La continuación de la audiencia del caso Pdvsa-Cripto permitió ver por primera vez a Tareck el Aissami en el tribunal y, según el exfiscal Zair Mundaray, evidenció deterioro en su estado físico y de salud.
De acuerdo con Mundaray, la defensa informó que el exministro de Petróleo padece trombo en una pierna y complicaciones derivadas de hernia discal mal operada que le impiden caminar.
Aunque en esta ocasión no utilizó silla de ruedas, funcionarios de seguridad tuvieron que trasladarlo cargado. El exfiscal también señaló que incluso para ir al baño a El Aissami le pusieron una capucha.
Durante la audiencia, El Aissami se dirigió al resto de los detenidos.
Les dijo que saldrían de esa situación y que, posteriormente, perdonarían a quienes supuestamente “los han perseguido”. Sin embargo, afirmó Mundaray, parte de los acusados reaccionaron de forma adversa y lo responsabilizó por estar procesados.
El exfiscal también describió un fuerte despliegue de seguridad en el Palacio de Justicia, con presencia de funcionarios del Servicio de Sistema de Máxima Seguridad, unidad administrada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, además de requisas a los abogados antes de ingresar.
Indicó que los defensores solicitaron la nulidad del proceso por presuntas violaciones al debido proceso.
En el caso de la defensa de El Aissami, Mundaray afirmó que expuso argumentos de carácter político y sostuvo que el exfuncionario habría sido “traicionado” dentro del chavismo.
Asimismo, la defensa del exdiputado Hugbel Roa alegó que se violó su inmunidad parlamentaria y aseguró que lo detuvieron por haber liderado una investigación en el Legislativo contra el ahora exfiscal general Tarek William Saab y sus presuntos esquemas de corrupción y extorsión.
“Su detención es una factura de Saab, quien se le adelantó”, añadió.
El proceso judicial se abrió tres años después de que se conociera la trama de corrupción Pdvsa-Cripto.
La ONG Transparencia Venezuela señaló que este es el único caso de relevancia que ha llegado a tribunales, aunque existen dudas sobre su estado procesal, el número exacto de imputados y las condiciones de reclusión.
El caso involucra presuntas irregularidades en la asignación de cargamentos de petróleo y operaciones con criptomonedas. Estimaciones independientes citadas por la organización sitúan el daño patrimonial en más de 16.960 millones de dólares.
Alberto News
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