países donde las democracias mueren entre disparos. Hay países donde mueren mucho más despacio. Mueren en una reforma constitucional.
En una ley aparentemente técnica. En una institución que deja de ser independiente.
Un juez que aprende a obedecer. Un periodista que aprende a callar. Un ciudadano que descubre que puede votar, pero que su voto ya no puede cambiar el poder.
Nicaragua pertenece a esa segunda categoría.
La historia de Daniel Ortega es, precisamente por eso, mucho más inquietante que la de un simple dictador que llegó al poder y decidió no abandonarlo. Una historia que quizas se esté trasladando a países de Occidente y de la misma vieja Europa.
Porque Ortega conoció la democracia y también también la dictadura.
En 1979 contribuyó a derribar la dictadura de Anastasio Somoza. Décadas después regresó a la Presidencia y, desde 2007, fue construyendo un sistema en el que la alternancia, la separación de poderes y la oposición fueron perdiendo progresivamente espacio.
La paradoja es extraordinaria:
el hombre que ayudó a terminar con una dictadura acabó construyendo un sistema que ya no necesita una dictadura clásica para impedir que el poder cambie de manos.
Ese es el verdadero drama nicaragüense. No que un hombre tenga demasiado poder.
Sino que el poder haya aprendido a vaciar la democracia.
Las dictaduras tradicionales suelen cerrar los parlamentos, suspender las constituciones y prohibir las elecciones.
Las nuevas formas de autoritarismo pueden ser mucho más sofisticadas. Mantienen las palabras.
Conservan las instituciones. Celebran ceremonias. Promulgan leyes.
Y, mientras tanto, modifican las reglas hasta que las instituciones dejan de cumplir la función para la que fueron creadas.
La reforma de 2025 profundizó la concentración del poder presidencial y debilitó los mecanismos de control institucional. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que la reforma aumentaba significativamente la concentración del poder en la Presidencia y desmontaba los mecanismos de equilibrio y control.
Cuando el Estado comienza a confundirse con una familia, la alternancia deja de ser una cuestión electoral. Se convierte en una cuestión de supervivencia del propio sistema.
Y entonces aparece una pregunta que debería inquietar a cualquier demócrata:
¿Qué ocurre cuando un Gobierno deja de concebirse como temporal?
La respuesta es clara el poder comienza a considerarse propietario del Estado.
Y el ciudadano deja de ser soberano para convertirse en administrado.
La historia moderna de Nicaragua no puede entenderse sin abril de 2018.
Las protestas comenzaron después de las reformas al sistema de seguridad social, pero rápidamente se transformaron en una protesta política mucho más amplia. Naciones Unidas documentó el uso de fuerza excesiva y, en numerosos casos, ilegal, así como detenciones arbitrarias, torturas y otras graves violaciones.
Nicaragua y su sociedad puede soportar una mala ley y hasta un mal gobierno.
Lo que resulta mucho más difícil de soportar es descubrir que manifestarse puede tener un precio que afecta a la libertad, al trabajo, a la familia o incluso al derecho a permanecer en el propio país.
A partir de entonces, el miedo comenzó a convertirse en una institución invisible.
La ONU ha documentado posteriormente patrones de expulsión, privación de nacionalidad, exilio forzado, confiscaciones y persecución destinados a incapacitar a largo plazo cualquier voz crítica.
Así se construye una sociedad silenciosa. No porque todos estén de acuerdo. Sino porque demasiados han aprendido el precio del desacuerdo.
No se trata de llamar a los militares a rebelarse, aunque más del 60 %, según ciertas fuentes lo deseen.
No se trata de enfrentar a soldados contra ciudadanos.
El ejército y los ciudadanos sólo se deben a la Constitución, la democracia y sus instituciones. El Estado y la Democracia siempre permanece y los gobiernos pasan.
Esta idea es la esperanza y la clave para la reconstrucción democrárica en Nicaragua.
Las democracias no tienen miedo a las elecciones para ganarlas desde la libertad.
Nicaragua no necesita otra guerra. No necesita que los ciudadanos salgan a enfrentarse con el Ejército. No necesita violencia. No necesita mártires.
Necesita sólo ciudadanos que vuelvan a creer que el país les pertenece.
La recuperación democrática comienza mucho antes de que aparezca una urna.
Comienza cuando una sociedad vuelve a distinguir entre Gobierno y Estado.
Entre patria y partido. Entre obediencia y servidumbre. Entre autoridad y autoritarismo.
Entre seguridad y miedo.
Y comienza cuando el ciudadano comprende que la democracia no consiste únicamente en introducir una papeleta en una urna cada unos cuantos años.
Consiste en poder hablar, organizarse, discrepar, estudiar, informar, rezar, votar y hasta perder elecciones.
Cuando Ortega no esté quedará una sociedad que necesite tiempo para reconciliarse y que deberá escribirse como una reconciliación entre los nicaragüenses y su propia Constitución.
Habrá que reconstruir instituciones, tribunales, universidades, medios de comunicación , partidos políticos y organizaciones civiles. Pero, sobre todo, la confianza de un ciudadano que durante años ha aprendido a pensar que hablar demasiado puede costarle demasiado.
La ironía de la historia, un hombre Daniel Ortega que llegó al poder después de haber ayudado a derrotar una dictadura ha terminado siendo un dictador.
Hoy, después de casi dos décadas consecutivas en la Presidencia, su Gobierno ha llevado la concentración del poder a un punto en el que incluso la posibilidad de unas elecciones futuras aparece cuestionada.
Las democracias no mueren solamente cuando los dictadores toman el poder sino cuando los ciudadanos aceptan que el poder puede cambiar las reglas hasta que cambiar el poder.
Ahora es el momento que un ciudadano pueda mirar a un soldado sin verlo como enemigo.
Que un soldado pueda mirar a un ciudadano sin verlo como amenaza y que ambos miren la Constitución como país y bandera, pues el poder pertenece al pueblo y no a quien consigue conservarlo.
Y cuando llegue ese día, la pregunta decisiva no será quién ganó.
Será algo mucho más sencillo:
¿Hemos aprendido, por fin, que ningún gobernante tiene derecho a convertir un país en su propiedad?
Dos millones de exiliados y más del 80 % de los que aún viven en esa gran tierra, pues esos nicaragüenses que tuvieron que marcharse, profesionales, empresarios, médicos, ingenieros, maestros, periodistas, investigadores, trabajadores, estudiantes y familias enteras que llevan años construyendo fuera del país una experiencia, unos conocimientos y unos vínculos internacionales que algún día pueden convertirse en la mayor reserva de reconstrucción de Nicaragua.
La propuesta que podría encabezar Ariel Montoya parte de esa idea: el exilio no como una población perdida, sino como una nación exterior que conserva parte del capital humano que Nicaragua necesita para volver a levantarse. Se trata simplemente de pedirles que regresen a país al que merezca la pena regresar: seguridad jurídica, propiedad protegida por la ley, independencia judicial, libertad de prensa, universidades abiertas, inversión nacional y extranjera, recuperación de la sanidad y la educación y un Estado capaz de garantizar que nadie vuelva a ser perseguido por sus ideas.
En ese momento Nicaragua no tendría que empezar de cero sino recuperaría un tiempo arrebatado .
Y entonces podría comenzar algo todavía más ambicioso: dos años para poner en marcha una reconstrucción nacional que no pretendiera recuperar solamente lo perdido desde 2018, sino acelerar el futuro que Nicaragua no pudo vivir durante décadas de autoritarismo, crisis y pobreza. Un Gobierno democrático de transición podría convocar un gran pacto nacional con empresarios, trabajadores, universidades, Iglesia, organizaciones civiles, municipios, Fuerzas Armadas profesionales y, sobre todo, con la diáspora. En los primeros cien días habría que reconstruir las instituciones; durante el primer año, recuperar la seguridad jurídica, atraer capital, reabrir el espacio cívico y poner en marcha un programa extraordinario de empleo, vivienda, educación y sanidad; durante el segundo, convertir Nicaragua en un país abierto a la inversión, al conocimiento y al retorno.
El objetivo no debería ser simplemente “volver a ser lo que éramos”, porque Nicaragua no puede permitirse regresar al pasado.
Debería ser algo mucho más audaz: hacer en veinticuatro meses lo que la historia le negó durante años. Que un joven vuelva a creer que puede construir su vida en Managua sin tener que emigrar. Que un médico pueda regresar. Que un empresario vuelva a invertir. Que un profesor vuelva a enseñar libremente.
Que un agricultor tenga crédito. Que una familia pueda recuperar su casa. Que un exiliado pueda cruzar nuevamente la frontera y sentir que no está entrando en el país del que huyó, sino en el país que ayudó a reconstruir. Porque quizá la mayor derrota de una dictadura no sea simplemente perder el poder. Sea contemplar cómo aquellos a quienes obligó a marcharse regresan con sus conocimientos, su trabajo y su esperanza para demostrar que una nación puede perder veinte años y, sin embargo, recuperar su futuro mucho más deprisa de lo que sus verdugos imaginaron.
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