El crimen organizado en Venezuela ha experimentado una evolución acelerada en la última década. Las redes criminales y los grupos armados han encontrado oportunidades lucrativas en las crisis sociales y políticas que han azotado al país, mientras se benefician de un gobierno corrupto que ha transformado a Venezuela en un Estado mafioso.
Estos grupos se encuentran a lo largo y ancho del país: la frontera con Colombia es el hogar de los grupos guerrilleros binacionales; bandas mineras conocidas como sindicatos se han asentado en las regiones ricas en oro al sur y el este del país; redes narcotraficantes han tomado el control de las rutas y puntos de embarque en el norte, y los centros urbanos de todo el país están bajo el control de bandas depredadoras, armadas hasta los dientes.
Con el fin de rastrear a esos grupos y calcular la amenaza que plantean para la seguridad, InSight Crime desarrolló una metodología para evaluar sus fortalezas y debilidades. Usando datos recogidos durante más de tres años de investigaciones, incluidas cientos de entrevistas, así como durante trabajos de campo y el seguimiento diario de medios de información, hemos asignado a cada grupo una posición basada en 38 indicadores en diez áreas clave: estructura, liderazgo, identidad, solidez económica, penetración del Estado, capacidad militar, uso de la violencia, alianzas criminales, control territorial y gobernanza criminal. El listado también puede verse en el Observatorio de crimen organizado de Venezuela.
A continuación, InSight Crime presenta las diez principales organizaciones criminales de Venezuela para 2023.
La banda de Yeiko Masacre ha evolucionado desde sus inicios como célula de una de las mafias más antiguas del estado Zulia —los Meleán— hasta llegar a convertirse en una de las bandas extorsivas más peligrosas en uno de los estados más populosos y de mayor importancia económica del país.
La banda, al mando de Erick Alberto Parra Mendoza, alias “Yeico Masacre”, se beneficia de una cohesión que raya en el culto a la personalidad. Los miembros del grupo se identifican como el Grupo Armado Yeico Masacre (GAYM) y exhiben armas y chalecos antibalas que portan la insignia GAYM. Ha acrecentado su poder en los últimos años, gracias al uso de la violencia extrema y hacer alarde de esta para intimidar a sus víctimas de extorsión y a sus rivales, lo que les da una ventaja en la caótica escena criminal de Zulia.
Sin embargo, esas tácticas le han ganado pocos amigos a Yeico Masacre. La agrupación no tiene aliados conocidos en el hampa ni entre los elementos del Estado, para quienes el mismo Yeico es un objetivo prioritario. Por otro lado, la cohesión del grupo gira en torno a un único líder, sin sucesor conocido, lo que indica que, ante una eventual muerte de Yeico, este puede fragmentarse o desintegrarse.
La banda de Yeico Masacre se ha beneficiado de la falta de cooperación entre las fuerzas de seguridad de Colombia y Venezuela, pues esto le ha permitido actuar con impunidad a ambos lados de la frontera. La cooperación binacional en temas de seguridad podría debilitar o destruir la banda en 2023, en especial porque se cree que el mismo Yeico se oculta en Colombia, según funcionarios de seguridad en ejercicio y retirados, quienes hablaron con InSight Crime bajo la condición de que se mantuviera su anonimato.
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La organización liderada por Wilexis Acevedo, alias “Wilexis”, lleva ya casi una década abriéndose paso hacia la cúspide de la jerarquía criminal en Petare, un extenso distrito en las afueras de Caracas, plagado de pobreza e inseguridad, pero que ofrece amplias oportunidades para el crimen.
La banda de Wilexis se ha mostrado capaz de enfrentar a rivales criminales y de resistir los operativos de las fuerzas de seguridad estatales, pero aunque le debe el predominio al uso de la violencia contra esos rivales, la clave de su larga vida ha sido el control social y el sistema de gobernanza criminal que ejerce, por los cuales se ha integrado a la cotidianidad de los residentes, entregando productos básicos, regulando la vida social y actuando como contrapeso al abuso de la policía que opera en la zona.
La banda apuntala su presencia territorial para controlar economías criminales como la extorsión, el secuestro y el microtráfico, aunque no hay indicios de que haya logrado ir más allá de estos delitos depredadores hacia actividades más lucrativas. A pesar de que están fuertemente armados, la organización está conformada en su mayor parte por reclutas jóvenes, sin entrenamiento. Así mismo, su coherencia y solidez depende de su poderoso y carismático líder, lo que la dejaría en una posición vulnerable si Wilexis cayera muerto o capturado.
A lo largo de 2022, la banda de Wilexis logró expandir su territorio en Petare, según residentes locales y líderes políticos, quienes hablaron con InSight Crime bajo condición de anonimato, a pesar de verse acorralada por rivales criminales y operativos policiales esporádicos. Aunque se encuentra bien posicionada, esto puede cambiar si el gobierno decide escalar las operaciones contra el grupo.
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El Tren de Guayana es uno de los sindicatos más antiguos del estado Bolívar, que evolucionó desde banda urbana dedicada a la extorsión a grupo que controla el territorio y minas de oro en los municipios de Roscio y El Callao, ricos en ese mineral.
El Tren de Guayana es una banda fuertemente armada y en extremo violenta, con importante capacidad militar. Tiene más de una década de experiencia criminal bajo un liderazgo estable en su mayor parte, tiempo en el cual ha operado con relativa impunidad gracias a sus presuntas relaciones con fuerzas de seguridad y políticos locales.
Sin embargo, el potencial de la banda se ve limitado por lo localizado de sus operaciones y la dependencia económica del control sobre las minas de oro. Además, las relaciones de la pandilla con el Estado, y la impunidad de la que ha gozado a raíz de ellas, se puso en tela de juicio recientemente.
El ejército venezolano lanzó operativos en Bolívar a finales de octubre de 2022, atacando directamente al Tren de Guayana, tras lo cual el gobierno destacó el número de arrestos y los decomisos que afectaban al grupo. Si en 2023 se mantienen estas operaciones, la banda se encontrará en una posición precaria.
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La banda fundada por Deiber Johan González, alias “Carlos Capa”, se ha posicionado como el actor criminal más poderoso entre las muchas bandas depredadoras que operan en la región de Valles del Tuy, en el estado Miranda, en el centro-norte del país.
La banda de Carlos Capa tiene acceso a armamento pesado y ha sido proclive a hacer uso de violencia extrema contra sus rivales, las fuerzas de seguridad y la población civil. La clave de su ascenso, sin embargo, puede hallarse en la manera como ha ejercido control social sobre las comunidades locales, en especial en las zonas montañosas aisladas, donde la banda ha montado campamentos rurales. Allí, sus miembros pueden replegarse en caso de operativos de seguridad y mantenerse a salvo, sabiendo que la comunidad local —sea por temor o dependencia— los protegerá.
El grupo también se ha fortalecido con sus años de experiencia, sólida estructura jerárquica y diversificación de su portafolio criminal, que va desde estructuras de extorsión y secuestro hasta el control de la distribución de alimentos subsidiados.
Sin embargo, el grupo opera en un territorio relativamente pequeño y tiene pocas ambiciones en cuanto a la expansión territorial, forjar alianzas criminales o penetrar el Estado por fuera de esa zona. Solo es capaz de montar operativos militares poco sofisticados y obtiene sus ingresos en gran medida de delitos depredadores realizados individualmente.
Aunque la banda de Carlos Capa hasta el momento ha demostrado ser resiliente a los repetidos esfuerzos por atacar a sus líderes y sus operaciones, ahora está decididamente en la mira del Estado venezolano. Eso se hizo patente en septiembre de 2022 con el lanzamiento de un operativo de seguridad a gran escala contra el grupo. Aunque Capa volvió a escapar, sigue en el aire la pregunta de cuánto tiempo resistirá la presión.
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La Organización R (OR) es un sindicato asentado en el municipio Sifontes, en el estado Bolívar, al este del país. Al menos desde 2019, ha expandido su presencia en las minas de oro que rodean la población de Tumeremo, controlando y lucrándose de las actividades de minería ilegal.
Aunque la OR cobra cuotas extorsivas a los mineros informales, también se ha presentado como defensora de esos mismos mineros, usando la aceptación que ha ganado entre las comunidades locales para consolidar su gobernanza criminal. Esto, junto con el uso de la violencia y su capacidad militar, le ha permitido mantener su control territorial, enfrentándose tanto a las fuerzas de seguridad como a las bandas rivales en sus esfuerzos por tomar el control de más minas.
La sólida gobernanza criminal de la organización es a la vez una fortaleza y un riesgo, pues ha hecho al grupo muy localizado y dependiente de las rentas derivadas de la minería ilegal. Eso significa que si se viera forzada a salir de la región minera quedaría muy debilitado y no podría mantener sus operaciones.
Eso puede ser lo que el gobierno de Maduro espera lograr con los recientes operativos de seguridad. Desde finales de octubre de 2022, oficiales del ejército han emprendido acciones con gran despliegue publicitario contra presuntos miembros e infraestructura de la Organización R. Queda por ver, sin embargo, si el ejército logrará mantener el control de Tumeremo o si la OR regresa cuando ceda la presión.
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Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), también conocidas como Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) o por el apodo de los “Boliches”, es un grupo guerrillero originario de Venezuela, surgido en los años 80. Durante las dos últimas décadas, ha actuado como defensor de la “Revolución Bolivariana”, emprendida por el expresidente venezolano Hugo Chávez.
Las FBL son un grupo muy ideológico con casi tres décadas de experiencia. Su fortaleza radica en su unión de las armas y la política. Por medio de su brazo político, la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ), el grupo se ha asegurado importantes posiciones en el gobierno, desde alcaldías municipales hasta diputados de la Asamblea Nacional.
El trabajo político del grupo ha ayudado a su brazo armado a combinar la gobernanza política y criminal y a asegurarse el control de las actividades criminales a nivel local, a la par que establece alianzas políticas poderosas a nivel nacional.
Sin embargo, las FBL no tienen de cerca la capacidad militar o el tamaño de sus primos alzados en armas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las ex-FARC Mafia, ni controlan un portafolio tan amplio de actividades criminales o territorio. El hecho de que comparten territorios con guerrillas de origen colombiano ha limitado su potencial de crecimiento como grupo armado.
A pesar de esas limitaciones y de algunas tensiones con actores estatales y otros grupos guerrilleros, el exitoso modelo híbrido de las FBL, que combina los brazos armado y político, indica que seguirán siendo una amenaza importante en sus zonas de operación por el futuro inmediato.
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El Sindicato de Las Claritas es una de las mafias mineras más antiguas y consolidadas del estado Bolívar. También se lo conoce con los alias de sus líderes, Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, y Yohan José Romero, alias “Johan Petrica”.
El grupo ha establecido su feudo criminal en el corazón de la región minera de Bolívar. En las zonas de Las Claritas y Kilómetro 88, regula la vida social y económica, y apuntala su posición con enormes ganancias criminales derivadas del control y de “impuestos” sobre cada eslabón de la cadena de suministro de oro, desde la extracción hasta la venta.
En sus inicios, el grupo surgió gracias a la protección del exgobernador Francisco Rangel Gómez, según testimonios de informantes de las fuerzas de seguridad. Aunque hay poca evidencia que respalde los rumores extendidos de que esas alianzas se mantienen hoy en día, el grupo es uno de los pocos privilegiados que no ha sido atacado en algunos de los múltiples operativos de seguridad contra los sindicatos de Bolívar.
El grupo también ha eludido las confrontaciones con grupos rivales que han debilitado a muchos otros sindicatos, y en lugar de ello ha entablado pactos de no agresión con otros grupos que operan en la zona.
El Sindicato de Las Claritas depende fuertemente de una fuente de ingresos criminal en un territorio relativamente pequeño, pero si bien eso limita la capacidad del grupo de expansión más allá de su actual forma, hasta ahora ha demostrado poca ambición para trascender del lucrativo tráfico local del oro y de sus territorios primarios.
Aunque varios grandes despliegues de fuerzas de seguridad a finales de 2022 indican que el gobierno de Maduro está renovando los esfuerzos para que el Estado tome control del comercio de oro, de nuevo llama la atención que el Sindicato de Las Claritas se librara de esas acciones. Mientras sea ese el caso, cabe esperar que el grupo siga siendo el actor criminal más poderoso de Bolívar.
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El Frente Acacio Medina es un grupo insurgente que desertó en 2016 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante el proceso de paz que esa guerrilla negoció con el gobierno colombiano. Desde su escisión de las FARC, ha centrado la mayor parte de sus fuerzas y operaciones en Venezuela, y hoy es la facción más poderosa de las ex-FARC Mafia que opera en el país.
Endurecidos por años de lucha insurgente, el Frente Acacio Medina está altamente organizado, operando bajo el mando de líderes experimentados y sus combatientes están bien entrenados y fuertemente armados. Asentados en el estado Amazonas, al sureste de Venezuela, el grupo ha usado el control de los corredores transfronterizos o trochas y de territorios aislados en la región amazónica para construir un lucrativo emporio criminal basado en la minería ilegal de oro y el control de los corredores de narcotráfico.
En las regiones que controla, ha establecido sofisticadas formas de gobernanza criminal, imponiéndose como autoridad de facto, administrando justicia, disponiendo servicios básicos y prestando seguridad, por lo cual impone sus “impuestos”. También ha forjado relaciones estrechas con actores en las fuerzas de seguridad locales y, según se dice, con actores políticos estatales en Amazonas, lo cual protege y facilita sus operaciones.
Aunque su control territorial es relativamente limitado, la disposición del Frente Acacio Medina a concentrarse en territorios primarios y actividades criminales en lugar de emprender campañas expansionistas le ha permitido mantenerse al margen de los conflictos y rivalidades que han debilitado a otras facciones de las ex-FARC Mafia.
Si el Frente Acacio Medina puede seguir manejando relaciones con el Estado venezolano y evitando roces con el otro grupo armado —el ELN— que pueda amenazar su posición en Amazonas, entonces tiene el camino despejado para afianzar su dominio sobre uno de los feudos criminales más rentables de Venezuela.
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El Tren de Aragua pasó de ser una pandilla carcelaria local al grupo criminal más poderoso de Venezuela y una verdadera amenaza para la seguridad transnacional.
En la actualidad, el Tren de Aragua es una sofisticada estructura conformada por numerosas células y redes coordinadas por un grupo central que ejerce el mando, dirigido por Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”.
Su liderazgo está asentado en la prisión de Tocorón, aunque no están confinados a la prisión y van y vienen con libertad, según múltiples fuentes, entre quienes se cuentan funcionarios de seguridad y antiguos miembros de bandas, quienes hablaron con InSight Crime bajo la condición de que se mantuviera su anonimato. En el interior, el Estado se ha retirado y permite que el grupo controle las economías ilícitas internas y que regule con todo rigor cada aspecto de la vida carcelaria. La prisión se usa también como base de operaciones para coordinar las actividades criminales a nivel regional en el exterior, coordinando desde allí varias redes de extorsión, secuestro, robo, microtráfico e incluso ciberdelincuencia.
Cerca de Tocorón, el Tren de Aragua también construyó un imperio criminal en el extendido barrio de San Vicente, de donde expulsó a las fuerzas de seguridad y controla todos los aspectos de la vida de la comunidad bajo la fachada de una fundación social. Las células y aliados de la banda se han propagado por todo el territorio, para convertirse en el actor criminal dominante del estado Aragua.
Pero lo que diferencia al Tren de Aragua de otros grupos de origen venezolano es su expansión más allá de las fronteras de su estado natal.
Usando una combinación de violencia y alianzas, se ha tomado territorio en algunos de los puntos de mayor importancia estratégica para la delincuencia en Venezuela. Más aún, el grupo innovó al usar la crisis de migrantes venezolanos para la expansión transnacional, aprovechando a los migrantes y la diáspora venezolana para establecer operaciones en Colombia, Bolivia, Perú y Chile. Esta expansión geográfica, en su casa y en el exterior, ha facilitado la expansión económica a actividades, como la trata de personas, el tráfico de migrantes y el microtráfico a pequeña escala.
El acceso del Tren de Aragua a armamento de grueso calibre y su propensión a la violencia hacen de este un enemigo formidable para cualquier rival legal o criminal, y se ha mostrado capaz de sostener conflictos aun contra enemigos poderosos. Sin embargo, le falta el adiestramiento militar y la experiencia de grupos armados como el ELN o las ex-FARC Mafia. Además de eso, aún tiene que asegurar el control o incluso ganar participación importante en las economías criminales más lucrativas, como el narcotráfico transnacional.
Aunque los capítulos locales del Tren de Aragua en Venezuela y otros países han quedado en posición vulnerable por ataques de criminales rivales y de las fuerzas de seguridad, la red más amplia coordinada desde Tocorón parece lista para seguir dominando el panorama de las bandas en Venezuela.
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El Etército de Liberación Nacional es un grupo insurgente fundado en 1964 como una guerrilla colombiana en la ideología marxista-leninista. En los últimos años, ha evolucionado para convertirse en un grupo armado binacional que también controla extensos territorios y economías criminales en Venezuela, y que ha actuado como ejército paramilitar en respaldo del gobierno chavista.
El ELN es uno de los grupos armados más grandes de Venezuela, con más de 1.000 combatientes apostados en el país, según estimaciones del ejército colombiano, además de redes de apoyo de tipo miliciano muy extendidas entre la población civil. InSight Crime ha registrado presencia permanente del ELN en 40 municipios de ocho estados, más que cualquier otra estructura criminal o grupo armado de Venezuela.
Los insurgentes gozan de alta organización y cohesión. Al menos dos (y posiblemente más) de los cinco integrantes de su Comando Central (COCE) están radicados en Venezuela, junto con tres de los ocho Frentes de Guerra semiautónomos que conforman su ejército insurgente.
Curtidos en las artes de la guerra por más de medio siglo de conflicto civil en Colombia, esos frentes de guerra tienen acceso a armamento militar pesado y sus combatientes tienen el adiestramiento y la experiencia para usarlo de manera efectiva. Se han mostrado capaces de montar sofisticados ataques dirigidos y de mantener enfrentamientos armados sostenidos contra enemigos formidables.
El ELN controla economías criminales extendidas y muy lucrativas en Venezuela, entre los que el trasiego de contrabando, narcotráfico y la minería ilegal son los más rentables. Las ganancias de esas economías se blanquean en Venezuela mediante inversiones en negocios locales y bienes raíces.
En las zonas dominadas por el ELN, la guerrilla ha replicado el modelo social-político-militar implementado en Colombia, mediante el que se proveen bienes, servicios y oportunidades económicas a las comunidades, mientras que por otro lado se imponen sistemas paralelos de tributación y administración de justicia.
La principal ventaja del ELN radica en sus nexos con el Estado venezolano. A nivel local, han cooptado a los gobiernos locales y entablado nexos económicos y militares cercanos con las fuerzas de seguridad. Hay evidencia sustancial de que las conexiones políticas de esa guerrilla en Venezuela llegan hasta lo más alto.
El ELN participa actualmente de negociaciones de paz con el gobierno colombiano, con la actuación de Venezuela como facilitador y garante. Pero si los diálogos fracasan, o si las fuerzas asentadas en Venezuela se separan del proceso, entonces esta guerrilla tendría una posición holgada para seguir siendo el grupo armado más poderoso de Venezuela por muchos años más.
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