Los funcionarios de Trump pidieron a los jueces que levantaran una orden de un tribunal inferior. Esta orden prohibía a la administración poner fin al TPS para los venezolanos mientras continúa el litigio.
#ULTIMAHORA: La Corte Suprema permitió el lunes a la administración Trump cancelar las protecciones temporales. Estas protecciones han permitido a casi 350.000 venezolanos permanecer en Estados Unidos por razones humanitarias.
La administración Biden creó el estatus de protección para los venezolanos en 2021 y 2023. Se consideró que la agitación económica y política bajo el régimen del presidente Nicolás Maduro hacía que fuera demasiado riesgoso deportar a los migrantes de regreso a su país de origen.
Las autoridades aprobaron una tercera extensión del TPS en los últimos días de la presidencia de Joe Biden. Esta extensión habría mantenido las protecciones vigentes hasta octubre de 2026. Sin embargo, la administración Trump dijo que el programa no era de «interés nacional».
Un juez de primera instancia había prohibido a la administración poner fin al estatus de protección temporal mientras continúa el litigio sobre el asunto.
El secretario de Seguridad Nacional puede designar a grupos de inmigrantes para que reciban estatus de protección. Esto sucede si desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias, pero temporales, generan temores por la seguridad de los migrantes si son devueltos a sus países de origen. Además, el programa está previsto que finalice cuando las condiciones mejoren.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, anuló la extensión de Biden en febrero, antes de que entrara en vigor. Alegó que los venezolanos eran una carga para los recursos locales. Además, debido a que algunos fueron acusados de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua, representaban una amenaza para la seguridad pública.
Sin la extensión de Biden, las protecciones terminarían para algunos migrantes en abril y para otros en septiembre.
“El daño aquí es particularmente pronunciado porque el Secretario determinó que una extensión de 18 meses perjudicaría la ‘seguridad nacional’ y la ‘seguridad pública’ de los Estados Unidos. También saturaría las comisarías, los refugios de la ciudad y los servicios de ayuda en las comunidades locales que habían llegado a un punto de quiebre”, escribió el gobierno en sus presentaciones ante el tribunal superior.
En febrero, siete migrantes venezolanos y una organización sin fines de lucro demandaron al gobierno de Trump para bloquear la cancelación del estatus de protección para los venezolanos. Un juez federal del norte de California suspendió la acción del presidente Donald Trump. Este dictaminó que la cancelación del estatus de protección violaba las normas procesales y probablemente se debió a la animosidad racial.
“La acción del Secretario amenaza con causar un daño irreparable a cientos de miles de personas, cuyas vidas, familias y medios de vida se verán gravemente afectados. También costaría a Estados Unidos miles de millones de dólares en actividad económica y perjudicaría la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”, escribió el juez en su dictamen. Este fue confirmado por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos. “Al mismo tiempo, el gobierno no ha identificado ningún daño compensatorio real al mantener el TPS para los beneficiarios venezolanos”.
La administración Trump pidió a la Corte Suprema que interviniera.
Los migrantes y la organización sin fines de lucro argumentan en sus documentos que Venezuela sigue siendo insegura y que la cancelación del TPS estuvo motivada por prejuicios. «La Secretaria se basó explícitamente en estereotipos falsos y negativos —como el mito de que Venezuela vació sus cárceles para enviar migrantes aquí—. Estos estereotipos justificaron tanto la decisión de desalojar como la de cancelar el TPS», escribieron los solicitantes. «Sus declaraciones confundieron a los venezolanos beneficiarios del TPS con ‘vagos’, pandilleros y delincuentes peligrosos».
A principios de este mes, la administración Trump pidió al Tribunal Supremo que allanara el camino para deportar a más de 530.000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Estos inmigrantes habían sido permitidos permanecer en Estados Unidos mientras se desarrollan los procedimientos de asilo y deportación.
The Washington Post
Esta es una historia en desarrollo. Se actualizará.
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